Por la dignidad

A veces uno se interroga sobre las razones por las que la España democrática que nació en 1978 sigue enredada en el pasado franquista tantos años después de la muerte del dictador. La Transición se hizo como se pudo y fue un mérito de quienes la hicieron desbloquear rápidamente una situación que amenazaba con causar más altercados de los que ya ocurrieron, que fueron muchos más de los que nuestra frágil memoria recuerda en un repaso rápido. Altercados que amenazaron con echar abajo todo y que causaron muertos y heridos cuya historia aún está por contar por mucho que se haya escrito sobre aquellos tiempos. Hubo una urgencia histórica que provocó que políticos de fuerzas antagónicas pactaran para que en pocos meses hubiera reconocimiento de todos los partidos políticos, elecciones democráticas y una Constitución. Quizá todo aquello fue necesario o, por lo menos, fue lo que se pudo conseguir por la vía rápida para normalizar la situación de España en Europa cuanto antes ante las presiones internas y externas.

Sin embargo, lo que ya no es comprensible es que después de conseguir esa normalización no se adoptaran medidas en las décadas siguientes para terminar de recuperar el pulso democrático del país con la obtención de la dignidad institucional, sin la cual siempre habrá una mancha de origen en el sistema democrático nacido en 1978. El bipartidismo resultante, la mentalidad de nuevo rico que se extendió en la sociedad, los intereses en un sector del poder financiero y social para que no se destaparan sus implicaciones con el pasado franquista y la mirada febril hacia el futuro del que no sabe que solo se puede construir sólidamente a partir de sanear los cimientos explican en parte lo ocurrido.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 intentó corregir este olvido de la dignidad institucional cuando ya se suponían superadas las reticencias. Pero no se ha terminado de cumplir por el escaso empuje en su aplicación, la falta de regulación concreta, su ninguneo por los sectores conservadores y la escasez de recursos económicos puesto al servicio de sus fines. Con la llegada de la crisis económica se ha encontrado la excusa perfecta para darla por enterrada sin que haya sido abolida. Hay que reconocer que tampoco es una prioridad en la mente de la mayoría de los españoles.

Hoy representan un sector minoritario, casi inapreciable, los que defienden directamente el legado del dictador Franco. Muchos de ellos consideran, en parte, a Franco como traidor a los ideales falangistas. Todos ellos consideran traidores al rey Juan Carlos I y al Presidente Suárez. En el otro lado ni siquiera se busca la venganza o la depuración de responsabilidades personales. Los familiares de los miles de desaparecidos solo quieren enterrar a los suyos con dignidad y no quieren acometer acciones legales contra los escasos responsables de los crímenes que quedan con vida: no es ese el objetivo, sino la dignidad de enterrar los restos de los suyos y descansar por fin en un afán en el que llevan décadas, la mayor parte de ellas en un humillante silencio. Esta misma dignidad es la que deben buscar las instituciones. Es incomprensible que en la España de hoy se encuentren monumentos y placas que tributan homenaje a Franco o a los fascistas que protagonizaron los hechos más oscuros de aquellos tiempos y que miles de personas sigan enterradas en fosas comunes sin localizar. No existe un caso parecido en ningún país democrático. El régimen de Franco tuvo décadas para recuperar, enterrar y homenajear a sus caídos y la democracia española no ha restablecido la necesaria dignidad institucional.

En el cerro de San Cristóbal de Valladolid, a pesar de que todo avala su derribo y el traslado del conjunto escultórico al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y que así se ha anunciado en varias ocasiones, sigue alzándose el monumento a Onésimo Redondo. Inaugurado con la presencia del dictador el 24 de julio de 1961 al cumplirse los veinticinco años de su muerte en una escaramuza provocada por un error al creerse en un pueblo leal y encontrarse con un grupo de milicianos republicanos, homenajea de una forma visible a quilómetros de distancia la memoria de uno de los fundadores de las JONS. Hoy el paraje está abandonado y el monumento solo sirve para escasos homenajes de unos pocos nostálgicos que en otros países estarían prohibidos por ley y esporádicos ataques vandálicos de organizaciones contrarias. Es más la desidia y la acción del tiempo lo que explica la situación actual de un monumento a una persona que en los primeros días de la guerra civil organizó la conocida como patrulla del amanecer -similar a tantas que cubrieron de oprobio y dolor la retaguardia de los bandos enfrentados-, que recorría los pueblos del entorno de la capital asesinando a todo aquel contrario a sus ideas que no encontrara suficiente protección o no se escondiera o huyera. En los pocos días que trascurrieron desde el golpe de Estado hasta su fallecimiento, fue responsable de decenas de asesinatos: personas que eran sacadas de su casas y fusiladas sin juicio previo. Sus víctimas están enterradas en fosas comunes de los cercanos Montes Torozos y en otros parajes, muchas de ellas sin localizar aún.

Ya no es lugar para la venganza ni para pedir responsabilidades, ni siquiera hay heridas abiertas o que reabrir por mucho que saquen este espantajo los que no quieren que se corrija uno de los graves errores de las instituciones democráticas españolas actuales. El tiempo y la historia pone a cada uno en su lugar y los fanatismos ideológicos, del tipo que sean, no aceptarán ninguna razón, cosa que deberá plantearse seriamente todo aquel al que le hayan molestado estas líneas. En aquella guerra incivil lo primero que se derribó fue la razón, el debate, el consenso y la justicia. De quién fue la responsabilidad del desencadenamiento de la guerra y sus directrices militares y políticas se encargarán los historiadores. Pero de la recuperación de la dignidad se deben encargar los políticos presentes y esta no se podrá tener del todo mientras persistan monumentos como este y miles de cuerpos de personas enterrados en cunetas y fosas comunes por las tierras de España a los que sus descendientes no pueden honrar como es su deseo.