Paternalismo, personalismo, caciquismo y democracia española (II)

Por las razones apuntadas en mi entrada de ayer, la historia de los períodos democráticos españoles está llena de espadones y hombres fuertes a los que se recurría cuando la marea popular parecía ingobernable a los políticos de uno y otro bando o a los dos -el caso de Primo de Rivera o las investigaciones que afirman que unos meses antes del golpe de estado fallido del 23 de febrero de 1981 se documentan movimientos de varios partidos del arco político parlamentario de ideología diversa que buscaban un hombre fuerte, militar incluso, que presidiera un gobierno de salvación nacional para desatascar la situación provocada por el desgaste de Suárez.

Estos prohombres actuaban con paternalismo, que es en realidad algo muy alejado de la democracia aunque a veces conserve las formas. Por las mismas razones, la historia de la democracia española está llena de personalismos por los que las instituciones se identificaban con personas concretas y su permanencia en el cargo parecería razón de estado. Es curioso cómo en el siglo XIX se recurría una y otra vez a personas como Narváez o Espartero -por poner solo dos ejemplos de signo contrario- que habían demostrado su incapacidad para gobernar con consensos y conciencia democrática. De la misma manera, este pensamiento dejó que arraigara en España el caciquismo, que está en el origen de muchas de las tramas de corrupción actuales.

Pero lo peor de esta mentalidad es que ha generado un perverso círculo vicioso según el cual los políticos no se fían, en realidad, del pueblo y este no se fía de sus políticos. Aquellos ven al pueblo español como inmaduro para asumir la democracia y de ahí que deba ser dirigido o sangrado convenientemente en beneficio de los corruptos puesto que es burro y vota al que promete llevar la playa a un municipio alejado del mar varios quilómetros; el pueblo español siempre ha tenido recelos evidentes sobre la honradez de sus políticos y su capacidad para gestionar las cosas, salvo excepciones muy concretas. Estas excepciones abarcan un corto período de tiempo porque al que se ensalza hoy se le defenestra mañana para glorificarlo cuando ya está fuera de toda posibilidad de volver a la política, como ha demostrado el caso evidente de Adolfo Suárez.

Este círculo vicioso ha generado una desconfianza radical de unos con otros. Los ciudadanos españoles se desentienden de la política salvo de vez en cuando, cuando se indignan o protagonizan asonadas, dejan que sus políticos sean corruptos mientras todo vaya bien y han pensado siempre sin exigir medidas correctoras que todo aquel que llega a la política lo hace, en primer lugar, para beneficio propio y no del común. De ahí que todo político pueda ser ensalzado cuando lo hace bien pero también cuando lo imputan ante la justicia por corrupción siempre y cuando todos se hayan beneficiado de la fiesta. Hay fotografías en los periódicos de estas décadas pasadas de vecinos de una localidad apoyando a su alcalde cuando entra a declarar en un juzgado por corrupción y ovacionándole cuando ingresa en prisión. Unas imágenes que son pura definición del caciquismo enquistado en la sociedad española. Por eso mismo, a los partidos políticos no les interesa suprimir ni reformar el Senado, que se ha convertido en cementerio de elefantes en el que se pagan los servicios prestados en las estructuras internas de las organizaciones, ni las Diputaciones, una institución heredada de los viejos tiempos de los caciques. Con ellas hacen regalías, colocan personas, subvencionan los pueblos fieles, pagan festejos populares y dominan buena parte de las páginas interiores de los periódicos locales.

Los políticos, por su parte, han generado estructuras de partido alejadas de una razón democrática, fuertemente jerárquicas y personalistas y más alejadas aún del pueblo que les vota. España es un país de diputados cuneros o de paracaidistas impuestos por las jerarquías del partido a costa de divisiones internas y descontentos de los afiliados que sostienen el día a día en una localidad, una democracia en la que el diputado solo va de fin de semana a su circunscripción pero no tiene abierta oficina en ella porque la foto que le importa para permanecer en el cargo es la de la ejecutiva, no la de sus reuniones con los votantes.