El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, por unanimidad, suspender cautelarmente de sus funciones al juez Baltasar Garzón.
Tras el final de la instrucción del juez Luciano Varela, que en su auto del pasado 12 de mayo estimaba que procedía abrir juicio oral por delito de prevaricación, el Consejo tenía pocas posibilidades de dictaminar otra cosa en aplicación de la ley. Por otra parte, el Consejo aplaza hasta la recepción de varios informes la decisión sobre la petición de traslado como asesor de Garzón a la Corte Penal Internacional. Esta última medida ha sido fuertemente contestada en diferentes medios jurídicos puesto que podría haber dado una salida digna a Baltasar Garzón. De haberse tenido en cuenta previamente a la suspensión, hubiera impedido esta medida puesto que no puede suspenderse a un juez que ha causado baja temporal en sus funciones y se podría haber tomado la medida final dentro de unos meses, cuando las cosas hubieran estado más calmadas. y el resto de los procesos abiertos contra el juez más avanzados.Una vez suspendido cautelarmente en sus funciones, es difícil de explicar administrativamente tanto el aplazamiento de la decisión sobre el traslado vinculándolo a la recepción de informes solicitados a organismos sobre los que el Consejo no tiene ningún poder como su posible aceptación. Aunque cosas más difíciles se han aceptado en todo este proceso, lo normal, por lo tanto, es que el traslado se niegue. Como había otras posibilidades que no frenaban el curso de la apertura del juicio oral, los compañeros de profesión del juez Garzón han optado por la medida más dura.
Según los rumores que han saltado a los medios de comunicación españoles, habría un pacto previo en el Consejo por el cual se le permitiría esta posibilidad de traslado como asesor a la Corte Penal Internacional a Garzón una vez conocido el acto del juez Varela. La lectura entre líneas de todo lo publicado señala a la progresista Margarita Robles, antigua Secretaria de Estado con uno de los gobiernos del PSOE presididos Felipe González, tanto como la que prometió los votos suficientes para dicho pacto como la causante final de que no se diera.
Las medidas tomadas en la instrucción del caso por Luciano Varela, también de ideología progresista y fundador de Jueces para la Democracia, pero conocido rival de Garzón desde hace años, con el que se enfrentaba en su forma de entender la profesión de juez según las noticias, dejaban muy claro, desde el principio, que el juez Varela veía indicios de delito en la instrucción de Garzón en el tema de las represalias del franquismo y las fosas comunes en las que fueron enterrados miles de asesinados cuyo único crimen fue su ideología de izquierdas y su republicanismo.
En cualquier momento de la instrucción, el juez Varela podría haberla detenido, puesto que, según muchos expertos, tantas razones había para proseguir el caso como para archivarlo. El punto más débil de la instrucción es que, mientras la Fiscalía pedía el archivo -de hecho, podría darse el caso que en el juicio oral la Fiscalía, al renunciar a acusar a Garzón, pase de su habitual papel de acusación al de defensa de Garzón-, el juez Varela seguía adelante, a pesar de que no había ninguna persona física personada en la causa como afectado -no puede haberla- gracias a las acusaciones mantenidas por dos organizaciones de ultraderecha: Falange Española -cuya acusación fue desechada finalmente al llegar fuera de plazo a una petición del juez- y Manos Limpias.
Esto es posible, en España, por la peculiar institución de la acusación popular, una tradición jurídica española incomprensible en otros sistemas judiciales y que actualmente causa más perjuicios que ventajas en los juzgados españoles, en especial en los casos de mayor resonancia, como se vio en el ejemplar juicio contra los terroristas causantes de los atentados del 11M en Madrid, en el que alguno de los que sostenían la acusación popular actuaron de tal manera que recibieron la reprimenda del tribunal; también se observa en alguno de los casos más polémicos actualmente, en los que la acusación popular parece más una defensa de los implicados. Como dice un buen amigo mío, quizá el mayor experto en la materia en España, la acusación popular se ha entendido equivocadamente como una institución progresista y democrática cuando se trata en realidad, de una peculiaridad extravagante de la legislación española que debería ser sometida de forma urgente a recortes o a su misma desaparición.
Tenemos, pues, a un juez progesista instruyendo un caso de prevaricación en contra de la opinión de la Fiscalía y sostenido únicamente por una acusación popular cargada ideológicamente en un sentido por una organización que, en otros países democráticos, estaría prohibida por defender la causa de una dictadura fascista. A esta acusación popular, el juez Varela le dio, hace pocas fechas , la posibilidad de rehacer su demanda puesto que tal y como se había presentado era insostenible para la apertura de un juicio oral. Este último fue un paso legal que dio el juez pero que también podía no haber dado con la misma legalidad: una opción del juez Varela que se atenía a las formas pero decidía un camino concreto entre los posibles. Es una peculiar alianza que, siendo irreprochable en las formas jurídicas, ha provocado tanto en los no expertos en los formalismos judiciales como en los que siéndolo saben que podrían haberse dado pasos en otro sentido igualmente irreprochables en las formas unas reacciones de sorpresa y de alarma. Las reacciones internacionales profundizan en esa sopresa y han vinculado la apertura del jucio oral, inevitablemente, con una incoherencia del sistema judicial español que permitiría la apertura de procesos contra Pinochet o los militares argentinos inplicados en los crímenes de la dictadura en aquel país, pero no contra el dictador español Francisco Franco.
Los medios de comunicación han alentado la polémica en un sentido o en otro. Todos ellos han cometido varias manipulaciones en su forma de explicar lo que estaba pasando. En la España de los últimos tiempos no hay pausa para la reflexión: el frentismo está instalado en los partidos políticos y en las empresas periodísticas. La labor diaria de cribar toda la información contaminada de intereses termina recayendo en la sociedad, que no tiene por qué saber de cuestiones formales y recibe la información última en titulares sensacionalistas que en otros países están reservados a la prensa amarilla y rara vez aparecen en la prensa seria, que suele distinguir entre lo que es información y opinión.
En España, hasta los dos últimos periódicos serios -en este sentido-, aunque ideológicamente contrarios, como El País y el Abc, han cometido manipulación en sus titulares. Traigo aquí a colación un titular de hoy de El País, que es el diario que prefiero leer cada mañana, que no es exacto: "Garzón cae por investigar el franquismo". Es una simplificación que no corresponde a la realidad, como se comprueba al leer la misma información que encabeza: Garzón no cae por investigar el franquismo sino por la forma en la que lo ha investigado.
Como dije en su día, contra Garzón se han aliado, ahora, en mi opinión, los defectos formales en su instrucción sobre el caso de las víctimas del franquismo -que no tienen por qué indicar prevaricación aunque el juez Varela vea indicios de ello- y los defectos que los expertos han señalado en otros muchos casos instruidos por él en el pasado; las envidias y/o recelos que ha causado siempre en en la profesión y que, según algunos de los que han opinado en estos momentos, han provocado una reacción que ha sumado las rivalidades con la defensa de una forma de entender la justicia diferente a la de Garzón; y la enemistad política de muchos sectores contrarios a las causas incoadas por el juez en el pasado. Hasta el punto de que da la impresión de que la excusa -el caso de las víctimas del franquismo- es lo de menos.El problema -y es un grave problema, a la vez que un síntoma social- es que la alianza de motivos se ha venido a cristalizar en un proceso de tanta sensibilidad como el de las víctimas del franquismo. Como me dijo otro amigo jurista, con la cantidad de casos en los que podrían haber parado a Garzón, han venido a frenarlo en el menos defendible ante una sensibilidad democrática y ante la comunidad internacional, puesto que Garzón ha realizado muchos y buenos servicios a ambas: pueden acertar en las formas jurídicas pero fallan y mucho en el significado ideológico del caso escogido sostenido jurídicamente a partir del uso discutible -pero legal- por la ultraderecha de la institución de la acusación popular y cuya demanda en otro momento en el que no se hubieran concitado estas fuerzas contrarias a Garzón se hubiera desestimado.
Aunque sea irreprochable jurídicamente la actuación del juez Varela y el Consejo, se debería comprender que otras salidas también perfectamente jurídicas, en este caso concreto, hubieran permitido un menor deterioro de la imagen de la Justicia española: cuidar esta imagen es también parte de la responsabilidad de los actos de cualquier juez y de todos los organismos de este poder básico de cualquier sistema democrático.
Si tantas irregularidades se veían en las llamadas garzonadas por los juristas expertos, se podría haber elegido cualquier otro caso menos sensible, como los otros dos abiertos contra Garzón y en proceso de instrucción contra la posible prevaricación en favor del Banco Santander y las escuchas decretadas en el caso Gürtel. Ser tan diligente en el caso de las víctimas del franquismo para que éste y no otro sea el motivo de suspensión cautelar del juez Garzón puede ajustarse a derecho pero es poco o nada justificable ante la opinión pública y no puede evitar que la información profundice en el desprestigio de España y en las dudas sobre la realidad democrática del país. Cosa que, tal y como están los mercados bursátiles también pueden incidir en las Bolsas, lo que ya viene a complicar más la situación española actual.
El caso es que si los periódicos que tenían una trayectoria seria tradicionalmente han caído en el sensacionalismo en sus titulares, no menos ha sucedido con los que no han tenido nunca esa trayectoria. Traigo aquí un titular del pasado jueves de La Gaceta de los Negocios, perteneciente al grupo Intereconomía, conocido por su ideología muy conservadora, contrario al Gobierno del PSOE y que a diario titula de forma sensacionalista la práctica totalidad de sus noticias de contenido político, en contra incluso de la información redactada impecablemente por sus periodistas: "El Poder Judicial suspenderá mañana al juez por prevaricador". Es la imagen con la que encabezo esta entrada. Basta la lectura de la información que hay debajo de dicho titular para comprender que éste es falso y manipulador, no sólo simplificador de la realidad, como en el de El País: Garzón no puede ser prevaricador porque aun no hay sentencia y sólo se ha dado el paso para la apertura del juicio oral. El autor del titular confunde su deseo -o el de la empresa y el sector ideológico de los lectores al que se dirige- con la verdad de la información. Y empuja a quien lee el titular a pensar que ya hay sentencia y Garzón ha sido declarado culpable de prevaricación.
España vive de titulares. Poca gente lee el resto de la información. Es más, en todos los medios de comunicación hay secciones dedicadas a relatar los titulares de los periódicos: no se suele pasar de ahí, con lo que el que escucha o lee esta información recibe cosas que no son verdad en la mayoría de los casos, sino que buscan el sensacionalismo, es decir, el efecto emocional fácil de los sectores convencidos y la recepción ingenua por aquel que piensa que si lo dice un periódico por algo será.
El clima social español se está tensionando gravemente. El panorama es alarmante por la costumbre frentista que se ha generado en la política desde los años noventa, con la decadencia al frente del Gobierno de Felipe González y la aparición de José María Aznar con sus modos de hacer oposición; la participación en este clima de los medios de comunicación que son, no lo olvidemos, empresas con intereses en sectores económicos claves y cuya proximidad al Poder no se da sólo por razones ideológicas; la nula aceptación del Partido Popular por la forma en la que perdieron el Gobierno en 2004; la grave crisis económica del país ante la que el Gobierno del PSOE ha tardado en reaccionar eficazmente tras negarla durante demasiado tiempo; la proximidad de los comicios electorales de los dos próximos años, etc.
En medio, la mayor parte de los ciudadanos no son expertos en cuestiones jurídicas, ni en el campo de la comunicación, ni en la economía. Sólo reciben la información que se les facilita a través de los grandes medios de comunicación y mucha gente no pasa - no puede pasar porque no comprende mayores tecnicismos o, en algunos casos, porque su razón está dominada por el sectarismo ideológico- de los titulares. De ahí que debamos pedir sosiego a los grandes periódicos y los informativos de las grandes cadenas de radio y televisión, que deberían saber distinguir, en todo momento, información de opinión: una empresa periodística no debe renunciar a la opinión, pero debe saber separarla de la información. Más aun en situaciones complicadas. Lo contrario es amarillismo puro.
Por el camino, lamentablemente, quedan miles de víctimas del franquismo enterradas en cunetas y fosas comunes cuyos restos nos reclaman hoy, más que nunca, sensatez, justicia y dignidad. Exijamos a nuestros políticos que cumplan su función y promuevan que sean enterrados con el decoro que merecen.
