Los niños robados por los dictadores y las democracias contaminadas por la inmoralidad

Todas las dictaduras generan comportamientos inmorales a pesar de que todas ellas afirman su recia moralidad. Una de las muchas diferencias entre una democracia y una dictadura es que en esta se impone una moral como única forma de entender las relaciones entre las personas: de inmediato, esa moral se convierte en ominosa precisamente porque es impuesta a todos. Las dictaduras no admiten los matices y los que las sustentan deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no. Incluso deciden quién puede saltarse esa norma siempre y cuando sea de los suyos. La tolerancia solo se administra con los propios, nunca con los otros: por eso, algunos casos criminales cometidos por aquellos que sustentan la dictadura jamás pueden someterse a la justicia o, en los pocos casos extraordinarios en los que se hace, nunca reciben una condena equivalente a la que recibirían aquellos que no son considerados leales. Es decir, la administración de la justicia, en una dictadura, queda contaminada por esa misma inmoralidad. La legalidad de una dictadura es, de hecho, ilegal.

En España, la dictadura franquista persiguió, condenó y ejecutó a aquellos que habían cometido crímenes contra los partidarios de los nuevos gobernantes; purgó, acalló, encarceló y sometió a trabajos forzosos y prisiones humillantes a los que pensaban contra lo que se había decidido que debía pensarse o tenían comportamientos que molestaban a los que detentaban la moral impuesta. Mientras tanto, homenajeó, levantó estatuas y llenó de honores a aquellos que habían cometido los mismos hechos que tanto le asqueaban en el bando contrario. La tolerancia solo se practicó con los propios: con los ajenos, como mucho, se ejercían medidas de gracia, considerando como tal la acepción tercera del Diccionario. Pero eso no es tolerancia, sino marcar la jerarquía de valores entre los propios y los ajenos. La gracia, así entendida, es una humillación al rival.

Uno de los defectos de la Transición española a la Democracia que se realizó tras la muerte de Franco es que los crímenes cometidos durante la dictadura quedaron en el olvido jurídico como si a nadie le afectara personalmente, puesto que se pidió -y se obtuvo- un esfuerzo especial a la población española: se decidió no perseguirlos y, para ello, se sumaron en el mismo nivel que los cometidos por los terroristas o los activistas antifranquistas.

Mientras que en aquellos tiempos hubo un consenso casi general sobre lo necesario de esta decisión, ahora, curiosamente, los más fervorosos defensores proceden casi exclusivamente de sectores ideológicos herederos del franquismo. Alguno de esos crímenes fueron perdonados por la Ley de Amnistía de 1977, cuestionada incluso por informes de la ONU, y que los políticos, en aquellos tiempos preconstitucionales, consideraron necesaria para promover una reconciliación entre españoles desde la que construir la nueva Constitución y el tiempo de Democracia. Posiblemente lo fuera, pero, con el tiempo, se ha visto que con demasiada frecuencia es esgrimida para impedir la mera investigación sobre las fosas comunes en las que fueron enterrados los asesinados por el franquismo y otros casos de similar naturaleza. Singularmente es sorprendente que se esgrima para impedir actos de mera humanidad como que puedan anularse las pantomimas de juicios en los que fueron sentenciados a muerte las víctimas del franquismo o que sus restos puedan recuperarse de la fosa en la que se encuentran para ser enterrados donde lo decidan sus seres queridos. Todo esto, además, cuando ni siquiera se pretende iniciar juicios contra los responsables de estos hechos -muchos de ellos, ya muertos-, sino tan solo recuperar la memoria y lavar el honor de las víctimas para que puedan cerrarse, de una vez, las heridas abiertas. Todo parece conspirar para que pase el tiempo y no quede nadie vivo que reclame los huesos de sus familiares.

La inmoralidad de una dictadura contamina, con demasiada frecuencia, décadas de la democracia que la sustituye, en especial cuando se hace la transición como se hizo en España por la necesidad de buscar un consenso en el menor tiempo posible y ahorrando sufrimiento en una época en la que todo parecía llevar a la violencia y la involución. El poder fáctico y las instituciones siguen durante mucho tiempo en manos de los mismos que los detentaban antes y hay que esperar, con demasiada frecuencia, a que el paso del tiempo haga su labor por mero envejecimiento y sustitución de las personas. Las transiciones pacíficas a la democracia no hacen purgas ni persiguen o encarcelan a los que proceden de los tiempos de la dictadura.

Pero hay cosas que tardan más en cambiar, como si el virus de la inmoralidad se introdujera en los genes de las instituciones. Por eso, hoy, en España, tantos años después de la muerte de Franco, todavía es impensable no solo una medida general por la que se saque a los muertos de las fosas comunes y se de paz a sus descendientes sino incluso que los jueces y los fiscales españoles actúen de la misma manera en cada una de las zonas en las que se encuentran estos enterramientos ilegales.

Una de las cosas que hizo la dictadura franquista coincide, con horrible exactitud, con medidas similares en todas las dictaduras del mundo, sean del signo político que sean: el robo de niños.

Los que detentan el poder ejercen su moralidad y deciden quién es apto para educar un hijo y quién no lo es. En la postguerra española, el franquismo arrebató hijos a sus padres por la única razón de que eran de izquierdas. Esos hijos eran entregados a instituciones que corrigieran la posible tendencia genética a pensar de forma diferente o a familias de bien, es decir, franquistas. Esta inmoralidad cometida desde la legalidad del sistema generó otra inmoralidad todavía más repugnante, si cabe. Muchas parejas que no podían tener hijos demandaban niños para ser adoptados o, incluso, para hacerlos pasar como hijos naturales. Y estaban dispuestas a pagar por ello. Algunos de los que habían institucionalizado el robo de niños pasaron a lucrarse de él: ginecólocos, enfermeras -algunas de ellas, monjas de las compañías religiosas católicas que ayudaban o sustentaban hospitales-, notarios, abogados, etc. Todo se hacía según la moralidad propia de la dictadura franquista: el bien de los niños, decían, exigía que fueran entregados a padres que supieran educarlos en la moral del régimen como buenos españoles o que tuvieran el suficiente poder adquisitivo para darles todo lo que necesitaran en el futuro. Se falsificaron certificados de defunción que entregaban a los verdaderos padres como prueba de que sus hijos habían muerto y se forzaron las voluntades de madres solteras o pobres para que dieran a sus hijos en adopción.

Si todo esto se puede explicar por la ilegalidad de una dictadura, lo más detestable del asunto es que, según parece por todas las pruebas que ahora se remiten a los reticentes juzgados que comienzan a ver los casos, el sistema siguió funcionando durante la transición española. Aquellos que se habían lucrado durante la dictadura no renuncieron a seguir haciendo lo mismo en la democracia, siempre por el bien de los niños, por supuesto. La inmoralidad de la dictadura contaminó durante mucho tiempo a la democracia y, aunque algunos seguían esgrimiendo razones ideológicas o caritativas para hacerlo, nada podía tapar ya el detestable olor del dinero manchado por el crimen.

Cayó durante demasiado tiempo el manto del silencio. Nadie quería saber, nadie quería investigar, nadie quería juzgar. Como si aun siguiera la dictadura, todo el mundo miró para otro lado. Se tachó como locas a las madres que juraban que sus hijos seguían vivos y que el cadáver que les enseñaron cuando lo reclamaron no era el del niño que habían dado a luz. Se impidió, con absurda burocracia, hasta el derecho a recabar información o a abrir la tumba en la que, supuestamente, reposaba el hijo muerto. Se bloqueó la apertura de juicios. Los medios de comunicación no informaban y a los polítcos de los principales partidos no les interesaba el asunto. Han tenido que pasar demasiados años para que comience a agrietarse el muro de silencio cómplice. Sin embargo, algunas de las víctimas ya no podrán recuperar aquello que les arrebataron.