La herencia del ministro Wert en la educación española

José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el pasado 26 de junio, ha dejado una de las herencias políticas más desastrosas de la historia reciente española. Ni mejoró o consolidó las normativas existentes a su llegada ni desarrolló satisfactoriamente las iniciativas personales. No fue capaz de fomentar consensos generales en ninguna de las materias de las que se ocupaba en su ministerio y generó desacuerdos de casi todos los sectores, incluso entre los afines al Gobierno. Era tal su impopularidad que hasta en algunas de sus opiniones e ideas que podrían haber dado frutos positivos encontró, por su forma de plantearlas, enfrentamientos constantes. Los últimos meses de su mandato fueron un ejemplo de ineficacia y de cómo un responsable político era capaz de esconderse en los momentos en los que tocaba impulsar algunas de las reformas claves para un país y que él mismo había prometido al inicio de su actuación como ministro. En esto, los mentideros políticos no se ponen de acuerdo: no se sabe si fue propia iniciativa o que alguien le recomendó que desapareciera de la primera fila de las noticias.

En estos días en los que se abre el curso escolar, todo está peor que cuando él llegó al ministerio. No entraré a valorar aquí los aspectos ideológicos de sus iniciativas: su nombramiento fue fruto de una victoria electoral y, por lo tanto, son los españoles los que decidieron apoyarlas con sus votos. Pero sí quiero desbrozar el panorama presente. Los recortes en materia de educación han sido brutales y costará años remontarlos. Su gran iniciativa parlamentaria, la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha sido contestada desde todos los ámbitos y muchas Comunidades autónomas se han declarado en franca rebeldía a la hora de implantarla. Incluso aquellas que permanecen bajo gobiernos de su propio partido se encuentran desorientadas porque a estas alturas faltan reglamentos necesarios para su desarrollo y aclaración de puntos esenciales tanto en las famosas pruebas evaluatorias de nivel como en el acceso a la universidad. En momentos de crisis, muchas familias se ven obligadas a un alto gasto en libros escolares porque las materias han cambiado y muchos centros escolares ni siquiera saben cómo actuar ante las novedades ni los efectos que tendrán sobre cada centro concreto. Los partidos de la oposición se han comprometido a cambiar esta Ley en cuanto lleguen al gobierno nacional.

En materia universitaria, la situación no es mejor. Al ministro Wert no le dio tiempo -o le fallaron las fuerzas y los apoyos- para presentar su reforma de la Ley orgánica que rige las universidades españolas. El famoso estudio encargado a un comité de expertos no se desarrolló y aunque muchas de las premisas de su diagnóstico eran válidas, las formas de solucionarlos eran discutibles. El mismo ministro lo metió en un cajón y bien por cautela política bien por imposibilidad, no siguió las recomendaciones que sus propios expertos le dictaminaban. Pero una sucesión de decretos aprobados bajo su mandato han dejado desnortado el sistema universitario español, especialmente el sistema público de universidades que, hasta hace un tiempo, era la garantía de unos estudios universitarios homogéneos en todo el país y que se debe reformar no para rebajarlo sino para que siga siendo garantía de cohesión e igualdad de oportunidades tanto por razones históricas como sociales. Los recortes y los efectos de estos decretos han tenido una doble consecuencia: ni se soluciona la alarmante situación de la universidad española ni se articula un sistema legal completo que permita un nuevo panorama que la impulse. En estos momentos, cada universidad batalla por libre en una guerra que solo podrán ganar las universidades privadas a no ser que cambie mucho el panorama en los próximos años. En esto, como ya he dicho en otras entradas de este espacio, no tienen culpa solo los ministros que se han sucedido sino que también hay responsabilidad interna en el mundo universitario español

Nos enfrentamos, durante este curso, a unas nuevas elecciones generales. Sea cual sea el resultado final de ellas, se producirá un paréntesis legislativo de muchos meses en el que solo se administrará la educación española con parches y soluciones provisionales a la espera de las nuevas leyes que no solo están anunciadas sino que son necesarias dada la difícil viabilidad de las existentes. Incluso aunque gobernara el mismo partido que en la actualidad, deberá reformar la LOMCE y desarrollar una nueva Ley orgánica de universidades porque el panorama legislativo actual es inadecuado. Estos meses de parón son un problema pero si después de las elecciones se pudiera generar la idea de consenso en la educación española en todos sus niveles y conseguir que las nuevas leyes fueran acuerdos generales que pudieran durar décadas, la sociedad española saldría ganando.

Ojalá pudiera ser optimista y olvidarme de lo que ha ocurrido desde hace tiempo en España, en la que los grandes partidos que han gobernado han sido incapaces de ponerse de acuerdo en esta materia y se ha sometido a la educación a un continuo cambio legislativo. No sé si somos conscientes de que la mejor manera de evitar muchos de los problemas que aquejan al país hoy (desde el de los nacionalismos hasta la debilidad económica española ante cualquier crisis) se corregirían con una buen sistema educativo nacido de una legislación estable en cuya redacción e implantación participarán de verdad más sectores profesionales que los políticos y se desarrollara con una clara implicación de la sociedad española.