Corrupción, conseguidores y porcentajes

Según las listas más solventes, España es uno de los países democráticos más corruptos del mundo. No se trata de una corrupción evidente, de esa que ha llegado ya a la superficie del sistema y que percibe hasta el que menos presta atención: no hay que sobornar a un policía para que te quite la multa que te acaba de poner o para que no se la invente; no hay que pagar al guarda de una prisión para que te dé un jergón más limpio; no hay que dejar dinero en la mano del profesor para que mire con benevolencia el examen de tu hijo; no hay que dar dinero a un administrativo para que tu expediente salte unos puestos en la lista de espera; no hay que dar una propina al personal de un hospital para que te dé una medicina. Por suerte, la corrupción no ha llegado a la epidermis del sistema o aún no ha llegado. En esto, España es un ejemplo de buen funcionamiento: hay profesionalidad y buen criterio. Pero esto no significa que España no sea un país corrupto en el que la mayoría de las cosas grandes han funcionado con porcentajes y conseguidores. Hasta tal punto es así, que la corrupción más grave que existe entre los ciudadanos españoles -eso sí, extendida- es la de pagar y cobrar en negro, sin IVA, los servicios de los profesionales, desde un dentista hasta un fontanero. Esta costumbre parece no poder arrancarse del país y haberse instalado en los genes del español. Es posible que el ciudadano español actual sea el menos corrupto de la historia de este país, pero el sistema no ha seguido esta evolución en la misma progresión.

Los conseguidores son personajes típicos de la historia de España, los ha habido siempre, desde la corte de los Austrias. Se habla de que incluso Cervantes llegó a ser uno de ellos. Hoy también existen: algunos escándalos surgidos entorno a la figura del actual Monarca (desde hace décadas, no solo ahora) los han protagonizado este tipo de personajes, pero también otros en el entorno de los principales partidos políticos del país son debidos a personajes con más o menos glamour. Algunos, con ninguno, hasta pasarán a la historia por apelativos de taberna barojiana, como el Bigotes.

Los porcentajes estaban en boca de todos. España ha sido un rumor permanente sobre el porcentaje que debía dar tal o cual constructor para hacerse con un contrato y cómo se podía repartir eso entre el concejal de urbanismo de turno y el partido político al que pertenecía. Hasta el punto de que se juzgara por honesto al concejal que solo pedía porcentaje para el partido y no para él. Y como caso marciano el del político que rechazaba los regalos en especie que solían llegar a las casas de los que tenían responsabilidad en la toma de decisiones que implicaran un buen puñado de billetes, especialmente en Navidad. Algunos abetos parecían sucursales de los grandes almacenes más lujosos del país. En España se ha llegado a hablar de alcaldes que almacenaban el dinero en bolsas de basura, de Directores generales que se llevaban el metálico de libre disposición en bolsas de deporte. Todavía se recuerda la alusión que un político hizo del partido contrario, en sede parlamentaria, hablando del 3% mínimo de cada obra para que se adjudicara. No se le volvió a ocurrir hablar del tema, por supuesto. Fue un desliz. Pero seguro que todo esto no es más que rumores y no tiene nada de verdad.

La justicia ha sido lenta y poco eficaz. Por una parte, por la tradicional inercia de este poder fundamental de un Estado democrático, pero, por otra, porque no se le ha dotado nunca de medios eficaces y personal suficiente. Un proceso de corrupción es muy delicado y largo, lleno de tortuosos meandros y dificultades para probar los hechos y si a la justicia no se le dota de la suficiente capacidad de maniobra, lo tiene muy díficil.

Todo esto viene a cuento porque, por primera vez en España, un partido político, Unió, admite haberse financiado ilegalmente con fondos de la Unión Europea. No es la primera vez que un proceso judicial salpica a las estructuras de un partido español: todos los partidos políticos que han gobernando en España se han visto afectados y no solo con anécdotas locales sino con tramas que parecían instaladas en el mismo funcionamiento como organización. Aunque nunca se ha llegado a probar que se crearan estas tramas para financiar directamente al partido -siempre ha habido un cortafuegos que ha detenido el proceso en un momento determinado o solo se han detectado los casos más toscos en los que había un evidente intento de enriquecimiento personal superior a cualquier ánimo filantrópico de contribuir al bienestar del partido-, son tantos los casos que nadie puede aducir ceguera. Todo ello porque jamás se ha procurado en España una legislación lo suficientemente clara que pusiera negro sobre blanco la financiación de los partidos políticos, sus ingresos y, lo que debería preocuparnos más, sus deudas, aclarando a quiénes se debía el dinero y si este era perdonado o no pasando el tiempo.

Ni siquiera los ciudadanos que en su día a día son los menos corruptos de la historia de este país pueden aducir ceguera: han seguido votando, con insistencia, a los mismos políticos imputados, a las mismas estructuras de partidos que hacían agua por todas partes y llevaban al país a un gasto superior a sus fuerzas en obras faraónicas y ejercicios financieros disparatados cuyos efectos repercuten ahora donde jamás deberían repercutir, los servicios básicos de educación y sanidad. No son estos servicios los insostenibles: lo insostenible era la corrupción que se los ha llevado por delante. No sé si hemos aprendido la lección de que la fiesta, al final, hay que pagarla y que suelen hacerlo aquellos que no pueden escaparse a la hora de pedir la cuenta.