La ira de los poderosos

En verdad, el título de esta entrada es incorrecto: los poderosos de verdad no sienten ira sino desprecio por aquellos que no lo son. Algunos de ellos sienten piedad y organizan no la justicia sino la beneficencia, que son cosas bien distintas.

Quería yo hablar hoy de los que sirven de herramienta a los poderosos y se encargan de lanzar las consignas y justificar las acciones que usan como dique aquellos para los que trabajan. En ellos sí se observa ira: ira contra los pobres porque les parece que no quieren salir de su pobreza; ira contra los que oponen a su falta de escrúpulos, una moral solidaria; ira contra los que piensan que las decisiones podrían ser otras y opinan sobre ello.

No encuentro otra razón a la descalificación sistemática de todos aquellos colectivos que parecen entorpecer las medidas que alguien ha decidido como las más justas como si estuvieran escritas en las tablas bíblicas.

En estos tiempos observo un incremento de las fórmulas de la ira. En los medios de comunicación y en los políticos de los principales partidos políticos se aprecia sensiblemente un enfado contra la ciudadanía porque no acepta lo que alguien ha decidido que es lo mejor para ellos; una irritación de los que ejercen el poder contra aquellos a los que gobiernan porque no piensan como ellos. Ni siquiera se guardan las formas.

Como si toda la sociedad se hubiera desplomado, desde los gobernantes del país hasta las personas designadas para dirigir un organismo público, pasando por alcaldes o por directores de departamentos universitarios, casi nadie acepta que puede estar equivocado, las normas del juego democrático, la simple oposición o la discrepancia, el hecho de que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Se niega el acceso a la más simple raíz de la justicia, que es que la administración no esté de lado contra el administrado y le niegue el pan y la sal. Y si el administrado insiste en ejercer sus derechos se le mira con enojo, se le denuncia y desprestigia, se le señala con el dedo y la mayoría silenciosa acepta que debe ser castigado. Los gobernantes parecen estar contra el ejercicio del derecho ciudadano a manifestarse y vuelven con la antigua insistencia de regular derechos amparados por la Constitución o cambiar el código civil. Hay una tendencia general a ejercer el poder que se le ha dado con los votos de una forma autoritaria contra aquel que no piensa o actúa según la fórmula dictaminada como única. Los gobernantes, sea cual sea el nivel de su gobierno, no admiten discrepancias, quieren que todos sin excepción admitan que lo que hacen lo hacen por el bien común sin que quepan matices y que todo esté en silencio.

Observo en España una peligrosa tendencia a no admitir que el otro pueda tener razones que sean amparadas por la ley y una exigencia procedente de un aun más peligroso coro de voces reclamando que si la ley ampara a los discrepantes, debe cambiarse la ley. Y la idea se extiende desde las alturas hasta cualquier rincón de la actividad pública como un lodo tóxico que puede terminar por asfixiar la fuerza democrática de un país entero. Puede que yo esté equivocado, que no sea así y esté exagerando, pero así lo parece más cada día.