El derecho a la cultura

Aunque hay antecedentes, especialmente desde el siglo XIX surgieron instituciones que promovían la cultura popular. La cultura, a partir de la institución del sistema parlamentario liberal y el avance de la democracia, no se entendió como un privilegio de unos pocos, sino como un derecho. Aparecieron, entonces, todo tipo de asociaciones, ateneos, liceos, etc. que la promovieron más allá de la docencia convencional. No me refiero aquí a la enseñanza reglada que fue amparada y promovida por los Gobiernos y que fue extendiendo la alfabetización en todas las capas sociales, sino a la labor de grupos de ciudadanos que consideraron que ejercer el derecho a la cultura y promoverlo sin distinción de clase social, sexo o fortuna económica era un deber cívico.

Este fenómeno ha sido especialmente urbano, asociado sobre todo al crecimiento de las ciudades desde la Revolución industrial, que aportó un alto número de habitantes que provenían del campo y que no habían tenido la oportunidad de desarrollar estudios apenas iniciados y que debieron abandonarse para encontrar trabajo y un sueldo apenas iniciada la juventud. En el caso de las mujeres, además, hasta los años setenta del siglo pasado, se consideraba que les bastaba con nociones básicas porque su destino era, fundamentalmente, el trabajo como ama de casa y la crianza de los hijos.

Por suerte, hoy en día se considera la educación de manera diferente. Especialmente llamativo es el caso de las mujeres -en el mundo occidental, claro, puesto que la situación no es similar en todo el mundo-, que hoy ocupan mayoritariamente las aulas universitarias.

Sin embargo, no todo el mundo puede o quiere continuar sus estudios más allá de los tramos obligatorios: la fortuna, la situación económica, las elecciones tomadas a una edad temprana, apartan a muchos sectores de la sociedad de la continuidad en su formación. No es criticable: no todos tienen por qué ser universitarios, cuando, además, ser universitario hoy no es una garantía inicial de formación.

Así pues, en todos los países occidentales, hallamos un gran número de habitantes que se apartaron muy pronto de la educación, pero que quieren ejercer su derecho a la cultura en un formato no reglado pero con todas las garantías para su formación intelectual: personas mayores que, en su juventud, debieron buscar un trabajo para contribuir a la economía familiar o independizarse; mujeres a las que ni su familia ni la sociedad les daba una verdadera oportunidad para continuar sus estudios; jóvenes que, por unas u otras circunstancias, dejaron de estudiar en la adolescencia, etc. A ellos se suma un sector de la población que sí estudió, pero, pasados los años y, en especial, cuando llega la edad de la jubilación, quieren mantenerse activos intelectualmente, aprender cosas nuevas, materias que no entraban en los estudios realizados o nuevas formas de enfocar lo que se les enseñó hace treinta o cuarenta años. Parte sustancial de toda esta cuestión es otro derecho ciudadano: la construcción de espacios de sociabilidad.

Demandar y ejercer el derecho a la cultura es una de las mejores pruebas del dinamismo de una sociedad. Aquellas primeras agrupaciones del siglo XIX, hoy se han trasformado en Universidades de la Experiencia -gestionadas por Universidades públicas y dirigidas a personas mayores-, Universidades Populares, Ateneos, Asociaciones culturales, etc.

Las instituciones están obligadas a ampararlas, facilitar su trabajo y contribuir, en todo lo posible, a su éxito, porque es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los gobernantes.

Todo esto viene a cuento porque la Universidad Popular para la Educación y Cultura de Burgos y la Asociación para el Fomento de la Educación de Adultos viven tiempos de incertidumbre sobre su ubicación, lo que puede hacer peligrar la continuidad de una excelente iniciativa. Desde aquí pido a las instituciones que apoyen sin ambigüedad ni dilaciones una realidad que cuenta con muchos años de experiencia y por cuyas iniciativas y clases han pasado miles de ciudadanos.

Y que las agrupaciones para la defensa de la cultura se extiendan por todos los lugares como una forma de ejercer un derecho que todos tenemos.