¿No hemos votado este cambio de sistema?

En España se ha generalizado la opinión de que el Gobierno actual ha traicionado a sus votantes puesto que toman medidas contrarias a las que figuraban en el programa electoral con el que se presentaron a las últimas elecciones generales que ganaron por mayoría absoluta. En efecto, son muchas las contradicciones entre lo que se hace ahora y lo que se dijo que se haría o no se haría durante la campaña electoral o, incluso, en los primeros meses de la legislatura. En ocasiones no ha pasado ni una semana entre la promesa de que no se tomaría una medida y el hecho de que se tomara, hasta el punto de que se ha convertido en chiste de actualidad el dar por hecho que se hará inmediatamente aquello que se dice que no se va a hacer.

Esto es tan evidente que, en los últimos días, cada vez que se dice que no se tomará tal o cual decisión temida por la población se añaden coletillas como "por ahora" o "si no cambian las cosas" o similares. La explicación del Presidente del Gobierno ha sido de manual: ha tenido que enfrentarse a una realidad que desconocía y que le ha obligado a tomar medidas que no le gustan y que no hubiera tomado en otras condiciones y que promete corregir en cuanto pueda, como si no hubiera sido obligación suya la de conocer la realidad cuando se presentó como candidato, más cuando gran parte de lo que decía desconocer eran realidades gestionadas por presidentes de autonomías de su propio partido. Todo esto ha provocado, entre sectores de oposición, entre los afectados por las medidas, los que se han sentido traicionados -por más o por menos- y los descontentos porque las medidas no logren los objetivos prometidos -más empleo, control del déficit, racionalización del gasto y mejora de la economía- una sensación de que se ha traicionado uno de los pactos democráticos no escritos: el que un gobernante debe gobernar de acuerdo a lo que se prometió en el programa electoral con el que se presentaba. Por eso, hoy se ha pedido, en una exitosa manifestación celebrada en Madrid, convocar un referéndum al que deben someterse todas estas medidas tomadas en los últimos meses, contestadas también por los convocantes, agrupados por sectores afectados.

En realidad, en España nunca han importado los programas electorales y poco las promesas verbales de los gobernantes. Así nos va. En la historia de la democracia española reciente hay unos cuantos casos que lo demuestran. Junto a los millones de personas que votan por afinidad ideológica hay otros cuantos millones que lo hacen por impulsos de cómo les van las cosas en los meses inmediatamente anteriores a las elecciones y quién le dice las cosas que quiere oír, casi siempre en contra de aquel a quien no vota, más que a favor de a quien vota. Curiosamente, son estos votantes los que suelen decidir el resultado: tanto quién gana como si lo hace por mayoría absoluta o no. También lo deciden aquellos que no van a votar porque aquellos a quienes votaron la última vez les han defraudado. Todo esto es decepcionante, pero es parte del juego democrático aunque aceptarlo no nos debería llevar nunca a la resignación de no intentar que la mayor parte de la gente sepa qué votar de forma más consciente.

Aquellos que han votado en las últimas elecciones al actual partido en el poder o han dejado de votar, favoreciendo que se obtuviera una mayoría absoluta que, sumado al control que tiene en los gobiernos autonómicos y locales, le hacen con un poder como jamás ha tenido ningún partido político desde 1975, si lo han hecho por razones que no son las de la afinidad ideológica pueden tener motivos para sentirse engañados puesto que se les habían prometido cosas contrarias a las medidas tomadas en lo que va de legislatura, pero no del todo.

En el partido en el gobierno se venía observando una tendencia hacia la radicalización de las medidas neoliberales. En realidad, era algo que ya estaba asentado en este partido desde la primera legislatura de José María Aznar (abierta en 1996), cuando se basó el desarrollo económico en la liberalización del suelo y el impulso del sector de la construcción siguiendo una forma fácil de progreso económico que había fracasado en otros países antes y que, junto a la crisis financiera internacional, son la raíz de la crítica situación española actual sobre todo porque cuando accedió a la Presidencia José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 no quiso o no pudo pararlo y junto a acertadas medidas sociales fue muy desafortunado en la gestión que debería haber previsto la crisis económica y sus consecuencias, como le advirtió su propio ministro de Economía Pedro Solbes, advertencia que, según los expertos, le costó el cargo.

No puedo comprender que se haya podido votar en noviembre del 2011 desconociendo esta tendencia interna del actual partido en el gobierno, sobre todo porque este partido ya gobernaba en gran parte de España. Lo único que ha ocurrido es que la crisis económica ha servido de excusa para acelerar la toma de medidas que el sector más duro de los conservadores españoles tenía en cartera y que suponen un cambio radical de las normas de juego sociales del país: recortes del sector público que implican un retroceso brutal de cuestiones que han constituido el estado del bienestar, en especial en educación, sanidad y cultura. Incluso las formas con las que defienden estos recortes, tan criticadas, venían siendo habituales en los lugares en los que gobernaban aunque entonces, como había dinero público para derrochar, nadie las prestaba suficiente atención o incluso eran tomadas como graciosas formas de hablar. Porque esta es otra de las cuestiones más llamativas de estos meses. Los gobernantes que toman las medidas que afectan especialmente a aquellos que están pasando malos momentos en esta crisis, recortan derechos sociales o prestaciones que hasta ahora se cubrían con el dinero de los impuestos de todos, suelen defenderlas explicando que no podemos seguir derrochando como se hacía y responsabilizan a todos de este derroche, acusando a los ciudadanos por vivir por encima de nuestras posibilidades y alegando que la administración no puede gastar más que lo que ingresa. Lo curioso del caso es que muchos de los políticos que dicen esto -casi todos- han tenido responsabilidades políticas en la aprobación de estas medidas que suponían ese escandaloso derroche en los últimos veinte años. Es decir, son los que han aprobado la construcción de aeropuertos que no eran necesarios, infraestructuras costosísimas y nada rentables, creación de fundaciones públicas que duplicaban innecesariamente la administración, etc. También son los que, al gobernar las Cajas de Ahorro han favorecido el furor hipotecario que ahora pagamos. Y siguen en la política sin asumir la responsabilidad que quieren echar encima de los hombros de los ciudadanos. Es decir, siguen en la política cuando todos ellos deberían haber dejado la política por manifiesta incapacidad para gestionar la cosa pública.

No, no puedo creerme que aquellos que votaran en noviembre pasado desconocieran todo esto porque asumirlo sería lo mismo que pensar que vivo en un país en el que no me gustaría vivir. Quizá hasta aquellos que ahora se sienten engañados y traicionados en su voto porque se han visto afectados directamente por las medias que se han tomado comprendan que la democracia es algo que debe construirse cada día puesto que la política es una actividad que nos compete a todos y no solo a la casta de políticos profesionales que nos ha tocado en suerte. No sé si me gustaría vivir en un país en el que la gente hubiera votado conscientemente este cambio de sistema, pero eso es otra cuestión a debatir otro día.