Concertina

En España han aumentado los anuncios publicitarios de empresas que se dedican a la seguridad del hogar. Venden alarmas y afirman que han aumentado los robos y todo el barrio se ha llenado de ellas como consecuencia. En otra escala, el Gobierno español prepara una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que aparta a los jueces de la calificación de determinados actos y los pasa a tratar como sanciones administrativas con fuertes multas económicas. En principio, parecería que pasar una actuación de delito a falta administrativa suaviza las penas, en la práctica el efecto es contrario: no habrá un juez que vele en primera instancia por la aplicación de la sanción, que será impuesta directamente por la administración. Dado que hace un tiempo este mismo Gobierno aumentó las tasas judiciales, es difícil que se recurran estas sanciones administrativas. La administración que dificulta así los recursos contra ella se aleja del carácter accesible que debe tener en una democracia y se aísla de la ciudadanía a la que debe dar servicio, es decir, a la compleja y múltiple variedad de elementos de esa ciudadanía. Una nacion no debe ser entendida jamás como un ser monolítico, esto es algo que se espera de los regímenes autoritarios. Y un legislador no debe usar la reglamentación para proteger a la clase política de los ciudadanos.El político debe ganarse el respeto ciudadano, no regularlo.

Al calor de los acontecimientos difundidos por los medios de comunicación con el interés de ganar cotas de audiencia, se aumentan también considerablemente las penas por determinados delitos. Curiosamente, no de aquellos que más han alarmado de verdad a la población española en estos años: la corrupción, la falta de responsabilidad de los partidos políticos en sus cuentas y de los cargos públicos en el uso irregular de sus funciones.

Esta cultura del miedo no corresponde a los hechos reales. En España no ha aumentado el número de delitos tanto como para generarlo y muchas de las actuaciones que ahora quieren tipificarse como faltas administrativas los jueces las han calificado reiteradamente en los últimos años como parte de la actuación legal de los grupos ciudadanos que se manifiestan.

En sus declaraciones públicas, muchos políticos dejan ver que no les gustan las manifestaciones ni los actos de presión ciudadana, que no les gustan las huelgas. Algunos incluso aluden a esa mayoría silenciosa que se queda en casa para demostrarlo, como si pudieran apropiarse de ella en su totalidad. Algunos alcaldes, ante la actuación de las asociaciones de vecinos declaran que ellos tienen más votos, como si las asociaciones de vecinos fueran sus rivales en la urnas y no la expresión de grupos de presión ciudadana.

En el fondo, en España sigue faltando una cultura democrática sólida. Aquella, por ejemplo, que lleva a un ciudadano a dejar la conversación de café infructuosa y a exigir sus derechos ante la administración o a reunirse en grupos, colectivos y plataformas para reivindicar algo o cambiar una situación concreta. De hecho, en los últimos tiempos estas plataformas han surgido con fuerza en varios puntos de España y han conseguido triunfos sonados en pleitos judiciales o paralización de medidas administrativas. Eso sí, a costa de dinero, tiempo y el ataque desmedido y visceral de los medios de comunicación más radicales a los que las encabezan. Muy pocos son los que se arriesgan a someterse a este via crucis para defender los derechos ciudadanos.

Más grave es esta falta de cultura democrática en los políticos. La estructura de los partidos políticos en España ha fomentado la camarilla propia de la política cortesana. Y a los salones cortesanos solo llega el eco de la ciudadanía de dos maneras: como incómodo trago cuando los políticos tienen que pisar la calle para hacerse la foto en un acto público o a través de la televisión. Pero solo actuarán si los medios afines no logran desprestigiar a los participantes en la reivindicación de que se trate. El político español cada vez se siente más incómodo en los escenarios públicos que no han sido preparados previamente por sus asesores. Como tampoco ha necesitado antes conocer cómo debe actuar en esos momentos ni cuenta casi nunca con una preparación intelectual suficiente que le permita argumentar o saber estar, queda en evidencia en cuanto le ponen un micrófono delante y le hacen la tercera pregunta. Algunos a la primera.

La última medida ha sido recuperar algo que era absolutamente innecesario, da una pésima imagen del país y, sobre todo, es una muestra de inhumanidad. La instalación de concertinas en las alambradas de Melilla son, sencillamente, un acto incomprensible. Ni van a frenar la inmigración ni arreglarán los problemas que la ocasionan. Es un acto de soberbia que va por el mismo camino de todo lo comentado antes: fomentar el miedo al diferente, vallarnos ante la realidad y extremar la dureza de las medidas a partir de ocurrencias y no de ideas. Controlar con medidas autoritarias y no buscar las soluciones, dar una imagen de aparente fortaleza que solo podrán aplaudir aquellos ciudadanos a los que se les ha instalado el miedo y el rencor dentro, utilizar estrategias que busquen el voto irracional y no el intelectual, todo ello es parte de una estrategia electoralista del más despreciable populismo. Y para esto pagamos tantos asesores con cargo al erario público, para que actúen como los expertos en vender alarmas de seguridad para los domicilios particulares.