Caminos hacia el futuro de España

En estos momentos de crisis y cambio en España, debemos prestar atención a una sugerente circunstancia. La evolución de los acontecimientos nos ha llevado rápidamente a un panorama neoliberal que choca radicalmente con la cultura tradicional de este país, con su historia y las características sociológicas de la población. Sin embargo, parece que los ciudadanos dan pasos más rápidamente que los políticos para adptarse a los nuevos tiempos, como si sintieran que está ocurriendo un tiempo histórico similar al que tuvo lugar en los años setenta del pasado siglo y se necesitaba el movimiento vecinal, la militancia activa y la presencia en la calle. De ahí gran parte del desencuentro: la ciudadanía comienza a moverse y los políticos se han formado en las viejas estructuras de sus organizaciones, en las que se ha premiado más la lealtad y la mediocridad que la valía. A los políticos a la antigua que han practicado una modernísima política neoliberal les resulta extraño que los ciudadanos españoles quieran ser como en los países más avanzados del mundo anglosajón, es decir, parte diaria de la toma de decisiones y no solo cada cuatro años. Los políticos viejos españoles -aunque sean jóvenes- siempre miran con desconfianza al pueblo, que es en donde, al fin y al cabo, reside la soberanía. Estos políticos practican un despotismo ilustrado y se sienten molestos cuando los ciudadanos se convierten en presencia activa, como si la política solo fuera cosa de los partidos políticos tradicionales. Por otra parte, a la mayoría de ellos su formación mediocre, su falta de experiencia profesional, su distancia con la sociedad, su nula capacidad de diálogo con todos los sectores a los que afectan las decisiones que toman más allá de las tradicionales estructuras tan envejecidas como las de los partidos políticos, sus deudas con las familias políticas que les auparon y su necesidad de permanecer en el cargo a toda costa porque no tienen otra cosa con la que ganarse la vida hasta que se les premia con un cargo en alguna de las empresas que se han beneficiado de su toma de decisiones, les incapacita para liderar los nuevos tiempos. Una de las más graves carencias que tiene la sociedad española actual es la de un número de políticos suficientes no manchados por la corrupción y el despilfarro que ha presidido las últimas décadas -por acción directa o indirecta, por falta de denuncia interna y extena, por haber mirado a otro lado-, con una formación excelente y una capacidad de pedagogía política fuera de toda duda.

Las dinámicas financieras internacionales a las que España ya no puede dejar de hacer caso nos convierten en un interesante modelo de referencia. Sin dejar de ser nosotros debemos encontrar nuestra forma de estar en el modelo anglosajón predominante y al que nos han conducido las decisiones tomadas en España por los diferentes gobiernos desde los años ochenta. Pero la globalización ha empujado un paso más allá al país. Lo que se está decidiendo ahora es si España puede parecerse a Alemania sin dejar de ser España o puede convertirse en un país marginal sin peso ninguno en el contexto internacional, con una población envejecida, sin impulso propio y con una democracia muy frágil en la que las decisiones fundamentales siempre serán tomadas fuera del país mientras en el interior crece la fractura social y las diferencias entre los territorios que hoy la integran hasta un punto en el que el desencuentro sea la norma y la conflictividad aumente.

No cabe más que una esperanza: una ciudadanía participativa en la toma de decisiones sobre su presente y futuro y una clase política bien formada, que gobierne más allá de los intereses electorales, con una mirada profundamente nacional y sentido de Estado, capacitada para el pacto más que para la gresca y no contaminada con el pasado.

La democracia no es un regalo

La democracia no es un regalo, sino una conquista. Los derechos sociales no son una dádiva sino el resultado de un esfuerzo histórico. La condición de ciudadanos no es producto de un regalo sino de una cadena de revoluciones mantenida a lo largo de varios siglos. La consecuencia inevitable cuando los ciudadanos se adormecen por la opulencia o tienen miedo no es la consolidación de los derechos sino el retroceso. Cuando la ciudadanía pierde musculatura se convierte en una suma de súbditos aunque en apariencia todo sea constitucional y guarde las formas. Entonces es cuando nos vacían la democracia por dentro y no nos damos cuenta hasta que no se cae la fachada por falta de cimientos.

Lo he escrito en este espacio en varias ocasiones: sin nosotros, no hay democracia. Es obligación del ciudadano ser honesto, cumplir con las obligaciones que lo convierten en tal y dedicar parte de su tiempo en ejercer el control sobre los políticos que lo representan. Lo que sucede ahora, la perplejidad de nuestros gobernantes desde que estallara el Movimiento del 15 de mayo hasta los recientes hechos de Gamonal (1, 2 y 3), en Burgos, se debe a que tenemos una clase política que no ha sentido nunca este control por parte de los ciudadanos.

Si en España conseguiéramos mantener el tiempo suficiente este movimiento ciudadano para que pase de ser un estallido de descontento a un ejercicio habitual, la democracia ganaría. Se acabarían entonces los altercados porque habría cauces suficientes para que el ciudadano se sintiera atendido en sus demandas sin tener que someterse a la rígida y anticuada estructura de los partidos políticos de este país. Y permanecería lo mejor que ha ofrecido este movimiento: la capacidad de los ciudadanos para organizarse en asociaciones, plataformas y grupos de trabajo. Con el tiempo suficiente de esfuerzo, aparecerán nuevas formas de gobierno basadas en la trasparencia, el diálogo constante, la eficacia y el control y nuestros políticos se acostumbrarían a que hay que rendir cuentas siempre, a que no hay que engañar en las campañas electorales, a que la corrupción les llevará al descrédito y a la cárcel. Lo que vivimos ahora es una crisis que solo puede tener una salida hacia el progreso de nuestra democracia que barrerá del panorama a los que ejerzan una política vieja.

O eso o la fachada se nos caerá encima en la primera tormenta.

Fractura social y malestar ciudadano.

Una de las más graves consecuencias de la crisis actual en España es la fractura social. Las diferencias según las rentas familiares han crecido a niveles preocupantes, como hace tiempo que no se conocía en España. Y lo han hecho tan rápidamente que da la impresión de que la situación anterior era solo un espejismo. Todo lo que ha ocurrido desde el comienzo de la crisis es una enmienda a la totalidad de la forma en la que se había basado el crecimiento español desde los años noventa. Sus fundamentos eran la mera especulación basada en un urbanismo desaforado que provocó la corrupción y la mentalidad de fiesta permanente en la que nada importaba de verdad y se olvidaron valores como la moralidad pública, el esfuerzo individual, el control de los gastos de las administraciones y de las familias, etc. Aquellos que vieron mejorar su situación económica en apenas una década no quisieron ser conscientes de la fragilidad del sistema económico. El crecimiento fue tan rápido como ahora la caída, pero las consecuencias de esta son, por supuesto, mucho más dramáticas. Pero no para todos. Cuando se insiste en la consigna de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no se corrige esta expresión con otra que es mucho más cierta. no todos lo hemos pagado de la misma manera.

Los ricos incrementaron su patrimonio en tiempos de bonanza y, según las estadísticas, lo han incrementado también en tiempos de crisis, como sucede siempre en estos casos, por dos razones: por comparación con el resto de la población y porque su posición de partida era más favorable no solo para resistir sino para crecer cuando todo comenzó a tambalearse y resultaba más barato adquirir una propiedad o comprar un negocio aunque fuera para cerrarlom o subirse los sueldos como consejeros porque la población estaba preocupada en otras cosas. Las estadísticas no mienten: los ricos, en España, son más ricos que hace una década tanto por la diferencia con los demás como por su patrimonio actual.

La verdadera castigada por la crisis ha sido la clase media española: desde pequeños empresarios y autónomos hasta obreros por cuenta ajena especializados o no. Todos los índices publicados alertan de la preocupante situación por la que atraviesa y, sobre todo, de su situación de desánimo ante el futuro. Las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno han trasformado las pautas de juego tradicionales en apenas un par de años y este sector de la población es el más castigado por ellas, provocando un empobrecimiento alarmante.

Por otra parte, la exclusión social ha aumentado también notablemente. Son cada vez  más los hogares en los que no entra ningún sueldo, las personas abocadas a aceptar cualquier trabajo en cualquier situación, aunque sea en la economía sumergida con todas las consecuencias individuales y generales que tiene esto sin que se les pueda culpar a ellos de esta situación, los jóvenes sin esperanza de contrato estable o de jubilación futura y los mayores de cincuenta años con un paro largo. En España, hoy, por mucho que algunos políticos se empeñen en negarlo, se pasa hambre como no ocurría estadísticamente desde los años cincuenta: niños que acuden sin  unos niveles de nutrición óptimos al colegio, decenas de miles de personas saturando los comedores sociales, número creciente de hogares en los que no se puede encender la calefacción en invierno porque no hay dinero, enfermos que tienen que elegir qué medicamento pagarán y cuales no podrán comprar, familias que vuelven a agruparse en el hogar del abuelo. En mi barrio, los comerciantes me han comentado que han vuelto las viejas libretas en las que se apuntaban las compras fiadas de un cliente a la espera de que puedan pagar con el primer ingreso. Todo sistema social tiene siempre unos márgenes, pero estos márgenes, si crecen, pueden hacer peligrar la estabilidad del sistema completo, sobre todo si el cuerpo medio de la población sufre tan duro castigo como el actual.

De esta fractura social surge el descontento actual, la crispación y el descrédito de los políticos. En España no es tiempo de revoluciones ni épocas de golpismo o de fascismos o populismos, pero será inevitable el creciente número de estallidos sociales por causas aparentemente menores que no podrán frenar medidas policiales o judiciales. En estos momentos, lo que se juega en España es no solo cuánto tiempo tardaremos en salir de la crisis sino cómo y a qué coste. Habrá, como poco, un par de generaciones que jamás puedan recuperarse de lo que está ocurriendo.

El problema es que nadie piensa que los mismos políticos que fueron responsables de la crisis -la mayoría de los nombres de los políticos españoles actuales han tenido responsabilidad en el diseño del despilfarro y la corrupción- sean capaces de sacarnos de ella con eficacia y estableciendo un sistema en el que la fractura social no sea la definición más evidente. Y aunque fueran capaces, no cuentan con credibilidad, siempre tendrán encima la sombra de la duda por su comportamiento pasado. Se necesitan, urgentemente, nombres que tuvieran en la época de corrupción un discurso limpio y una valiente actuación contra ella tanto en el seno interno de los partidos como en la administración o nombres nuevos que no hayan sido concejales de urbanismo proclives a las obras deficitarias  ni alcaldes despilfarradores ni consejeros sospechosos ni presidentes de comunidad que viajaban al extranjero para salir en el periódico del pueblo ni diputados que se limitaran a votar en silencio y a no moverse para salir en la foto. Y se necesita, también, que el malestar ciudadano actual se convierta en conciencia democrática, en participación activa en las organizaciones vecinales, en plataformas con objetivos concretos, en presión continua sobre los políticos para que estos se sientan controlados por sus votantes y no al revés.

Vieja política y ciudadanía nueva

Una de las consecuencias de los tiempos de crisis como los actuales es que llega un momento en el que las formas de comportamiento tradicionales en la política, las que han conducido la situación hasta el momento crítico, se hacen insoportables para la ciudadanía. El político entrenado en la vieja escuela -aunque sea aún joven- no comprende que las cosas han cambiado y piensa que todavía cabe estirar más el tiempo pasado, en el que forjó su carrera y ganó posiciones en el partido, seguir con los modos y maneras que le hicieron llegar a tener éxito y ocupar un puesto cada vez más alto en las listas electorales. Quizá, incluso, ha tenido antes responsabilidades de gestión y es, por lo tanto, uno de los causantes del estado de deterioro. Cuenta, además, con la pasividad tradicional de la mayor parte de la población que ha aguantado los primeros tiempos de la crisis pensando que las cosas mejorarían pronto para volver a la situación anterior y, después, actuando con cierto temor a perder lo poco o mucho obtenido antes de la crisis. Hay estrategias diseñadas por los asesores de los políticos que contemplan estas situaciones. Pero cuando la crisis se prolonga en el tiempo y no se ve la luz al final del túnel, cuando el número de afectados por la crisis aumenta y los sectores implicados son cada vez más, surge el problema.

Lo que se vive estos días en el barrio de Gamonal de Burgos no es más que una manifestación de ese problema. El viernes también hubo un estallido de malestar social en Melilla y no sería de extrañar que a lo largo de los próximos meses surgieran otros en diferentes localidades españolas. El detonante será siempre algo local: un bulevar con una fuerte contestación vecinal, el reparto de doscientos puestos de empleo, un desalojo provocado por un desahucio, etc. En España, además, hay dos contextos muy delicados en los que todo lo comentado se puede mezclar con combinaciones nacionalistas: el independentismo en Cataluña y en el País Vasco, en donde la situación puede llegar a sobrepasar incluso a los que lideran estas posiciones desde partidos de ideología conservadora.

España lleva demasiado tiempo metida en la bronca política, incluso en épocas de bonanza. Esta crispación que han usado como estrategia los partidos políticos para desacreditar al contrario cala fácilmente en la sociedad y se vuelve ahora contra ellos. Y la sociedad española está crispada porque ve que no se reduce eficazmente el paro, que los puestos de trabajo que se crean son muy frágiles, que lo salarios han caído y todo es más caro. Los políticos -y con ellos la mayoría de los medios de comunicación con ganas de ganar cuotas de audiencia- no han sabido dar ejemplo de diálogo y de gestión eficaz y rápida para solucionar los problemas y se han dedicado a prolongar una situación que es la culpable de la crisis. De hecho, la mayoría de nuestras instituciones están regidas hoy por políticos que tuvieron responsabilidades y ocuparon cargos en la época del despilfarro, la corrupción y los enormes problemas de déficit. No son, por lo tanto, creíbles para una ciudadanía que ya los mira con escepticismo y cuestiona cada una de sus decisiones, incluso las más inocentes y voluntariosas. Más aún si estas decisiones son torpes y no encuentran el consenso adecuado.

El descrédito de las instituciones públicas -Monarquía, Parlamento, Comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales, etc.- es alarmente en España y no se puede prolongar más sin causar una profundización en el malestar ciudadano y un deterioro en la situación que provoque un mayor sufrimiento social.

El 23 de marzo de 1914, en el teatro de la Comedia, Ortega y Gasset pronunció una de sus conferencias más conocidas, Vieja y nueva política. En ella advertía de lo que ocurría en aquellos tiempos de crisis y formulaba una dualidad que es válida hoy: la España oficial y la España vital. Ortega, liberal y no muy dado a acciones revolucionarias, buscaba impulsar un cambio en la política de su tiempo porque percibía lo que ocurría a su alrededor. La situación es comparable, aunque las fórmulas pensadas por Ortega, un siglo después, no lo sean.

Una de las consecuencias del Movimiento del 15 de Mayo, que algunos se dedicaron a desprestigiar con faciles tópicos, tildar de infructuoso y dar por muerto rápidamente, fue la evidencia de que los ciudadanos podían organizarse eficazmente al margen de las organizaciones tradicionales. Aquel movimiento ha supuesto un impulso al movimiento vecinal y un salto gracias a Internet. Han surgido plataformas cívicas -antidesahucio, de afectados por la estafa de las preferentes, contra el bulevar de la calle de Vitoria de Burgos, etc.-, asociaciones de parados en movimiento, se han impulsado medidas legislativas a partir de la recogida de firmas, se han organizado grupos de apoyo en barrios marginales, etc. Basta con repasar la prensa española de los últimos meses para recoger decenas de ejemplos. No estamos ya ante la algarada o la acción espontánea tradicional, sino ante un frente de acción ciudadana creciente en el que se incluyen personas con apenas formación pero mucha vocación junto a titulados universitarios y profesionales con altos conocimientos de informática o idiomas.

El político tradicional, aunque sea joven, tiende a despreciar estos movimientos, a no verlos, a no tenerlos en cuenta. En el peor de los casos porque no los comprende, porque no los considera parte de la democracia institucionalizada en los partidos políticos y el asociacionismo clásico. Suele usar argumentos falsos democráticamente como aducir que él tiene más votos, que él ganó las últimas elecciones y está legitimado para llevar a cabo su acción de gobierno sean cuales sean las circunstancias. En el caso necesario, utiliza la fuerza policial para imponerla y también usa la vieja retórica de que la violencia la causan agentes externos infiltrados venidos de fuera de la localidad. El político viejo, aunque sea joven, no entiende que los ciudadanos quieran participar en la vida política y busquen cauces para hacerlo y no acepten que no se les deje participar en algo que es parte esencial de su vida. Por desgracia, la violencia -condenable siempre y más cuando se individualiza contra otros ciudadanos- suele aparecer con demasiada frecuencia cuando a un colectivo no se le escucha ni se le dan soluciones a sus demandas.

En las democracias anglosajonas, que tanto solemos despreciar los latinos, hay cauces eficaces para que estas iniciativas ciudadanas expresen su malestar: sus propuestas son tenidas en cuenta a la hora de legislar, pueden visitar a su diputado, que está obligado a mantener un despacho electoral, son recibidas como un lobby más, se convocan referendos con frecuencia en los que los ciudadanos expresan su opinión sobre la construcción de un centro comercial o sobre una iniciativa legislativa de calado.

El eficaz uso de las herramientas tecnológias por parte de estas agrupaciones de ciudadanos hace cada vez más difícil la tarea de un político viejo, aunque sea joven. Más aún en tiempos de crisis como los actuales. La información y la opinión se canaliza eficazmente, así como las convocatorias de acciones concretas.

O los políticos comprenden que hay que abandonar la política vieja, sus maneras, sus discursos y sus costumbres o serán sobrepasados por las circunstancias. Y con ellos quién sabe cuántas instituciones, partidos y organismos que hoy parecen muy asentadas en España. O eso o se da un rápido desarrollo económico que haga que los ciudadanos olviden esta crisis y vuelven a adormecerse.

El bulevar

Este fin de semana han coincidido dos conflictos en España que han acaparado la atención de los medios de comunicación. En apariencia, son diferentes y no tienen nada en común. El primero, en Melilla. En esta ciudad, la adjudicación de doscientos empleos públicos provocó un gran malestar en los barrios marginales. La tensión creció hasta que tuvieron lugar varias horas de enfrentamiento entre vecinos de estos barrios y la policía. En principio, por lo tanto, estos hechos tienen origen en la situación de paro de estos lugares agravada por las peculiaridades locales de la ciudad, fácilmente entendibles por la mayoría de los que acceden a esta información.

El segundo de los conflictos mencionados, en el barrio de Gamonal de Burgos. Estos hechos son menos comprensibles para los que no conocen los acontecimientos ni su larga gestación. Gamonal, antiguo municipio burgalés de larga historia (fue sede episcopal antes que Burgos), fue incorporado a la ciudad de Burgos como barrio a mediados del siglo XX. A partir del polo industrial creado allí por Franco, se produjo una fuerte inmigración procedente, sobre todo, de los pueblos de la provincia. Hoy en día es uno de los barrios más populosos de la comunidad de Castilla y León. Es, por lo tanto, uno de esos barrios de crecimiento rápido, con los problemas urbanísticos y de servicios, que existen en todas las ciudades españolas que tuvieron un desarrollo industrial a mediados del siglo XX. Su integración en la ciudad nunca ha sido perfecta y tanto en la conciencia colectiva como en la organización vecinal existe un sentimiento de diferencia. Precisamente por eso, allí es más fuerte que en el resto de la ciudad el asociacionismo y la presencia de activos grupos de difrerentes ideologías. Aunque la ciudad está por debajo de la tasa media de desempleados existente en España, el paro ha crecido, especialmente en los sectores más gravemente afectados en esta crisis: los jóvenes y los mayores de cincuenta años. También ha crecido el número de jóvenes que han tenido que buscarse la vida fuera de la ciudad y de la comunidad.

En cuanto al motivo inicial del malestar social que ha ocupado los medios de comunicación, tiene raíces más largas que lo que han informado los medios nacionales. Todo lo que se relaciona con el urbanismo de la ciudad y la construcción tiene siempre la sombra de la duda: debe recordarse que en Burgos tuvo lugar uno de los primeros grandes escándalos de corrupción asociada a estas cuestiones tras el franquismo. Por otra parte, hace unos años, los vecinos ya impideron con sus movilaciones la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle de Eladio Perlado. El actual proyecto del equipo municial de construir un bulevar en la calle de Vitoria, que atraviesa el barrio y es una de las vías de comunicación más importantes de la ciudad, también ha contado con la oposición de sectores importantes de los vecinos, que han recogido firmas, hecho alegaciones y protagonizado movilizaciones de todo tipo hasta la concentración del viernes pasado que terminó, por la intervención de un grupo de radicales, en los actos violentos que se han visto en los informativos.

En principio, podría parecer irracional la oposición vecinal al mejoramiento de la calle de Vitoria para trasformarla en un bulevar que, según el proyecto, haría más amable el tráfico rodado de la zona. Pero el descontento con las obras de los otros tramos del bulevar ya inaugurados, la sombra de la duda sobre el coste en tiempos de crisis como las actuales, el alto coste de las plazas del aparcamiento subterráneo proyectado en el lugar en el que ha estallado el conflicto y la desaparición de plazas de aparcamiento en la calle, son parte de las razones aducidas por los vecinos.

No hay nada que justitique los actos violentos protagonizados por unas decenas de personas, aunque hayan conseguido poner el conflicto en las televisiones de todo el país. Pero tampoco es justificable -aunque a otro nivel- la cerrazón de los gobernantes que no han tenido en cuenta el descontento de sectores importantes del barrio. Estamos ante otro de los ejemplos de ceguera y sordera que han presidido la política española de las últimas décadas. Si un proyecto municipal -o regional o nacional- en materia de urbanismo debe imponerse con las fuerzas de seguridad en la calle, alguien debería replantearse si no está haciendo algo mal, aunque solo sea en materia de comunicación y si no conviene reunirse con los vecinos afectados para buscar soluciones pactadas y salir a los medios de comunicación para explicar bien lo proyectado. En una democracia, los votos no lo son todo.

Melilla y Gamonal son dos ejemplos de lo que puede estar larvándose en la España actual. El malestar social evidente por los efectos de la crisis y de la corrupción que ha inundado el país, el descontento ante la situación actual en la que hay paro y trabajo en precario, la falta de confianza en cualquier decisión política no explicada suficientemente, la mera sospecha de comportamientos similares a los que nos han traído a la crisis, etc., son combustibles fáciles de incendiar.  A este combustible se suma que cada vez son más los ciudadanos organizados en plataformas, asociaciones y agrupaciones y que tienen una mayor capacidad de acción política, mediática y legal. Si los gobernantes locales, autonómicos y nacionales no les hacen caso pretendiendo que el cauce exclusivo de la democracia son los partidos políticos representados en las instituiciones de acuerdo a las últimas elecciones, la conflictividad irá en aumento y siempre existirá la tentación de la violencia -contemplada ya por los gobernantes en la reforma legal en materia de seguridad ciudadana-. La causa es común y general aunque los conflictos que se desarrollen tengan motivaciones y matices locales. Como no es esperable que la situación económica de los españoles mejore de forma considerable en el presente año, tendremos más estallidos como estos. La pregunta es si tendremos también los políticos adecuados que sepan prevenirlos y tratarlos adecuadamente para reducir el creciente malestar social.