Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (y IV)

Entrada I. Panorama histórico.

Entrada II. Desconfianza mutua.

Entrada III. Desde 1978.

No hay más opciones. Si las inercias no cambian, España estará condenada como país a vivir su historia democrática a empujones como hasta ahora. Períodos sosegados en los que coincida una buena coyuntura económica o un enemigo común que haga difícil expresar la discrepancia, en los que la ciudadanía esté más o menos conforme y asimilada con la situación porque todo aparezca tranquilo y se modernicen las infraestructuras y la calidad de vida a pesar de la corrupción latente, frente a períodos de inestabilidad provocados por crisis internas y coyunturas económicas negativas, en los que la ciudadanía se indigne ante lo que ha pasado como si no lo hubiera sabido y protagonice asonadas más o menos generales. Tras los períodos de inestabilidad, la tendencia natural de todas las sociedades es buscar, a cualquier precio, la tranquilidad y la paz social. Independientemente del color político. Esto lo saben los que diseñan las estrategias electorales y los programas políticos.

Estas inercias no llevarán a la democratización de la vida pública sino a la permanencia de los elementos mencionados en el título de esta serie: paternalismo en el ejercicio del poder; personalismo que lleva a estructuras presidencialistas en las que se identifica al líder con la institución, la ciudad o la nación; caciquismo en las estructuras jerárquicas de todas las instituciones que controlen cada uno de los pasos -desde lo local hasta lo nacional- y que se alimenten de forma piramidal para que nada cambie por mucho que se modernice el paisaje.

Como consecuencia, estos vicios morales seguirán instalados en el país y seguirán siendo los rectores mayoritarios de una sociedad que termina tomándolos como algo natural y en la que los individuos críticos suelen ser apartados con formas expeditivas mientras que se delega el voto mayoritario en uno u otro partido que, de esta manera, no tienen que pactar y negociar cada decisión que toman. En España, salvo en momentos verdaderamente excepcionales, no estamos acostumbrados al pacto. De ahí el miedo que tienen las organizaciones tradicionales ante el panorama que se puede presentar tras las elecciones de este año.

Aquellos que por la decisión de los votantes tienen que pactar para gobernar suelen buscar estrategias de última hora para romper el pacto en los meses finales de la legislatura para presentarse sin eso que consideran un lastre; aquellos que por un resultado democrático se ven abocados a la negociación continua la toman como un mal y no como una ventaja y suelen repartirse el poder por áreas procurando no entrometerse en la del aliado: entre perros no se pisan las colas, mientras haya para todos y todavía falte tiempo para la siguiente convocatoria electoral. Así no se gobierna tanto con consensos como con parcelas que son manejadas de forma independiente pero con los mismos vicios. Los socios solo se ponen de acuerdo para defenderse ante un enemigo común. Y, a la mínima oportunidad, se rompe el pacto de gobierno intentando hacer todo el daño posible al antiguo aliado.

Mientras tanto, el ciudadano se acostumbra a que las cosas sean así porque siempre han sido así: busca la forma de atajar en las pequeñas cosas (saltarse una lista de espera o determinados trámites administrativos gracias a un familiar), la pequeña evasión de impuestos (no pagar el IVA al electricista que viene a arreglarte algo a casa), no reclamar porque no sirve de nada, no enfrentarse con el poder porque el poder siempre usará de las armas más innobles -legales o no- para hacerle la vida imposible, etc. Esta asimilación del ciudadano a la situación provoca que nada cambie, que los políticos o los cargos públicos no se sientan presionados para ser honrados y que, si es esa su tendencia, ejerzan su cuota de poder de forma arbitraria, paternalista, personalista y caciquil. Incluso aunque toda su actuación fuera ilegal cuentan con que el ciudadano no va a reclamar (porque es caro, porque se pierde el tiempo, porque no sirve para nada) o que si lo hace no siempre ganará aunque tenga razón (puede no cumplir con los trámites como marca la  normativa, puede encontrarse con una institución con los mismos vicios que busca recurrir) o que si gana haya pasado ya tanto tiempo que el mal de origen ya sea incorregible y tenga difícil o imposible reparación. También cuentan -hasta ahora- con otra baza: si generan el suficiente temor ante la inestabilidad provocada por los críticos, la mayoría buscará la tranquilidad del mal conocido.

No hay más opciones si queremos que la historia de la España democrática genere impulsos verdaderamente democráticos. Por una parte, los políticos deben comprender su papel como líderes sociales, a los que les corresponde una pedagogía democrática antes que la mera gestión:

• Deben impulsar en la educación desde los primeros niveles una forma de entender la democracia que alimente al individuo crítico y consciente tanto de sus derechos como de sus deberes, fomentando la participación ciudadana en la vida pública.
• Deben asumir, por lo tanto, su verdadera condición como representantes designados por la sociedad -por toda y no solo por sus votantes-, buscar pactos de Estado, actuar con honestidad, impulsar cambios legislativos para fomentar el control en la gestión y hacer verdaderamente trasparente toda la administración pública. 
• Deben limitar por ley los mandatos sea cual sea el cargo, incluso aquellos internos de las organizaciones políticas.
• Deben aprobar leyes que amparen las iniciativas legislativas populares y la presencia de los ciudadanos en las instituciones bien directamente bien a través de las asociaciones y plataformas.
• Deben aprobar las listas abiertas en todas las convocatorias electorales.
• Deben abrir oficinas -para los votantes suyos y los que no lo son- en sus circunscripciones, con medidas que hagan públicas estas reuniones, las demandas de los ciudadanos y el resultado de sus gestiones.
• Debe impulsar la supresión de toda institución y organismo que no sirva para mejorar la sociedad española y que solo esconda la colocación de los afines, el premio a los leales o la huida del control necesario en la gestión pública.

Por otra, la sociedad debe ser consciente de que está compuesta de ciudadanos y no de súbditos, individuos libres con derechos y deberes que deben ejercer a pesar de todos los inconvenientes:

• Debe ejercer esta condición de ciudadano tanto de forma individual como de forma colectiva, asociándose tanto para las causas permanentes como las concretas y circunstanciales.
• Debe exigir de sus políticos que se faciliten los medios, las medidas legislativas y las facilidades administrativas para que todo sea trasparente, eficaz, legal y ético.
• Debe comprender que la democracia no es el resultado de unas votaciones cada cuatro años sino la labor diaria que se manifiesta en la vida real, en el compromiso, en la aceptación del otro, en la reclamación ante las irregularidades pequeñas o grandes. Por lo tanto, debe comprender que asociarse, agruparse, es algo normal y necesario en una democracia en la que el individuo debe luchar contra fuerzas económicas poderosas de carácter global que tienen el suficiente poder como para comprar voluntades y torcer decisiones de los gobiernos.
• Debe comprender que ser ciudadano es también instruirse, formarse, ocupar una parte de su tiempo en la educación propia y en la participación activa en la vida colectiva.
• Debe actuar de tal manera que, ante la inclinación a la corrupción, al paternalismo, el personalismo y el caciquismo no sirve de nada reproducir en menor escala los mismos vicios. La única forma de combatirlos y mejorar su vida y la de las generaciones futuras es actuar en un sentido totalmente contrario.

No hay más opciones. A no ser que queramos perpetuar los tropiezos de la historia democrática española y vayamos de desilusión en desilusión, de crisis en crisis, de panorama de la corrupción en panorama de la corrupción y de asonada en asonada. Es tiempo ya de cambiar esta inercia histórica y de modernizar España de una vez por todas.