Reflexiones sobre la Doctrina Parot y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Esta entrada de hoy, que sé polémica, quiere ser respetuosa con las víctimas de aquellos delincuentes que se han visto beneficiados por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha resuelto contra la aplicación de la llamada Doctrina Parot en España. No soy jurista y lo que expreso a continuación tiene más que ver con mi condición de ciudadano alarmado por la radicalización y la intransigencia que percibo en el ruido de los medios de comunicación, que ha calado notablemente en la opinión pública.

En este espacio me he manifestado en varias ocasiones contra el terrorismo de ETA y siempre he mostrado mi solidaridad con sus víctimas. También quiero expresamente detestar los crímenes de violencia sexual y asesinatos cometidos por aquellos delincuentes a los que se aplicó en su día esta Doctrina y que, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, salen a la calle en estas fechas. Reconozco que en las últimas semanas he pensado en varias ocasiones manifestar mi opinión al respecto y que si no lo he hecho no ha sido tanto porque me faltara valor como por ese respeto a las víctimas. Sin embargo, dos cosas me llevan a escribir este texto ahora: en primer lugar, una persona muy querida había notado que en la La Acequia no había opinado sobre esto; en segundo lugar, ver cómo una parte de los medios de los medios de comunicación españoles -casi todos, en realidad- han convertido este asunto en una parte más del desgradable espectáculo mediático en el que se trasformado el debate en España, que ha perdido su carácter sosegado y con la misma radicalidad opina de fútbol que de política o de decisiones políticas. Y con el mismo interés por las audiencias fomenta la intransigencia que muestra con morbo -hoy mismo, en un telediario de máxima audiencia- el dolor de una madre por la muerte de su hija de tres años en el incendio de su vivienda.  Hoy en España no se puede razonar sobre nada en los medios de comunicación, solo se sabe gritar y ofender en busca de dos cosas: el tertuliano se convierte en un monigote esperpéntico para ser contratado por su carácter vociferante antes que por sus opiniones; los medios de comunicación viven de generar banderías y acaparar audiencias.

Soy consciente también de que la Doctrina Parot fue una hábil estrategia jurídica de apoyo a las medidas políticas que pretendían el final de ETA y que, como tal, ha servido como una parte de las acciones que la sociedad española democrática elaboró con aquella finalidad. Las cosas deben llamarse por su nombre. Entre estas acciones se encontraba también la Ley de Partidos y las negociaciones mantenidas por los gobiernos de uno y otro color con la banda territorista. Estas acciones en el límite de lo legal -y otras fuera de la legalidad- han sido usadas por todos los gobiernos del mundo en situaciones similares. España no es un país diferente en esto al resto.

Como se sabe, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias España se ha comprometido a respetar, ha dictaminado en contra de la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot, no de esta Doctrina, cuya esencia se mantiene vigente sin mayores problemas. Es decir, el endurecimiento de las penas que reclaman la mayor parte de las personas que se han manifestado contra la sentencia del Tribunal Europeo, ya se aplica a los condenados con la nueva situación desde hace años. Hablamos, por lo tanto de unos casos concretos porque antes de la aplicación de la Doctrina Parot de forma retroactiva los delincuentes salían a la calle cuando habían cumplido sus condenas incluidos los beneficios de redención de penas y los juzgados desde entonces llevan incorporadas ya las medidas que ahora se reclaman como si no existieran.

Con todas las salvedades anteriores y pronunciándome de nuevo contra el terrorismo etarra y la violencia sexual y los asesinatos cometidos por estos delicuentes que ahora salen a la calle tras haber cumplido sus condenas, tengo varias preguntas.

En primer lugar, me gustaría saber por qué la mayoría de aquellos que están en contra de que salgan a la calle los terroristas de ETA una vez cumplidas sus condenas proceden de sectores que son incapaces de condenar los crímenes cometidos por el franquismo. Las personas que en los medios de comunicación alientan contra la sentencia del Tribunal Europeo y ven en todo lo sucedido una conspiración de Estado en la que se encuentran el Presidente del Gobierno anterior, el actual, los últimos Ministros del Interior y los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ven mal que un Ley de punto final elaborada en el postfranquismo impida juzgar a los que cometieron crímenes bajo la dictadura franquista. En un medio de comunicación de la llamada TDTparty, significativamente inclinado hacia el conservadurismo más radical, he visto a un reportero preguntar a los vecinos de un pueblo del País Vasco qué les parecía que un terrorista etarra pusiera, tras salir de la cárcel, una cristalería en los bajos del edificio en donde vive la viuda de un hombre asesinado por él. Evientemente, es algo manifiestamente rechazable. Pero en ese mismo medio de comunicación jamás he visto un reportaje similar -en el que el entrevistador opinara y forzara las respuestas- en el que se preguntara qué le parecía al hijo o al nieto de un asesinado por el franquismo que su padre o su abuelo aún permaneciera en una cuneta o que aquel que fue culpable de su asesinato siguiera como una de las fuerzas vivas de su pueblo o qué le parecía al familiar de un torturado por la policía franquista que el torturador cobrara la pensión correspondiente del Estado democrático y que en España no se le pueda juzgar por lo que hizo.

En segundo lugar, me gustaría saber si de verdad estas personas que se manifiestan de forma tan radical son conscientes de lo que significa que una medida legislativa o una Doctrina jurídica se aplique de forma retroactiva. Es decir, de la inseguridad jurídica que esto significa y de los peligros de aplicarla según la alarma social creada por los medios de comunicación y de dejar en manos de los legisladores actuales acciones tan arriesgadas jurídicamente y que desde su inicio son seriamente cuestionadas como contrarias a los Derechos Humanos.

Descontados los terroristas de ETA, me gustaría saber si somos conscientes de cuántos presos van a salir a la calle tras la sentencia del Tribunal Europeo y si esto justifica la alarma social creada. Evidentemente, aquellos que han cometido crímenes basados en la violencia sexual tienen un alto índice de posibilidades de volver a cometer los mismos crímenes por los que fueron condenados y todos nos sentiríamos más seguros si fueran controlados de alguna manera que no vulnerara sus derechos de ciudadanos libres por la policía. Medidas suficientes han sido probadas en países democráticos sin atentar a sus derechos pero que tranquilizan a la opinión pública. Sabiendo todos que la absoluta seguridad no existe con ninguna medida policial o legislativa. Me gustaría saber qué se propone que no esté en el nuevo Código en vigor y que pueda ser homologable con un sentido de la justicia democrática.

Desde hace unos, en España se ha hecho espectáculo mediático de las entradas y salidas de los juzgados. La alarma social creada por los medios de comunicación en la opinión pública ha hecho que se endurezcan severamente las penas y que ya no se confíe en la función redentora de la prisión. Pienso que no es el camino acertado como detesto el linchamiento o la justicia como venganza. Aunque sienta el mismo temor que cualquiera ante la posibilidad de que uno de estos criminales viva en mi barrio tras haber cumplido su sentencia.

No me gusta el ceño airado que se les ha puesto a mis compatriotas. No me gusta una sociedad en la que no se puede debatir sin gritos. No me gusta una sociedad tan maleable y asustadiza cuya capacidad de raciocinio está sesgada por los medios de comunicación que han hecho de la opinión un espectáculo. No me gusta una sociedad que te expulsa de ella en cuanto aplicas la serenidad y no el forofismo de los habituales tertulianos, sean de la ideología que sean.