¿Cómo nos imaginamos dentro de diez años?

¿Alguien recuerda el llamado milagro español de las últimas décadas del siglo XX? Salíamos de una dictadura, se llegaban a acuerdos políticos, se trasformaba la mentalidad social, construíamos un país creativo y dinámico, la esperanza en un futuro mejor se instalaba en todas las casas, se consiguió salvar la amenaza de un golpe de estado... ¿Queda algo de eso hoy en un país atirantado, inactivo, perplejo? Y, sobre todo, ¿cómo nos imaginamos dentro de diez años? Me gustaría decirte que de todo sale, que el tiempo se hace rueda de la fortuna, que hay que tejer cada día para que mañana tengamos la  labor hecha. Mientras tanto, a mi trabajo voy, a mis soledades y mis compañías me atengo, en el día a día me encuentro con el mejor de los ánimos.

La España abandonada

Sergio del Molino ha escrito un excelente libro, La España vacía, que hay que leer fijándose en el subtítulo: Viaje por un país que nunca fue. Aunque a mí me parece mejor definición la de la España abandonada. Que cada uno busque los culpables.

Cuando el sabio señala la luna el necio mira el dedo

Hay una antigua frase que dice que cuando el sabio señala la luna el necio mira el dedo. Hoy, en España, tanto la luna como el dedo son trampantojos. Nos han querido meter en una vía única y allá que hemos ido. Además, ninguno de los que levantaba el dedo era sabio. En la luna falsa también había dedos señalando en dirección contraria.

Triste

¿Qué campo se abonará con tu historia cuando todos hayamos muerto?

Me asomé al mar de Cádiz

Me asomé al mar en el Parque Genovés de Cádiz . Cádiz es la ciudad en donde arranca la historia constitucional de España, con la promulgación allí, en 1812, de la primera Constitución española. Han venido después unas cuantas más, no siempre producto de un consenso. España no ha sido país de muchos consensos sino de victorias de unos sobre otros. La última, la más trágica, que cerró en falso la violencia de la guerra civil. Esto ha hecho que los textos constitucionales españoles no se suelan modificar sino derogar por las armas o sustituirlos por otros. Tampoco conviene sacralizar una Constitución, es solo un marco de convivencia que define lo que un país es en un momento determinado. Lo que sucede en España es que no nos solemos fiar los unos de los otros e introducimos en los textos constitucionales artículos que deberían estar en reglamentos y leyes, no en la Constitución, con lo que atamos las manos a las generaciones siguientes si no consiguen establecer nuevos consensos suficientes para modificarlos. Hay tanta carga de heridas históricas en este país, temores, suspicaciones y deseos de dejarlo todo atado, que gastamos demasiada tinta para que no se nos escape nada. Para cuando gobiernen los otros, claro. El caso es que luego, curiosamente, se nos olvida desarrollar algunos de los puntos sustanciales de una Constitución, que quedan así en un limbo legal y, como tales, en papel mojado. Los que atañen a derechos irrenunciables de un ciudadano en una sociedad moderna. No tenemos tiempo para ello, estamos demasiado ocupados en reescribir todas las leyes cada cierto tiempo o echar mano del decreto ley cuando no se consigue la mayoría necesaria en el parlamento.

Dicen los que creen en esa superchería de la homeopatía que el agua tiene memoria. ¿Qué memoria tiene de nosotros este mar de Cádiz y de aquellos debates que condujeron al texto de 1812? ¿Qué memoria del continuo conflicto de nuestra historia? ¿Guardará memoria de mi gesto, de mi forma de asomarme al mar, como yo la guardo de su rumor constante?

La niebla. Mientras medito sobre la historia de España

En unos minutos, la niebla ha cubierto la sierra. Hago pausa aquí -unas horas- para bajar al sur. A pocos quilómetros, pasando Puerto de Béjar, el terreno desciende veloz camino de Extremadura y todo cambia. Voy a Cádiz. Participo en un congreso que aborda el exilio español en las primeras décadas del siglo XIX. El exilio de los liberales más significados en su compromiso con el parlamentarismo y en contra del absolutismo. Aquel mediocre y despreciable rey que fue Fernando VII es ejemplo de muchas cosas que aún ocurren en España. Tuvo apoyos, muchos, representó los intereses de clase, la permanencia de una forma de enfocar la vida en la que se aliaba la religión y el poder político. Muchos pensaron que aún se podía detener la trasformación del mundo que se había iniciado en el siglo anterior con las ideas revolucionarias. A veces ocurre, hay un sector de las clases dirigentes que piensa que se puede detener el tiempo. La tradición, la costumbre, el miedo a la libertad, los pequeños intereses, aseguran el apoyo de grandes sectores de la sociedad. Entonces, como hoy, los que tenían pensamiento más avanzado, más propio de su tiempo, ilustrado y racional, se preguntaban cómo era posible que una buena parte del pueblo quisiera el absolutismo, se negara a la modernización del país y prefiriera encogerse en lo conocido y en la falta de libertades. Los sociólogos lo explican bien, sobre todo por la incultura. No hay mejor forma de dominar el miedo de las personas que hacerlos incultos aunque sepan leer, escribir y cuenten con un móvil con rápida conexión a Internet. Encuentro personas que hoy son muy conservadoras en su forma de pensar que admiran los hechos revolucionarios del siglo XIX. A toro pasado se avanza mejor, claro, da menos miedo. A veces, en algunas conversaciones, me pregunto si el que me habla hoy defendiendo aquel inicio del constitucionalismo e incluso admirando alguno de sus héroes no estaría en aquellos tiempos gritando, ante el paso del Rey, Vivan las cadenas o alegrándose del fusilamiento del general Torriijos, porque en su ideología actual es lo que más les cuadra. Como tantos que se apuntan a la defensa de nuestra última Constitución y yo conocí en aquellos tiempos pidiendo la intervención de los militares ante lo que ocurría. De aquel siglo XIX me llama la atención muchas cosas pero sobre todo las partidas de reaccionarios que se echaban al monte, cogían las armas y no dudaban en exigir el final de las libertades, todo aquello que hoy damos por hecho, como si no tuviéramos que defenderlo cada día. Practicándolo, claro. Como los consensos. La historia de España está hecha de ellos aunque hoy parece que prestamos más atención a las rupturas y somos incapaces de dialogar. Dialogar con el otro, escuchar sus razones, ofrecerle pactos y no exigir, sin más, que nos apoye. A veces amenazamos con una revolución que nunca llega. A veces nos basta con sacar la bicha de nuevas elecciones sabiendo que muchos votan con el temor ante el otro. Dos extremos. Cuando la historia se extrema termina siempre mal. La niebla, digo. Camino del sur, para hablar de exilios y libertades.

El guerracivilismo español y el cuento de los alcaldes que rebuznaban

Dicen algunos que uno de los males españoles es la tendencia al guerracivilismo. De hecho, no sé si hay muchos países como España que tengan su historia tan tamizada de conflictos por todo, por cualquier cosa, desde las más graves hasta las más superfluas, que afectan a todo el territorio o solo a una parte. Incluso inventamos aquí un matiz del honor que empujaba a todo un grupo -linaje, barrio, pueblo, al país entero- a liarse a mamporros con los otros. En muchos conflictos al español no le importa tener o no razón (a veces porque ni se plantea no tenerla), sino tan solo defender lo que es suyo. No es exclusivo de españoles, pero sí de sociedades en los que la ilustración auténtica está por llegar.

Cervantes parodió este concepto del honor y la negra honrilla que nos lleva a armar una guerra civil por nada cuando parodiarlo era tener valor porque se atacaba uno de los fundamentos del imaginario colectivo obligatorio para ser español. Me gustaría a mí ver a muchos que presumen de valientes y de independientes hoy hacerlo en aquellos tiempos. Se burló en el Quijote, en la aventura del rebuzno (a partir del capítulo XXV de la segunda parte): la historia de dos alcaldes que rebuznan admirablemente para encontrar un asno perdido y de los que se mofan los pueblos de las comarcas vecinas, con lo que todo acaba en conflicto armado. Y, como suele suceder en la realidad -sabio, Cervantes-, el que aparece por allí y no tiene nada que ver ni con los unos ni con los otros, recibe una lluvia de piedras solo por mediar.

El guerracivilismo español no tiene nada de heroico ni admirable. Suele tender a localista y paleto. Las crónicas de verdad sobre las muchas guerras civiles del XIX nos hablan de escaramuzas a traición más que de batallas. Ironizó con ello Valle Inclán a la hora de contar en la Sonata de invierno cómo perdió el brazo el marqués de Bradomín.

Cuando las furias se desataron en 1936 por la sublevación de unos militares de medio pelo (nunca habían ganado una batalla de verdad frente a un ejército organizado) contra el gobierno de la República, en la retaguardia de ambos bandos se organizaron patrullas que sacaban a la gente de sus casas para fusilarlos sin trámite al amanecer. Estos asesinatos, que sembraron España de sangre, solían ocurrir más por rivalidades personales y enconamientos locales que por causas ideológicas. Incluso aunque la patrulla viniera de fuera preguntaba primero a los suyos del lugar a quién había que dar un paseo y no se sometía a criba de verdad lo que tantos delataban solo por envidas y enconamientos familiares. Algunos expertos avalan la hipótesis de que Franco prolongó más tiempo del necesario la guerra para asegurarse ser el indiscutible triunfador entre los suyos, no fueran a darle problemas si la victoria ocurría de forma rápida. Por esa misma razón, tantos aún no quieren que se saquen de las fosas comunes y de las cunetas los miles cuerpos de los asesinados que aún quedan por estas tierras. Por esta razón tenemos esta tendencia a destruir cualquier construcción común. Como en el cuento medieval en el que el diablo concede a un labrador la mitad de lo que desee para su vecino y no dudó en pedir que el vecino se quedara ciego.

El guerracivilismo se extiende a todos los campos de acción en España -en especial en los momentos en los que el proyecto de país colapsa- y provoca, en gran medida, que seamos una nación tan poco productiva. Los partidos políticos caen frecuentemente en este mal español y no son capaces de pactar nada, los medios de comuncación pueden incendiar el territorio si con eso ganan audiencia, los de un pueblo siguen apedreando a los del vecino y los chavales jugábamos a canteas contra los de la calle de al  lado solo porque eran de la calle de al lado. 

No hay peor enemigo que el de misma madera (Cuerpo a tierra, que vienen los nuestos, exclamaba Pío Cabanillas refiriéndose a la UCD), porque como el guerracivilismo es personalista y ruin, no hay nada más peligroso que un colega, un compañero o un vecino o un afín ideológico que te declara la guerra. Porque el guerracivilismo español no busca el triunfo de una idea sino el control de la cuota de poder y espacio que corresponda y pasar factura de rencores a veces inconfesables productos de la miseria moral y la envidia.

Y en cosas de menos enjundia pero que hacen daño: en los sindicatos, en las organizaciones colectivas, en las empresas o en las instituciones todo son banderías que impiden el trabajo en equipo (la Universidad pública española es un buen ejemplo) porque lo que importa es que el otro caiga, no que todos salgamos adelante. Una reunión de vecinos se convierte pronto en un campo de batalla y un partido político antes de fundarse tiene ya varias familias dentro. En el mundo literario andamos en conflicto permanente por la negra honrilla: un premio de más o de menos, por ejemplo; un éxito de ventas; una referencia en un periódico o medio minuto en una emisora de gran audiencia. O negar que alguien tenga calidad literaria solo porque no nos gusten sus opiniones o su aspecto. Y si tomamos el control de la cultura de nuestro pueblo, al enemigo ni agua. Como lo hicieron los unos, lo hacemos los otros.

Eso sí, si se te ocurriera quedarte en medio y usar la razón e intentar el consenso por el bien de todos, recibirás una nube de piedras o una cuchillada trapera. Guárdate las espaldas o emigra, como han tenido que hacer tantos antes para evitarse males.

Qué país España.

Ahora que estamos en tiempos de Declaración de la Renta leo el artículo 13 de la Constitución de Cádiz

Estos días ando, por varias razones, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Me llevan allí aficiones, mi condición de escritor, cuestiones académicas -es un ámbito de investigación que siempre he tenido, desde mi ya lejana Tesis Doctoral sobre Francisco Martínez de la Rosa- y Cadalso, al que nos acercamos ahora en el Club de lectura.

Muy lejos te vas, diréis. O muy cerca. Soy de los que buscan llamar la atención sobre la labor intelectural de un buen puñado de pensadores, escritores y artistas de aquellos tiempos equiparables a los mejores de Europa. En ellos está lo que pudo ser España y en las dificultades que tuvieron y la traición de la burguesía como clase social a la revolución que iniciaron, las raíces de la penosa historia contemporánea española.

Es curioso que se nos olvide tan frecuentemente que el concepto original de liberalismo tiene raíz española en todos los idiomas en los que se usa y que el liberalismo pone siempre al individuo como objetivo y define cualquier tipo de organización como el pacto entre los individuos y el grupo regido por el respeto entre ambos platillos de la balanza. El equilibrio entre ambos es sinónimo de buena sociedad, basada siempre en la libertad y no en el poder que ejercen unos sobre otros. La Nación protege los derechos legítimos de los individuos y estos corresponden respetando el bien común y contribuyendo según sus recursos a su mantenimiento.

Ahora que estamos en época de Declaración de la Renta debemos recordar eso, precisamente, que la base de toda buena sociedad es la proporcionalidad de los impuestos y el respeto al bien común, a la cohesión social y la solidaridad. De hecho, en donde se demuestra el amor a la patria no es en las declaraciones retóricas ni en la forma de agarrar una bandera sino en el cumplimiento honesto de esa proporcionalidad a la hora de sostener a toda la sociedad. Como todos los individuos y todas las sociedades parten de situaciones desiguales, observar esta honestidad en la proporcionalidad es buscar que las diferencias se atenúen en vez de aumentarse. Quizá es algo que no comprenden tantos como se llaman liberales hoy en día y que solo buscan el medro propio y un lugar opaco en el que esconder el dinero ocupando la admninistración del estado en beneficio propio o de su forma de entender la vida y los negocios. Es una de las muchas diferencias entre el verdadero liberalismo y el capitalismo salvaje.

La Constitución de Cádiz de 1812, la primera promulgada en España, fue fruto de una situación excepcional que provocó la necesidad de pacto entre sectores ideológicos muy diferentes. De ahí que no sea un texto armónico y que se resienta de ese pactismo obligado desde el mismo nombre del rey que figura en su portada: quizá por eso mismo es un buen y mal texto a la vez. En ella se recogen muchas de las grandes ideas liberales junto a cosas que las contradicen por lo convulso del momento, pero a mí siempre me llamó la atención el artículo 13:

El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Algunos lo tacharán de ingenuo, utópico o, como se dice ahora, de querer crear una cortina de humo. Pero a mí me parece el mejor objetivo que puede tener una nación y el mayor deber de un gobierno. Una formulación bien temprana del estado del bienestar. Que una nación sea o no feliz se define precisamente en ese bienestar de todos y cada uno de los individuos que la componen. Y para eso se necesita honestidad, políticas de cohesión y solidaridad. Ahí es donde se deben aplicar los legisladores. Lo demás es papel mojado.

España necesita espacios de encuentro

En España se necesitan hoy espacios de encuentro entre las personas de diferentes ideologías (medios de comunicación, plataformas, tertulias, seminarios, etc). La evolución de los últimos años los ha anulado: no existen o, al menos, no son visibles ni tienen eco. La falta de respeto de unos nunca se debe combatir con la falta de respeto de otros. La intolerancia, la soberbia y el sectarismo de unos nunca debe ser sustituido por los de otros. Algunos medios de comunicación  y la acción directa de las redes sociales alientan el ataque fácil, se rebusca lo que unos u otros dijeron hace años como antes se ha hecho con los del bando contrario. Ojo por ojo y todos ciegos. El listón que unos pusieron tan alto ahora afecta a los propios. Está tan alto que nadie habrá tan puro y si lo hay es porque no ha tenido nunca interés en la vida pública. Tenemos que comprender que lo que me molesta de los contrarios es lo mismo que a ellos le molesta de mí. Cuando la política de ambos bandos se mueve por consignas nadie razona. Una victoria que nos lleva a la revancha y a la alegría por la derrota ajena, incluso a festejar el encarcelamiento o la inhabilitación de quienes nos molestaban, no es una victoria. Alguien debe frenar esto, es la hora de trabajar por el bien común, que no suele estar nunca en los extremos sino en la negociación que nos acerca a los intereses mayoritarios. Impulsar con fuerza el péndulo solo lo hace pasar con más veloz de un lado a otro para volver antes o después, con igual fuerza, al punto de partida. Hay tanto que hacer. Y todo comienza por hablar y mucho con quien no piensa como nosotros no para convencerlo sino para entender sus razones y sus miedos e incorporarlos en las decisiones de gobierno. Hay que hablar con el contrario más incluso que con el que está a nuestro lado.

En estos días, en España, se festeja el triunfo de la izquierda tras las últimas elecciones y, en especial la aparición en el poder de grandes ciudades de las plataformas ciudadanas nacidas de aquel movimiento del 15M que tantos despreciaron y en el que muchos vimos las esperanzas de una regeneración y limpieza de la sociedad y la política española, que tantos síntomas de fatiga y fin de ciclo daban. Es una variable radicalmente nueva en la historia política nacional, tal y como algunos vaticinábamos.

Es la hora de la serenidad y de la toma de decisiones motivadas. Del trabajo diario para resolver los grandes problemas sociales. No solo los generados por la última crisis y las políticas aplicadas desde hace cinco años siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea y el FMI sino de los problemas estructurales que afectan a la sociedad española desde hace décadas. Pero esto no se debe hacer desde la trinchera. Me temo que el futuro horizonte electoral de España -elecciones en Cataluña, elecciones generales- nos deparan meses de ruido, alteración y sordera. Muchos de los pactos actuales (bienvenida sea la desaparición de las mayorías absolutas de gobierno, que tanto daño han hecho en los últimos años), que a tantos les parecen firmes, se mudarán según los intereses resultantes tras las próximas elecciones generales. Los próximos meses serán de desasosiego porque todas las decisiones políticas nacionales, autonómicas y locales serán puestas en cuestión por los contrarios y dificultadas por el poder que no se corresponda con el mismo color político. O creamos esos espacios de encuentro o nos esperan meses de bloqueo administrativo e institucional. Que nadie me entienda mal: lo reclamo de todas las fuerzas políticas. Un bloqueo intencionado diseñado hábilmente por los estrategas electorales -sea cual sea su signo político- puede dar fruto, pero, ¿a qué coste para los ciudadanos? ¿O los tomarán como carne de cañón? Estemos atentos a lo que sucede las próximas semanas.

Por suerte, varias de las figuras ascendentes tras las últimas elecciones parecen aplicar la pausa a la toma de decisiones, pero a su lado hay demasiado ruido en uno y en otro lado. Esto es independiente de su filiación política y se necesita hoy en España, de forma urgente, crear espacios de encuentro entre quienes piensan diferente. Hay momentos en la historia de un país en el que las trasformaciones reclaman personas que sepan hacerlo. En la última década han escaseado en España, en estos años en los que partidos políticos y medios de comunicación han incentivado el desencuentro para sacar provecho. Tengamos esperanza de que pueda lograrse, que aparezcan para evitar que los bandazos quiebren el barco en el que navegamos todos. Y que no tengamos que esperar unos meses para esto.

Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (y IV)

Entrada I. Panorama histórico.

Entrada II. Desconfianza mutua.

Entrada III. Desde 1978.

No hay más opciones. Si las inercias no cambian, España estará condenada como país a vivir su historia democrática a empujones como hasta ahora. Períodos sosegados en los que coincida una buena coyuntura económica o un enemigo común que haga difícil expresar la discrepancia, en los que la ciudadanía esté más o menos conforme y asimilada con la situación porque todo aparezca tranquilo y se modernicen las infraestructuras y la calidad de vida a pesar de la corrupción latente, frente a períodos de inestabilidad provocados por crisis internas y coyunturas económicas negativas, en los que la ciudadanía se indigne ante lo que ha pasado como si no lo hubiera sabido y protagonice asonadas más o menos generales. Tras los períodos de inestabilidad, la tendencia natural de todas las sociedades es buscar, a cualquier precio, la tranquilidad y la paz social. Independientemente del color político. Esto lo saben los que diseñan las estrategias electorales y los programas políticos.

Estas inercias no llevarán a la democratización de la vida pública sino a la permanencia de los elementos mencionados en el título de esta serie: paternalismo en el ejercicio del poder; personalismo que lleva a estructuras presidencialistas en las que se identifica al líder con la institución, la ciudad o la nación; caciquismo en las estructuras jerárquicas de todas las instituciones que controlen cada uno de los pasos -desde lo local hasta lo nacional- y que se alimenten de forma piramidal para que nada cambie por mucho que se modernice el paisaje.

Como consecuencia, estos vicios morales seguirán instalados en el país y seguirán siendo los rectores mayoritarios de una sociedad que termina tomándolos como algo natural y en la que los individuos críticos suelen ser apartados con formas expeditivas mientras que se delega el voto mayoritario en uno u otro partido que, de esta manera, no tienen que pactar y negociar cada decisión que toman. En España, salvo en momentos verdaderamente excepcionales, no estamos acostumbrados al pacto. De ahí el miedo que tienen las organizaciones tradicionales ante el panorama que se puede presentar tras las elecciones de este año.

Aquellos que por la decisión de los votantes tienen que pactar para gobernar suelen buscar estrategias de última hora para romper el pacto en los meses finales de la legislatura para presentarse sin eso que consideran un lastre; aquellos que por un resultado democrático se ven abocados a la negociación continua la toman como un mal y no como una ventaja y suelen repartirse el poder por áreas procurando no entrometerse en la del aliado: entre perros no se pisan las colas, mientras haya para todos y todavía falte tiempo para la siguiente convocatoria electoral. Así no se gobierna tanto con consensos como con parcelas que son manejadas de forma independiente pero con los mismos vicios. Los socios solo se ponen de acuerdo para defenderse ante un enemigo común. Y, a la mínima oportunidad, se rompe el pacto de gobierno intentando hacer todo el daño posible al antiguo aliado.

Mientras tanto, el ciudadano se acostumbra a que las cosas sean así porque siempre han sido así: busca la forma de atajar en las pequeñas cosas (saltarse una lista de espera o determinados trámites administrativos gracias a un familiar), la pequeña evasión de impuestos (no pagar el IVA al electricista que viene a arreglarte algo a casa), no reclamar porque no sirve de nada, no enfrentarse con el poder porque el poder siempre usará de las armas más innobles -legales o no- para hacerle la vida imposible, etc. Esta asimilación del ciudadano a la situación provoca que nada cambie, que los políticos o los cargos públicos no se sientan presionados para ser honrados y que, si es esa su tendencia, ejerzan su cuota de poder de forma arbitraria, paternalista, personalista y caciquil. Incluso aunque toda su actuación fuera ilegal cuentan con que el ciudadano no va a reclamar (porque es caro, porque se pierde el tiempo, porque no sirve para nada) o que si lo hace no siempre ganará aunque tenga razón (puede no cumplir con los trámites como marca la  normativa, puede encontrarse con una institución con los mismos vicios que busca recurrir) o que si gana haya pasado ya tanto tiempo que el mal de origen ya sea incorregible y tenga difícil o imposible reparación. También cuentan -hasta ahora- con otra baza: si generan el suficiente temor ante la inestabilidad provocada por los críticos, la mayoría buscará la tranquilidad del mal conocido.

No hay más opciones si queremos que la historia de la España democrática genere impulsos verdaderamente democráticos. Por una parte, los políticos deben comprender su papel como líderes sociales, a los que les corresponde una pedagogía democrática antes que la mera gestión:

• Deben impulsar en la educación desde los primeros niveles una forma de entender la democracia que alimente al individuo crítico y consciente tanto de sus derechos como de sus deberes, fomentando la participación ciudadana en la vida pública.
• Deben asumir, por lo tanto, su verdadera condición como representantes designados por la sociedad -por toda y no solo por sus votantes-, buscar pactos de Estado, actuar con honestidad, impulsar cambios legislativos para fomentar el control en la gestión y hacer verdaderamente trasparente toda la administración pública. 
• Deben limitar por ley los mandatos sea cual sea el cargo, incluso aquellos internos de las organizaciones políticas.
• Deben aprobar leyes que amparen las iniciativas legislativas populares y la presencia de los ciudadanos en las instituciones bien directamente bien a través de las asociaciones y plataformas.
• Deben aprobar las listas abiertas en todas las convocatorias electorales.
• Deben abrir oficinas -para los votantes suyos y los que no lo son- en sus circunscripciones, con medidas que hagan públicas estas reuniones, las demandas de los ciudadanos y el resultado de sus gestiones.
• Debe impulsar la supresión de toda institución y organismo que no sirva para mejorar la sociedad española y que solo esconda la colocación de los afines, el premio a los leales o la huida del control necesario en la gestión pública.

Por otra, la sociedad debe ser consciente de que está compuesta de ciudadanos y no de súbditos, individuos libres con derechos y deberes que deben ejercer a pesar de todos los inconvenientes:

• Debe ejercer esta condición de ciudadano tanto de forma individual como de forma colectiva, asociándose tanto para las causas permanentes como las concretas y circunstanciales.
• Debe exigir de sus políticos que se faciliten los medios, las medidas legislativas y las facilidades administrativas para que todo sea trasparente, eficaz, legal y ético.
• Debe comprender que la democracia no es el resultado de unas votaciones cada cuatro años sino la labor diaria que se manifiesta en la vida real, en el compromiso, en la aceptación del otro, en la reclamación ante las irregularidades pequeñas o grandes. Por lo tanto, debe comprender que asociarse, agruparse, es algo normal y necesario en una democracia en la que el individuo debe luchar contra fuerzas económicas poderosas de carácter global que tienen el suficiente poder como para comprar voluntades y torcer decisiones de los gobiernos.
• Debe comprender que ser ciudadano es también instruirse, formarse, ocupar una parte de su tiempo en la educación propia y en la participación activa en la vida colectiva.
• Debe actuar de tal manera que, ante la inclinación a la corrupción, al paternalismo, el personalismo y el caciquismo no sirve de nada reproducir en menor escala los mismos vicios. La única forma de combatirlos y mejorar su vida y la de las generaciones futuras es actuar en un sentido totalmente contrario.

No hay más opciones. A no ser que queramos perpetuar los tropiezos de la historia democrática española y vayamos de desilusión en desilusión, de crisis en crisis, de panorama de la corrupción en panorama de la corrupción y de asonada en asonada. Es tiempo ya de cambiar esta inercia histórica y de modernizar España de una vez por todas.

Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (III)

Siendo las cosas como van en la primera entrada y en la segunda de esta serie, es lógico que la situación española sea la que es. Tras un impulso democratizador y una corriente de entusiasmo de los dirigentes y de los ciudadanos en la transición española hacia la democracia en los años setenta y ochenta del pasado siglo, todo se asentó como marcaba la inercia histórica en el país. No solo la inercia de las etapas históricas pasadas sino la impronta dejada por el régimen dictatorial de Franco. Este se asentó tras un golpe de estado, una guerra civil y la purga y eliminación de todos los opositores. En España, durante décadas, se instaló mayoritariamente el temor a opinar, el miedo a la discrepancia y el pensamiento de que no se podía cambiar la situación y que era mejor asimilarse para sobrevivir y medrar en la vida. Ganó también la propaganda que hablaba de los veinticinco años de paz y del enemigo exterior ante el que había que cerrar filas dejando para otro momento las discrepancias internas. Es legendaria la recomendación de Franco a Sabino Alonso Fueyo (a la sazón, director de Arriba, diario falangista de la época): Usted haga como yo y no se meta en política. La anécdota se cuenta también con otros interlocutores. Es totalmente cierto, Franco no se metía en política sino que ejercía el poder con ese sentido del que venimos hablando, de forma paternalista y personalista. España era él y los españoles lo debían considerar como un padre que sabía lo que convenía a todos en cada momento incluso para pedirles el sacrifico del período de autarquía o mirarlos con cierta indulgencia cuando se descarriaban. La estructura se basaba también en una jerarquía que controlaba por una parte las fuerzas armadas y los medios de comunicación pública y por la otra en una red clientelar que dominaban los caciques de cada zona revestidos de presidentes de Diputación, alcaldes o empresarios o propietarios de latifundios tan paternalistas como el propio jefe del Estado. En el fondo, es de todo esto cuando se habla de la herencia franquista y el postfranquismo en la actual España.

Tras el impulso democratizador de los años setenta y ochenta, el amplio abanico de partidos políticos, la necesidad de grandes pactos de estado y de gobierno provocada porque todo estaba por hacer y nadie garantizaba por sí mismo la estabilidad del sistema, este se asentó en una dinámica pactada que trajo la necesaria tranquilidad histórica para la modernización del país y su ingreso en la Unión Europea pero que, a la vez, resultó perversa para un amplio sentido de la democracia. Igual que se optó por esta organización se podría haber optado por otra, con mayor implicación de la población española en la toma de decisiones concretas a través de consultas generales o particulares, la educación en las claves democráticas (derechos y deberes) y el establecimiento de todo un entramado de organismos que favorecieran y estimularan los movimientos ciudadanos o que, al menos, no los dificultaran por no estar encauzados en un sistema partidista y presidencialista como el que tenemos. En España, los partidos mayoritarios -incluso los más afines al liberalismo- conciben un país con una fuerte intervención del Estado en todas las decisiones individuales de los ciudadanos. Precisamente porque los políticos no se fían de estos como estos no se fían de ellos. Por eso en España no terminamos de asumir la necesidad de pedir una factura a quien nos viene a arreglar un grifo, disculpamos al evasor de impuestos para el que de vez en cuando se legisla una amnistía fiscal y todos consideramos una especie de castigo el que tengamos que formar parte de una mesa electoral. Por eso en España la aparición de plataformas ciudadanas o movimientos de barrio que intervienen en las cuestiones socio-políticas se ve con tanta extrañeza y parecen fenómenos revolucionarios en vez de ser considerados como lo que son, intervenciones de los ciudadanos en cuestiones que les competen y que no pueden esperar a la siguiente convocatoria electoral porque o bien las instituciones no dan salida a las demandas sociales o bien el sistema se ha degradado. En España los partidos políticos conciben como lobby legítimo a las empresas eléctricas o los grandes grupos de comunicación pero ven como molestos a sectores sociales organizados que plantean reivindicaciones.

Los partidos políticos ocuparon el amplio espacio que les otorgaban las leyes que ellos mismos redactaban y controlaron todas las instituciones que venían de antiguo más las nuevas que se gestaron. Es un hecho que los partidos políticos, desde 1978, han ocupado cada vez un mayor espectro de la sociedad española y esta ha tenido cada vez un menor margen de presencia directa en la vida pública hasta el movimiento del 15M.  Los partidos no solo se convirtieron en estructuras políticas sino que quisieron también ser asociaciones de barrios, rectorados universitarios y asociaciones profesionales, ocupando espacios que en una democracia debe corresponder al ciudadano y no a las estructuras políticas.

En cada una de esas estructuras se reprodujo frecuentemente el sentido de paternalismo y personalismo que es una característica histórica del país. En vez de limitar los mandatos, se ha dejado ocupar casi cualquier cargo de forma vitalicia a quien sabe controlar las estrategias de votación. Independientemente de que se haga bien o no la gestión, esto no lleva a la pureza democrática sino al ejercicio del poder de una forma contraproducente para la democracia. Es frecuente, así, que en España la persona se identifique con el cargo: desde un presidente de una comunidad de vecinos hasta las más altas instancias. Criticar a un alcalde, a quien ocupa un cargo, se toma como un ataque a la propia institución cuando no debería ser así. Al crítico se le termina haciendo el vacío, acosando laboralmente en cualquier organismo de la administración pública, expedientándolo, expulsándolo del partido o de la organización a la que pertenece o complicándole la vida para que desista en su crítica y sea él quien se calle o abandone por no buscarse más problemas en una batalla que solo parecen ganar los que saben dominar las estructuras y no los individuos libres. Quien expone sus críticas en un debate se arriesga a ser acusado de poco patriota, de contrario al bien común, de deslealtad institucional. Aquel que controla el poder, en cambio, suele envolverse con la bandera, esconderse detrás de las siglas del organismo que preside, clamar que sin él todo caerá en el caos y poner en marcha la maquinaria estructural para aplastar a los disidentes.

Este sistema suele basarse en los instintos peores del ser humano: fomenta la envidia, la delación y la denuncia arbitraria, el arribismo, el servilismo, la picaresca y la trampa. Todo el mundo tiene a buscar al cuñado o al amigo que le ayude a saltarse una lista de espera, obtener recursos que de otra manera nunca alcanzaría y agilizar o paralizar un expediente, según convenga. Fomenta, sobre todo, la figura del tiralevitas (pelota, adulador, trepa, en todas sus variantes) que hace toda su carrera alabando esa identificación del cargo y la persona, el paternalismo y la ejecución caciquil de la política española. Y, como todo vicio moral, este es el modelo que se ha extendido como mancha de aceite por el suelo de España en las últimas décadas. Mancha que se superpone a las anteriores, las que vienen de lejos. A veces, hasta son las mismas.

(Mañana termino esta serie de entradas)

Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (II)

Por las razones apuntadas en mi entrada de ayer, la historia de los períodos democráticos españoles está llena de espadones y hombres fuertes a los que se recurría cuando la marea popular parecía ingobernable a los políticos de uno y otro bando o a los dos -el caso de Primo de Rivera o las investigaciones que afirman que unos meses antes del golpe de estado fallido del 23 de febrero de 1981 se documentan movimientos de varios partidos del arco político parlamentario de ideología diversa que buscaban un hombre fuerte, militar incluso, que presidiera un gobierno de salvación nacional para desatascar la situación provocada por el desgaste de Suárez.

Estos prohombres actuaban con paternalismo, que es en realidad algo muy alejado de la democracia aunque a veces conserve las formas. Por las mismas razones, la historia de la democracia española está llena de personalismos por los que las instituciones se identificaban con personas concretas y su permanencia en el cargo parecería razón de estado. Es curioso cómo en el siglo XIX se recurría una y otra vez a personas como Narváez o Espartero -por poner solo dos ejemplos de signo contrario- que habían demostrado su incapacidad para gobernar con consensos y conciencia democrática. De la misma manera, este pensamiento dejó que arraigara en España el caciquismo, que está en el origen de muchas de las tramas de corrupción actuales.

Pero lo peor de esta mentalidad es que ha generado un perverso círculo vicioso según el cual los políticos no se fían, en realidad, del pueblo y este no se fía de sus políticos. Aquellos ven al pueblo español como inmaduro para asumir la democracia y de ahí que deba ser dirigido o sangrado convenientemente en beneficio de los corruptos puesto que es burro y vota al que promete llevar la playa a un municipio alejado del mar varios quilómetros; el pueblo español siempre ha tenido recelos evidentes sobre la honradez de sus políticos y su capacidad para gestionar las cosas, salvo excepciones muy concretas. Estas excepciones abarcan un corto período de tiempo porque al que se ensalza hoy se le defenestra mañana para glorificarlo cuando ya está fuera de toda posibilidad de volver a la política, como ha demostrado el caso evidente de Adolfo Suárez.

Este círculo vicioso ha generado una desconfianza radical de unos con otros. Los ciudadanos españoles se desentienden de la política salvo de vez en cuando, cuando se indignan o protagonizan asonadas, dejan que sus políticos sean corruptos mientras todo vaya bien y han pensado siempre sin exigir medidas correctoras que todo aquel que llega a la política lo hace, en primer lugar, para beneficio propio y no del común. De ahí que todo político pueda ser ensalzado cuando lo hace bien pero también cuando lo imputan ante la justicia por corrupción siempre y cuando todos se hayan beneficiado de la fiesta. Hay fotografías en los periódicos de estas décadas pasadas de vecinos de una localidad apoyando a su alcalde cuando entra a declarar en un juzgado por corrupción y ovacionándole cuando ingresa en prisión. Unas imágenes que son pura definición del caciquismo enquistado en la sociedad española. Por eso mismo, a los partidos políticos no les interesa suprimir ni reformar el Senado, que se ha convertido en cementerio de elefantes en el que se pagan los servicios prestados en las estructuras internas de las organizaciones, ni las Diputaciones, una institución heredada de los viejos tiempos de los caciques. Con ellas hacen regalías, colocan personas, subvencionan los pueblos fieles, pagan festejos populares y dominan buena parte de las páginas interiores de los periódicos locales.

Los políticos, por su parte, han generado estructuras de partido alejadas de una razón democrática, fuertemente jerárquicas y personalistas y más alejadas aún del pueblo que les vota. España es un país de diputados cuneros o de paracaidistas impuestos por las jerarquías del partido a costa de divisiones internas y descontentos de los afiliados que sostienen el día a día en una localidad, una democracia en la que el diputado solo va de fin de semana a su circunscripción pero no tiene abierta oficina en ella porque la foto que le importa para permanecer en el cargo es la de la ejecutiva, no la de sus reuniones con los votantes.

Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (I)

En las épocas históricas en las que en España hemos gozado de un sistema democrático siempre se ha concebido al pueblo español, por parte de sus dirigentes, como menor de edad y con un cierto grado de incapacidad para tomar sus propias decisiones. No solo en las etapas de gobiernos conservadores sino también en los tiempos de gobiernos progresistas. Los liberales temían al pueblo al que teóricamente definían como depositario de la voluntad nacional porque lo consideraban proclive a arrojarse en los brazos de los absolutistas. Estos lo temían por considerarlo tendente a la asonada revolucionaria y a formar en cuanto podía juntas de barrio que se gobernaban de forma asamblearia. Los liberales conservadores propugnaban un sistema de orden y control de las masas; los liberales progresistas temían que una revolución les terminara por eliminar del panorama político para entregar el poder a sectores republicanos. La I República se improvisó porque todos querían gobernar al pueblo pero sin contar demasiado con este, que se tiró al ruedo cantonalista en cuanto pudo -en manos de políticos que hablaban a sus tripas antes que hablar a la razón- o asistió desde lejos a la confusión política en la que pronto se convirtió todo. Tras los sustos del sexenio revolucionario, la Restauración fue una componenda entre conservadores y progresistas para repartirse por turnos el poder independientemente de los resultados electorales. El chiringuito les duró varias décadas a pesar de la corrupción generalizada y la pérdida de las provincias de Ultramar. Cuando todo parecía irse hacia el desgobierno, unos y otros se pusieron de acuerdo -ahí están las hemerotecas- para poner en el poder a un general autoritario, Primo de Rivera, que pudo estirar un poco más el sistema gracias a la bonanza económica. Con la venida de la II República, los conservadores temían al pueblo amotinado que quemaba iglesias y los progresistas lo temían porque estaba dominado por los sacerdotes católicos. De hecho, muchos diputados de izquierda estaban en contra de conceder el voto a la mujer porque la creían dominada por el confesionario o incapaz de tomar una decisión propia. Tras la Transición a la democracia y la aprobación de la Constitución de 1978, los partidos políticos mayoritarios surgidos de ella han montado estructuras jerárquicas en las que al pueblo solo se le consulta cada cuatro años pero no tanto para saber su opinión como para contar con su voto. En España, los dos partidos mayoritarios que han insistido en lo difícil que resulta cualquier modificación de la Constitución, se pusieron de acuerdo en unas horas para modificarla sin hacer un referéndum. En el parlamento español es casi imposible que triunfe una propuesta legislativa de iniciativa popular y no se convocan consultas populares de importancia más que de forma esporádica. Lo mismo ocurre en las autonomías o en los municipios.

Esta opinión de los dirigentes políticos no es solo de ellos. Las banderías tienen un poder penetrador en la mentalidad: una parte del pueblo español sospecha de la otra parte, un barrio del barrio de al lado, una ciudad de su vecina, los que tienen gafas de los que no las tienen. Y así se ha hecho proverbial que los españoles pensemos de nosotros mismos que somos incapaces de llegar a acuerdos, de gobernarnos sin ira, sin picaresca ni corrupción, como si fuéramos un país que no tiene remedio, proclive siempre, como diría don Antonio Machado, al caínismo y la división. Ante eso se rebelaba en un esperanzador poema Gil de Biedma al pedir que España expulsara a esos demonios.

Las estructuras políticas españolas sospechan de cualquier movimiento ciudadano. Entre otras cosas, porque los desconocen. Están más habituadas a las intrigas palaciegas, los quiebros de pasillo o los acuerdos de sobremesa. No importa lo que digan teóricamente puesto que lo que debemos examinar son sus prácticas cotidianas, la manera en la que toman las decisiones y cómo consultan a la ciudadanía y no a las encuestas de opinión pública. No lo dirán, pero la mayoría piensa como ese político valenciano que prometió llevar la playa a su pueblo si conseguía la alcaldía: "Dije: Traeré la playa a Xátiva. ¡Y se lo creyeron! ¡Si yo mando, traeré la playa! Y van y se lo creen todo. ¡Serán burros! Y me votaron".

Si fueran verdad sus temores, es decir, que el pueblo español no es mayor de edad y no puede tomar decisiones, estaríamos ante un gravísimo caso de democracia sin pueblo y convendría urgentemente reformar la Constitución española para dejar claro que nuestro régimen debe pasar inmediatamente a ser un despotismo ilustrado y no confundir con los términos: no nos mereceríamos una Constitución sino una Carta otorgada con la que ellos, que sí saben lo que nos conviene, puedan dirigirnos sin el dolor de cabeza que les supone decirnos lo que tenemos que votar. Si los políticos no se creen de verdad las bases de una democracia, es decir, que esta consiste en mucho más que dejar que los ciudadanos voten cada cuatro años, el sistema se convierte inevitablemente en una estructura de fuerte carácter jerárquico y personalista. 

Y si fuera verdad que el pueblo español no está preparado para un sistema verdaderamente democrático por inmadurez o una tara genético-histórica, ¿en qué han empleado su tiempo nuestros gobernantes desde 1978? ¿Por qué no han hecho pedagogía política? ¿Por qué no han reformado nuestro sistema de educación para hacernos conscientes desde niños de la importancia de una democracia? ¿Por qué no han procurado cambios legislativos para aumentar las consultas populares que son la única forma de que el pueblo tome conciencia de su papel en el sistema? ¿Por qué no han usado de todos los recursos del Estado para educar al pueblo y acostumbrarlo a la mejor raíz de la democracia? Es decir, a ejercer como ciudadanos en cada uno de sus actos cotidianos, a ser conscientes de que actuar en democracia es un derecho pero también una obligación. Quizá con ello la corrupción no se hubiera extendido tanto estos últimos años y no se hubiera votado una vez tras otra a políticos -sea cual sea su color- que la han favorecido.

Redes internacionales de la cultura española (1914-1939)

Tras su reciente montaje inicial en la Residencia de Estudiantes llega a Valladolid una excepcional exposición que nadie debería perderse en la gira que comienza ahora fuera de Madrid: Redes internacionales de la cultura española (1914-1939 (Sala Municipal de Exposiciones del Museo de la Pasión, hasta el 10 de mayo). Se enmarca dentro de la oportuna y amplia programación con la que la Residencia conmemora el centenario de su fundación. En este enlace el lector podrá comprobar por sí mismo la importancia de esta exposición que viene a poner en su lugar la trascendencia que para la sociedad y la cultura española tuvieron la Institución Libre de Enseñanza (ILE, hoy Fundación Francisco Giner de los Ríos en homenaje a su fundador), la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE, inspirada en la anterior y sobre la que la dictadura franquista construiría el CSIC) y la Residencia de Estudiantes.

Pocas veces en la historia de España un proyecto como el que supuso la ILE ha dado tantos beneficios a la sociedad y pocas veces como en esta está tan claro lo que una guerra y una dictadura feroz, vengativa y moralmente mediocre puede cercenar. El período que va desde 1914 hasta 1939, contemplado en esta exposición, supuso una apertura de España a lo mejor del mundo occidental y su conexión en red con la cultura y la ciencia europea. Gracias a este impulso -nacido, recordémoslo, de iniciativa privada y fuera del ámbito del viciado sistema universitario y político español- al que se sumarían instituciones españolas y extranjeras y terminaría siendo apoyado por algunos de los Gobiernos del período, España volvió a situarse en el primer plano de los países occidentales. Contribuyó, por supuesto, el auge económico a partir de la neutralidad española en la I Guerra Mundial, pero sin el eficaz esfuerzo en educación, ciencia y cultura el país jamás hubiera dado el salto cualitativo que dio y que vino a cortarse con lo acontecido en 1936 y la coyuntura de tensiones sociales y políticas que recorrían toda Europa. Un modelo que debe recuperarse hoy más que nunca.

Fruto de aquel esfuerzo fueron los viajes becados por todo el mundo de científicos, artistas, pensadores, maestros, etc., con la finalidad de aprender las novedades metodológicas en sus respectivos campos y establecer relaciones personales y profesionales sobre las que construir esta red de la que nos habla la exposición. Fruto de aquel proyecto también fue la aparición de individualidades y equipos de trabajo que hoy, en gran medida, definen lo que fue la España de aquellos tiempos y de los que nace la modernización del país en todos los sentidos. También fueron fruto de todo ello algunas de las mejores publicaciones científicas y culturales que se han publicado en el país, la incorporación de España a los grandes circuitos de conferencias sobre descubrimientos y teorías científicas que definen el siglo XX, etc.

La exposición, además, nos muestra los precedentes, los esfuerzos anteriores a 1914 relacionados con la ILE y de los que la Residencia se beneficiaría. Pero a mí me ha emocionado más la forma de tratar lo que sucede tras 1936 y la acogida que tuvieron estas personalidades en países del todo mundo, en los que fueron apreciados. Repúblicas como México vieron incrementada notablemente su producción científica gracias a la aportación de las personas que acogió con tanta generosidad, muchos escritores y profesores universitarios españoles encontraron acomodo en centros universitarios norteamericanos en los que supieron reconocer su importancia y formación, etc. La guerra y el triunfo de Franco supuso el destierro de miles de personalidades formadas al amparo del proyecto que muestra esta exposición. Fue dramático el que afectó a cientos de miles de españoles de todas las clases sociales. Pero para el país fue doblemente traumático el exilio de periodistas, científicos, escritores, artistas, profesores de universidad, maestros, etc. De hecho, algunos pensamos que España todavía no se ha recuperado de aquello porque las inercias que se instalaron en el régimen de Franco para favorecer al covachuelista antes que al que tiene los méritos parecen haberse instalado en muchos ámbitos de la sociedad española impidiendo el triunfo de los mejores y el establecimiento de una forma de entender el gasto en educación, investigación científica y cultura como inversión necesaria que no debe tocarse ni en tiempos de crisis como los que atravesamos porque de este esfuerzo como país depende nuestra construcción presente y -sobre todo- futura como una nación que tiene algo que ofrecer a sus habitantes y algo que aportar al mundo.

Un año de todos los demonios. (Sobre Grecia y España.)

Syriza ha ganado con contundencia las elecciones en Grecia. En España, desde hace tiempo, los analistas y los medios de comunicación comparan la situación de ambos países y los movimientos políticos y sociales que se producen en ellos. Hay, por supuesto, más diferencias que similitudes: la situación económica griega era y es mucho peor que la española (lo que no es un consuelo), en Grecia ha surgido con fuerza en el arco parlamentario un partido político de extrema derecha y el desmoronamiento de los partidos tradicionales lleva un tiempo de adelanto con respecto al panorama español. España no es Grecia pero hay similitudes: el descrédito de la política tradicional y la aparición de nuevas formaciones, la corrupción extendida del sistema, la profundización en la brecha social, la reducción del nivel de vida de la clase media, el duro coste social para una parte considerable de la sociedad en lo referente al estado de bienestar, etc. España no es Grecia pero una parte de la fotografía de ambas sociedades tiene parecidos razonables.

De ahí que los medios de comunicación españoles hayan seguido con tanta atención lo que sucedía en Grecia desde el inicio de la crisis. De ahí también que se haya sido tan sensible a las amenazas continuas de expulsión de la zona euro de Grecia o de una condena a los infiernos de este país si desobedecía la política única que se instaló en Europa como remedio a la crisis y se atrevía a dar el poder a Syriza cuando todo dejaba claro que, fuera cual fuera el resultado, deberán entenderse los partidarios de una nueva forma de política que nos haga salir de la crisis y la Comisión europea puesto que no va a venir el apocalipsis. De hecho, los verdaderos expertos en el panorama político griego ya habían anticipado antes de las elecciones que si Syriza necesitaba pactar para subir al gobierno lo haría con Griegos Independientes, un partido de la derecha nacionalista al que le une su visión sobre la necesaria renegociación de la deuda en defensa de intereses exclusivamente nacionales y le separan muchas cosas, antes que con otros partidos de la izquierda tradicional. No se pueden trasplantar las cosas tan fácilmente de un país a otro y, sobre todo, con la deficiente y sesgada información con la que se nos sirve por los medios de comunicación que, no lo olvidemos, son empresas con intereses concretos.

En Grecia ha ocurrido algo que los sociólogos ya habían anticipado porque late en situaciones similares de la historia. Los cambios y las apuestas como la que ha hecho la ciudadanía griega por Syriza no se producen exactamente en los peores momentos de una crisis. En estos momentos la parte indignada de la población está desunida y atemorizada y piensa solo en lo más urgente y el resto se echa en manos de opciones asentadas que prometan solucionar la situación con medidas conservadoras y nada revolucionarias (en esto se parecen mucho Grecia y España). Es justo cuando todo se calma, bien porque la situación comienza a mejorar -lentamente, siempre más lentamente de lo que ocurrió en la caída-, bien porque se ha estancado y las personas terminan buscando sus propias soluciones para las cuestiones más inmediatas sin esperar que ningún político se las solucione, cuando se produce la reacción y se busca el cambio. En esto también se parecen Grecia y España cada vez más.

España tiene un año 2015 que a cualquier historiador futuro le parecerá una confabulación interesante de todos los demonios: en marzo, elecciones anticipadas en Andalucía (con el duelo por la lucha interna en el PSOE); en mayo, elecciones autonómicas y locales; en septiembre, elecciones anticipadas en Cataluña (con el telón de fondo del nacionalismo independentista); y en diciembre -si no se modifican los planes- elecciones generales. Por mucho que ahora nos parezca que no, nada será igual a principios del año 2016. Pero hasta entonces nos espera un año lleno de propaganda. Estemos muy atentos y vigilemos los movimientos en el campo de batalla.

Por el camino de sirga del Canal de Castilla, entre Dueñas y Valladolid

Por el camino de sirga del Canal de Castilla al paseante le da tiempo a pensar muchas cosas. Desde el puente de las Candelas de Dueñas hasta la dársena de Valladolid hay sus buenos 30 kilómetros que me dispongo a recorrer con la calma del que no tiene prisa por llegar. Amenaza lluvia a primera hora de la mañana, que caerá con insistencia desde Palazuelos pero el refugio está en el mismo camino, en querer seguir hacia adelante para acompasar el ritmo de los pies al de la mente. En este mes de noviembre que ya gira hacia el invierno no hay riesgo de cruzarse en un día lluvioso con muchos excursionistas. Quizá algunos que van o vuelven en bicicleta para hacer deporte o dos mujeres con grandes paraguas cerca de Aguilarejo que caminan serias y hablándose con frases cortantes y gestos enérgicos. El resto del camino es solitario y yo soy el único con mochila a la espalda. En la mochila, lo esencial: un bocadillo, agua y un termo de café caliente. Y dos bombones con licor de premio para mitad del camino.

Hasta Dueñas hay tren y después solo queda seguir la margen izquierda del ramal sur del Canal de Castilla por el camino de sirga, el que usaban las mulas para tirar de las barcazas cargadas de cereal que subían hacia Alar del Rey. Es imponente el esfuerzo que supuso la construcción del Canal y no debería pasarnos desapercibido. Bastaría con imaginarnos estos páramos de la llanura castellana sin él y sin lo que supuso. Primero, su preparación. Se hablaba de este canal desde el siglo XVI pero no fue hasta el siglo XVIII cuando se inició el proyecto, con el esfuerzo de los ilustrados por modernizar España y acompasarla a los ritmos europeos e intentando compensar un retraso de dos siglos en estos empeños necesarios. Al marqués de la Ensenada se debe el lanzar la idea definitiva y las obras se iniciaron el 16 de julio de 1753 para detenerse al año siguiente y no retomarse hasta 1759. Así es la historia de España, tan desgraciada. La obra sufrió retrasos por falta de recursos económicos y conflictos bélicos, como la guerra de la Independencia. También hubo sus corruptelas, que no faltan nunca en este país cuando se trata de obra pública. Y desde 1804 hasta 1831 se abandonó. Finalmente, sería una concesión a una empresa privada a cambio de la cesión de su gestión por setenta años lo que dio el impulso definitivo al Canal. Este ramal que recorro, el Sur, se puso en funcionamiento en 1835 y el de Campos, con final en Medina de Rioseco, en 1849. Aquellos primeros años fueron venturosos y sacaron del aislamiento a la economía castellana: se pusieron en cultivo más tierras y el excedente podía comercializarse fuera de Castilla, fuera de España, incluso, subiéndolo hasta Reinosa y de allí a Santander embarcándolo hacia el Reino Unido o hacia Holanda.

Pero no fue solo el mundo agrícola el que se vio beneficiado. El Canal significaba la visualización de la modernidad necesaria, una ventana al mundo por el que hasta los más reacios podían ver las novedades en ingeniería e industria y la importancia de las profesiones que las desarrollaban. Junto a las profesiones venían nuevas ideas. También un nuevo tipo de obrero especializado en el cuidado de las esclusas y el mantenimiento del Canal, en la conducción de las barcazas cargadas de cereal, obreros de carga y descarga en las dársenas de embarque, comerciantes que ajustaban los precios y cuidaban de la organización del trasporte.

A su vez, la fuerza motriz del agua fue usada para desarrollar una industria harinera que ha sobrevivido hasta tiempos recientes, en los que ni el trigo de Castilla parece ser ya competitivo en un mundo globalizado ni las harinas de estas tierras soportan la entrada en el mercado nacional de harinas de otros lugares, más baratas aunque casi nunca mejores. Una tras otra, las fábricas de harina surgidas a lo largo del Canal de Castilla han cerrado y los edificios abandonados marcan hitos de mejores tiempos.

Todo parecía feliz pero como suele ocurrir en España el Canal se había construido varios siglos después de lo que debiera. Se puso en funcionamiento en tiempos en los que la modernidad giraba hacia el vapor y el Canal no podía soportar la navegación de barcos con motor ni competir con el ferrocarril que fue creciendo a su lado. Todo el esfuerzo intelectual, económico y humano apenas duró unas pocas décadas y el canal pasó a tener una única función, el riego de las tierras de la zona por las que trascurre.

La importancia de este Canal es grande. Primero, porque es parte del patrimonio histórico de la ingeniería industrial -por lo tanto, de la cultura-, al que solemos dar escaso valor como país que cuida solo a empujones su historia: su importancia como testimonio de un esfuerzo de ingeniería es evidente. Por eso mismo, urge recuperar las fábricas de harina abandonadas y ponerlas en uso a la manera de la fábrica de harinas San Antonio de la dársena de Medina de Rioseco (que yo pude ver en funcionamiento en la década de los ochenta del siglo pasado guiado por el que entonces era su dueño gracias a una historia que contaré algún día) o como las del tramo final del ramal Sur. Segundo, porque aparte de su función para el riego, tiene una importancia enorme por su valor ecológico. El Canal ha creado su propio ecosistema, permite la pesca y el senderismo con interés en el deporte, la naturaleza y la cultura. Las filtraciones han creado humedales visitados por aves migratorias y el milagro del agua ha llenado sus márgenes de chopos, álamos, olmos, sauces y todo tipo de arbustos silvestres.

No todo es negativo. El Canal y el camino de sirga están bien cuidados por la Confederación Hidrógráfica del Duero, es accesible, ha sabido conservar su esencia rural y en sus tramos urbanos se ha ajardinado casi siempre con acierto recuperándolo como entorno de esparcimiento.

Pero en mi caminar, quizá por la lluvia constante y el cielo oscuro, predomina ese sinsabor de un país que solo parece desarrollarse a empujones, sin constancia, entorpecer los proyectos de futuro para desarrollarlos cuando están a punto de quedarse antiguos superados por nuevas vías de desarrollo, usarlos siempre rodeados de sospechas de corrupción y fraude y abandonar su patrimonio para redescubrirlo solo cuando ya es una ruina.

Será que es otoño y llueve.

Esclusa 39, a la altura de Cubillas de Santa Marta.

Leguario del ramal Sur del Canal indicando la distancia a cada localidad. En el lado frontal, distancia en leguas a Rioseco; en el lado sur, distancia a Alar (en este caso, 22); en el lado norte, distancia a Valladolid (en este caso, 3 y 1/4).

Fotos de la esclusa 40, cerca de Palazuelos. El edificio corresponde a la antigua fábrica de harinas César Yllera (también conocida como de Las Luisas), en lamentable estado de ruina. Todavía se conserva parte de la maquinaria antigua y moderna, como la noria del molino. Comenzó a funcionar en 1840 y se abandonó a finales del XX.

Puente de Cabezón sobre el Canal de Castilla.

Esclusa 41. 

En la actualidad se ha construido un restaurante en el edificio del molino de harina primitivo.

Esclusa 42, recientemente restaurada para dependencias del Centro de Control de la Cuenca del Duero de la Confederación Hidrográfica del Duero. Esta esclusa de navegación es la única que conserva las compuertas originales del siglo XIX. Las esclusas rectangulares de este tramo del Canal, diseñadas por la empresa privada que se hizo cargo de terminar la obra, aunque permitían el paso solo de una barcaza, supusieron una ventaja con respecto a las ovaladas de otros porque permitían una velocidad mayor en llenado y vaciado para saltar las diferencias de nivel.

Fotos correspondientes a la dársena de Valladolid, en el barrio de la Victoria junto a la carretera de Gijón, en donde todavía se conservan algunas edificaciones correspondientes a almacenes, administración y vivienda de los trabajadores, así como diversa maquinaria tanto para el control hidráulico del canal como para proceder a la carga y descarga de las barcazas.

Aliviadero de la dársena de Valladolid

Parte final del canalillo de desagüe del Canal camino del río Pisuerga. La fuerza del agua se aprovechó para instalar sobre él la fábrica de harinas la Perla en 1840 (en funcionamiento hasta los primeros años del siglo XXI), restaurada recientemente como Hotel Marqués de la Ensenada. El nombre se puso como homenaje al impulsor de la construcción del Canal de Castilla en el siglo XVIII, el político reformista ilustrado.

Salida final al río Pisuerga del agua del aliviadero del Canal, junto al Puente Mayor de Valladolid.

Las condiciones para un referéndum sobre la independencia de Cataluña

Siempre habrá un sector de la población catalana que sea cual sea la situación quiera la independencia con respecto a España. Hasta ahora este sector no era mayoritario ni podía aspirar a serlo. Lo que nos falta saber si es mayoritario o no en el presente. La evolución en la última década está muy clara: se han sumado a esta opción muchas personas que hasta este momento no querían la independencia; la presión social que llevan a cabo es creciente y su presencia en la calle cada vez más notable. No es bueno que una democracia desoiga una demanda de una parte creciente de su población. Y por eso Cataluña debe votar y deben ser los catalanes los que expresen su deseo sobre esta cuestión, no el resto de los españoles. Es la única forma de salir de dudas porque a nadie puede ocurrírsele que el resto de los españoles puedan obligar a permanecer en España a una Cataluña mayoritariamente inclinada por la independencia. Sería un absurdo histórico y una fuente de tensiones. Y si la opción mayoritaria es la independencia, debe procederse a una transición ordenada en este sentido. Y si no lo es, dedicarse a construir un Estado en el que entremos todos por lo menos durante medio siglo.

Pero lo que se planteaba para el 9 de noviembre no era la mejor opción sino la única que las estrategias políticas de CiU y PP han dejado. El presidente catalán sabía que era imposible votar el día 9 y el presidente español lo sabía también. A partir de ahí han establecido sus estrategias con un fuerte sentido electoral, sin escrúpulos ante las grietas que pudieran surgir ni el juego emocional que supone en una parte de la población, todo lo contrario: han buscado con ganas esos efectos emocionales porque piensan que les darán rendimiento en votos. Esta certeza de que no se podría votar el día 9 que tenían sin importarles que se recorriera todo el camino les hace a ambos, por igual, responsables de las consecuencias que tenga todo este movimiento. La primera es un colapso de las instituciones. Si se cumple el resto de la hoja de ruta del presidente catalán, en breve se convocarán elecciones plebiscitarias -un fraude democrático- que no legitimirán al que resulte vencedor en ellas y provocarán un mayor ruido, una inestabilidad mayor y un paréntesis muy fuerte en la recuperación económica. Este es el horizonte a corto plazo anunciado ya y ante el que no hay ninguna otra oferta por parte del presidente español porque él está pensando en sus propios procesos electorales.

En un horizonte próximo es imposible una votación sobre la independencia catalana como la planteada con suficientes garantías democráticas. La legislación nacional lo impide porque no se puede esconder en una consulta un referéndum. Jugar con esa estrategia es similar a una mentira infantil basada en la literaridad de las expresiones, casi como un chiste de Jaimito. Lo que hay que votar es, directamente, si se quiere o no se quiere la independencia porque es una demanda real y creciente en la sociedad catalana y sostenida por una gran parte de sus representantes políticos. El presidente catalán ha jugado con las palabras y con las mayorías parlamentarias: no tenía claro que pudiera ganar una votación en el parlamento si planteaba directamente la pregunta, no tenía claro ni siquiera las consecuencias internas para la propia coalición que lo sostiene, amenazada de ruptura. De ahí que no lo haya hecho y actúe como un tahúr con una hoja de ruta tramposa e imposible de cumplir a la espera de que sus resultados electorales mejoren. O quizá haya decidido convertirse en un mártir político de la independencia catalana al considerarse ya un político amortizado.

En Cataluña se debe convocar una votación para que la población catalana se exprese sobre si desea o no la independencia. Este pregunta no puede darse hoy en día. En primer lugar, porque no ha habido debate real; en segundo lugar porque la legislación lo impide. Para llegar a ella deben darse algunos pasos que se suman a un proceso general de trasformación del sistema español creado en la Transición.

La ineptitud y el interés de nuestros políticos, su falta de perspectiva histórica y el escaso compromiso de buena parte de la población española nos ha traído al año 2014 con muchos deberes sin hacer. La Constitución española necesita una profunda reforma, la legislación electoral española necesita cambios urgentes, el sistema político español debe repensarse. No es nada dramático. A diferencia de otras Constituciones, la nuestra es muy reguladora y necesita reglamentos y normas que la desarrollen. La falta de consenso entre los dos grandes partidos políticos y el apoyo de los partidos nacionalistas mayoritarios -no lo olvidemos, son corresponsables del sistema creado en la Transición española- ha mantenido interesadamente una situación que ahora se desmorona y necesita una actualización. Es normal: un sistema reglamentista como el español necesita adaptar las normas cada cierto tiempo.

Por otra parte, el encaje en España de Cataluña deben reorientarse también cada cierto tiempo por su misma raíz. Por mucho que algunos nieguen que el pasado influya en el presente, España se constituyó a partir de una federación de reinos, los derechos forales existen y no pueden anularse, así como las identidades propias de las nacionalidades que constituyen España. España es así y no sirve de nada decir que no debería ser: es parte de nuestra esencia como país. España no puede ser un Estado centralista. Después de la Constitución de 1978, ni siquiera puede reducirse a las llamadas autonomías históricas.

Tenemos, por lo tanto, que encontrar un camino común para el próximo medio siglo. Este camino no está exento de convocar un referéndum en Cataluña sobre su independencia, pero este debe hacerse mientras se trabaja con las ofertas y los debates sobre los pros y los contras y la realidad de las cosas y no solo con las emociones como argumentos. En primer lugar y aunque les dé pereza a muchos, hay que renegociar continuamente las condiciones fiscales y todo tipo de legislación.

En segundo lugar, hay que acometer toda una política de acercamiento. Sucede que a diferencia de lo que ocurría hace unos años, en las calles catalanes comienzan a escucharse a diario discursos victimistas por un lado (España nos roba, los españoles no nos quieren, los españoles desprecian nuestra lengua, la historia de España ha sido un constante ataque a los intereses catalanes) y utópicos por el otro (con la independencia crearemos un país que solucione nuestros problemas aunque tengamos que pasar unos años malos, la independencia generará una nueva realidad en la que todo será más fácil porque nadie nos dirá qué hacer ni nos robará nuestros recursos) que comienzan a calar como si fueran verdades cuando no lo son. Lo mismo sucede en el ámbito nacional. Y es muy difícil razonar con sentimientos. Por eso, se necesita de forma urgente una política de acercamiento en la que se expongan las verdades históricas y las verdades presentes, las consecuencias reales de una independencia y las posibilidades de seguir caminando juntos.

Pero es mucho más importante acometer una reforma en profundidad de la Constitución española. No sé para cuándo se va a dejar una tarea tan necesaria para la que parece no haber tiempo nunca. En la gestación de esta Constitución habrá que negociar y los resultados serán válidos para otros treinta años. A no ser, claro, que su resultado sea una imposición de una mayoría circunstancial: el camino sería, por supuesto, el mismo que tuvieron varias de las Constituciones españolas del siglo XIX puesto que nacería con fecha de caducidad.  Esta Constitución debe tener, además, una profunda vocación europeísta para recoger en ella lo que ya es un realidad.

Esta Constitución deberá someterse a su aprobación en referéndum. Y si se cambia la legislación sería posible hacer, al mismo tiempo, un referéndum exclusivamente en el ámbito catalán para que Cataluña se pronunciara sobre la independencia. Pero lo haría con un marco nuevo en el que se habría dado un debate previo, unos nuevos consensos y una nueva ilusión como país. Una nueva oportunidad de caminar juntos que ofrecería una posibilidad de ilusionar a los que no son partidarios de la independencia.

Mientras tanto, negociación continua sobre condiciones fiscales y legislación porque el sistema nacido de la Constitución de 1978 no es estático sino dinámico, por mucho que algunos estén saturados de todo esto. Se trata de hacer política, no consignas. Y esto es una tarea diaria que se traduce, sobre todo, en la negociación fiscal de cada año y en los presupuestos. No sé si a los políticos españoles les cuesta tanto hacer política como parece y quieren limitarse a hacer de tertulianos y gestores de intereses.

Ahora solo hace falta si tenemos una clase política capacitada para llevarlo a cabo.

Cataluña debe votar

Antes o después, de una forma o de otra, los catalanes votarán si quieren o no la separación del resto del territorio español. Desde hace más de un siglo el sentimiento nacionalista e independentista ha crecido considerablemente y se expresa de manera constante, abierta y cada vez ejerce mayor presión sobre los no independentistas. Tras el colapso histórico que supuso la dictadura del general Franco -que contó con significativos apoyos en la burguesía acomodada catalana-, este crecimiento ha sido exponencial. A este movimiento se han sumado, en la última década, sectores poco dados a la independencia hasta ahora, incluso sectores económicos y sociales que abominaban del nacionalismo y veían tradicionalmente lo que hoy se denomina identidad catalana como sinónimo de provinciano y popular. No es conveniente negar esta realidad: ahora quiere la independencia una parte de los que controlan el poder financiero, comercial y político de Cataluña y que hasta ahora no la quería. Lo que no sabemos aún es el porcentaje y cualquier cifra que se aventure será siempre una mera conjetura.

Antes o después se producirá una votación: por un referéndum convocado legalmente o por lo que ahora se denomina elecciones plebiscitarias, concepto no válido legalmente para apoyar un movimiento independentista pero que significará un paso más en la expresión de la voluntad de este sector creciente de catalanes independentistas y en el aprovechamiento del río revuelto por los pescadores que aparecen siempre en estas situaciones. Recordemos que en España se proclamó una República tras unas votaciones municipales.

Si esta votación no se produce porque se impide legalmente o no se lleva a cabo con todos los condicionantes legales y procedimentales democráticos porque se opta por esa falsificación del voto que supondrían una elecciones plebiscitarias o un referéndum forzado sin la autorización del Estado, no servirá más que para aumentar el ruido e incrementar la tensión. Pero para llegar a esta votación, que debe darse en formato de referéndum localizado exclusivamente en el ámbito catalán y de ninguna manera en todo el ámbito nacional, deben darse varios pasos que hasta ahora no se han dado. El primero de ellos la reforma constitucional o el consenso generalizado entre los grandes partidos de respetar una consulta popular que no cumpla los requisitos constitucionales en cuanto al ámbito de votación pero obtenga el suficiente respaldo en el parlamento catalán y en el nacional. Ambas cosas, hoy, son imposibles. La situación política lo impide y la falta de altura histórica de los políticos nacionales y catalanes, también. No habrá consulta con una razonable validez legal en los próximos años, por desgracia. Con lo cual, la situación se tensará mucho más porque la solución no será la que se produjo con la amortización del plan Ibarretxe y porque después de Cataluña vendrá una demanda similar del País Vasco.

Por lo tanto, estamos en una situación de colapso histórico al que nos han traído los intereses últimos de CiU, hasta ahora mayoritario en Cataluña, y la ceguera política de los gobernantes del Partido Popular. Ambos han jugado pésimamente sus cartas para conseguir desbloquear la situación porque a ninguno le interesaba, en verdad, hacerlo. CIU lleva años en una estrategia electoralista y en una huida hacia adelante para esconder la corrupción interna y la política brutal de recortes. El PP se ha obstinado durante demasiado tiempo en una política de enfrentamiento frontal contra las demandas catalanas para conseguir votos en el resto de España.

Desde hace más de cinco años a ninguno de estos dos partidos le ha interesado de verdad una política de entendimiento y consenso sobre esta cuestión, la más grave que tiene España hoy como Estado. Ninguno de sus líderes políticos ha estado a la altura ni es esperable que lo estén en un futuro próximo. Y es a ellos, por su peso electoral, a los que les correspondía esta tarea.

Pero las inercias históricas son imparables en el corto plazo. Sobre todo en un momento como el actual: desprestigio de las instituciones democráticas españolas; crisis económica, moral y social; descrédito de todo lo construido en la Transición, incluida la Constitución española, necesitada de una profunda reforma y actualización siempre postergada porque parece que nunca hemos tenido tiempo. No hay en el presente ningún motor ilusionador que corrija esa inercia hacia la independencia en la que muchos quieren ver la solución a todos los males que afligen hoy a Cataluña y ninguno de los riesgos que se corren en una transición de este tipo.

Los catalanes -solo los catalanes, no todos los españoles- deben votar si quieren o no quieren independencia, pero esta consulta debe hacerse en un ambiente muy diferente al actual y con toda las garantías jurídicas y democráticas. Y tras una reforma constitucional. Y esto no puede producirse el 9 de noviembre ni en unas elecciones plebiscitarias.

Los catalanes deben votar, entre otras cosas, porque lo demanda una parte importante de la población tal y como se expresa en su Parlamento y porque negarles esta demanda sería aumentar las razones para el sentimiento independentista. No se puede aplicar aquí el derecho a la autodeterminación pero sí el sentido democrático cuando un Estado detecta una situación como esta que no tiene otra solución a corto plazo. Como esta votación tardará en producirse con todas las garantías hay tiempo para negociar cómo debe hacerse, cuándo y con qué pregunta -las preguntas del referéndum convocado por el gobierno catalán son un fraude demagógico y una trampa de mal tahúr y las exigencias de sus socios parlamentarios una locura sin verdadero sentido de la legalidad ni de la legitimidad-. Pero me temo que en el ámbito nacional tampoco tenemos políticos capaces de gestionar con eficacia la cuestión catalana. El horizonte electoral próximo impedirá el diálogo sosegado, marcado por cálculos demoscópicos.

La inercia histórica nos lleva inexorablemente a que Cataluña vote antes o después si quiere o no la independencia. Pero la inercia histórica no tiene por qué llevarnos a la independencia de Cataluña de forma inexorable. Mañana intentaré explicar mis razones.