El problema de España (y IV, por ahora)

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En el pacto constitucional de 1978 se recogieron la mayoría de las demandas nacionalistas de aquellos tiempos. Aunque hoy se muestre la insatisfacción, ha de reconocerse que se cedió por todas las partes en diálogo para llegar a un consenso necesario. Otra cosa es que, pasado este tiempo, el consenso deba ser modificado: pero para establecerlo hay que poner razones encima de la mesa porque un pacto democrático solo recoge los sentimientos en los preámbulos legislativos, nunca en el articulado. Sea cual sea el fruto de ese pacto: la reforma de la Constitución del 78, otra nueva o un itinerario de independencia del que salga un país federal o varios países. Una independencia no se consigue trazando las fronteras de un día para otro sino asumiendo las consecuencias plasmándolas por escrito, como un pacto de continuación de un proyecto unitario se consigue articulando las necesidades comunes de todos los que se integran en él.

Ya está suficientemente estudiada la coyuntura histórica que hizo posible la Transición española hacia la Democracia. Después del régimen franquista, y en una situación en la que el riesgo de involución era evidente, la Constitución se fraguó como un texto posibilista bajo los principios de acuerdo que fueron fruto de un largo diálogo que se había iniciado, de hecho, antes de la muerte del dictador: Monarquía parlamentaria y sistema autonómico. No hay que restar valor a aquel posibilismo puesto que consiguió sacar adelante un texto que iba más allá de lo que muchos estaban dispuestos a ceder y a desatascar una difícil situación histórica. Décadas después, el descontento con aquel texto constitucional se ha manifestado de formas variadas.

En lo que nos toca a esta serie de artículos, hemos de resaltar que un sector de la población, de raíz conservadora, nunca creyó en el estado autonómico y si no lo ha cuestionado más ha sido porque consiguió el poder en muchas de las autonomías, ejerció presión a partir de las presidencias de gobierno regionales, se benefició del reparto de cargos y subvenciones y generó una casta política propia que se mantenía de la existencia del sistema autonómico. Pero para este sector siempre será inasumible la presión de los partidos nacionalistas reclamando más competencias o mayor poder de autodeterminación.

Por otra parte, en los territorios en los que existe un fuerte sector de la población independentista, siempre habrá descontento con respecto al texto constitucional y los logros posteriores. En estos, hasta hace unos años, han gobernado sin mayores quebrantos, partidos nacionalistas que, casi siempre, han colaborado en la gobernabilidad del estado e incluso han apoyado medidas de gobiernos abiertamente opuestos al nacionalismo. Pero tanto en el País Vasco como en Cataluña, los partidos tradicionalemente en el poder fueron desalojados democráticamente de él hace unos años, incluso antes de que esto sucediera vieron la posibilidad y la temieron. Y esto ha hecho que partidos nacinoalistas tradicionalmente moderados -o conservadores-, cuyos votantes pertenecían mayoritariamente a las capas sociales que, en su día, habían abandonado la creencia en su propia cultura, aunque podían tener en sus genes la idea del independentismo pero no en su actividad concreta, aumentaran su tendencia separatista para captar votos de sectores que hasta ese momento no entraban entre sus votantes o como medida de presión negociadora ante los gobiernos centrales.

La estructura de España definida en la Constitución amparaba dos hechos aparentemente contradictorios: en primer lugar, la especificidad de la demanda diferenciadora de las llamadas autonomías históricas -es decir, aquellas que, en la II República habían adquirido ya un autogobierno o lo demandaron o se asimilaban a las que lo habían hecho-; por otra, la posibilidad de que el resto del territorio creciera en su articulación autonómica. Lo que ha ocurrido, desde 1978, es una compleja y constante negociación por la cual las autonomías históricas han pretendido diferenciarse del resto y adquirir cada vez más competencias y el resto de las autonomías -en algún caso, sin una verdadera demanda interior- han ido equiparándose a las primeras. El resultado es un sistema equiparable en todo a cualquier federalismo e, incluso, con mayor poder de decisión en los territorios autonómicos que en algunos estados federales. Aunque no del todo, podemos hablar que el sistema autonómico español constituye un federalismo simétrico, por el cual, salvo los derechos tradicionales forales, todas las regiones pueden aspirar a las mismas competencias.

Pero la realidad es que siguen existiendo los núcleos extremos originales: una parte de la población que no cree en el sistema autonómico más que cuando le beneficia y otra que no cree porque quiere conseguir la independencia de su territorio. No pienso que haya aumentado demasiado, en realidad, el porcentaje de población de ambos sectores salvo por las circunstancias actuales de la crisis económica: de los que se han sumado ahora a ambos sectores, algunos pretenden devolver competencias al estado central y otros pretenden romper el pacto constitucional, pero en ambos casos se detecta razones coyuntarales debidas a los problemas de financiación. Ante las dificultades, cada uno se aproxima a la ideología que tiene más cercana.

En el caso de Cataluña, ha crecido la demanda de ser un hecho diferente dentro del Estado español. Ya no se debe solo a una mayor cota de competencias, sino a un sentimiento por el cual los nacionalistas catalanes se sienten agraviados porque no se les reconozca este hecho diferencial y comienzan a cuestionar la necesidad de una caja común que cohesione todo el territorio español. Lo de menos es el uso de tópicos por el cual se suele insultar a la población de otros territorios, lo que importa es que ese sentimiento de agravio se ha instalado en un amplio sector de la población catalana tenga o no base real. Y esto se concreta en el derecho a decidir su pertenencia o no a España y en la demanda de ser ellos mismos quienes articulen su integración o su proceso de independencia.

Sea como sea, lo cierto es que muchos de los pactos que se establecieron en la Constitución de 1978 están siendo cuestionados pero ninguna de las nuevas propuestas genera un consenso similar al que llevó a aquel texto. Mientras no se llegue a acuerdos, estaremos en una situación como la actual, con tensiones continuas que no afectan ya solo a los presupuestos sino también al mismo sistema que rige la democracia española en la actualidad. Muchas de esas tensiones nacerán de las opciones ideológicas legítimas defendidas por quienes las sostienen. Pero me temo que muchas otras nacerán por puro cálculo electoralista y agravarán la ya delicada situación económica del país.

No son malas las tensiones si existe una voluntad de acuerdo. Lo malo es que se llegue a un punto de ruptura y falta de diálogo o que se juegue hasta el límite desde uno y otro lado provocando nuevas heridas sobre las heridas mal cerradas. Cataluña tiene difícil recorrido fuera de España y España tiene difícil futuro sin Cataluña. Favorecer los agravios y las falsificaciones históricas desde un extremo u otro, oculta que lo mejor ha ocurrido siempre cuando se ha podido generar un pacto que sume sin imposiciones de uno u otro lado. Hizo demasiado daño el franquismo, porque ha justificado la falsificación histórica nacionalista con la suya propia cuando gran parte de los sectores que hoy gobiernan en los territorios con fuerte sentimiento nacionalista colaboraron con el régimen dictatorial por intereses económicos y son tan culpables de la radicalización de las emociones como el mismo dictador.

No es imposible conceder el derecho a la autodeterminación aunque supone un extravagante encaje legal para el caso catalán o el vasco, pero tampoco comprender que la estructura nacional que se creó en el siglo XV tiene virtudes que pueden seguir adelante sin afectar a las identidades propias que coexisten dentro en un proyecto común federal siempre que desde los extremos ideológicos en pro o en contra dejen de alentarse las emociones con fines electorales que terminan perjudicando a la población, sobre todo en momentos de aguda crisis económica. No se puede herir las sensibilidades nacionalistas de la misma manera que no se puede jugar continuamentecon el limite en las negociaciones de competencias. Es también una imprudencia elaborar un itinerario hacia la independencia en el que se oculta que hasta ese itinerario tendría que ser negociado con la otra parte y contiene una dosis de sufrimiento social que no se explica suficientemente puesto que todo parece reducirse a la visión de una Arcadia feliz en la que se escuchan églogas incluso sobre una estructuración del territorio que soñaron los neorrománticos tradicionalistas de finales del siglo XIX.

Aquellos que creen que la salida es la imposición de la unidad se equivocan tanto como aquellos que piensan que la solución a todos sus males es la imposición de la independencia. En definitiva, la historia nos ha mostrado el mejor camino, pero para eso hay que leerla correctamente sin anteojeras nacionalistas -incluidas las españolistas, por supuesto- y decidirse a construir un futuro más adecuado a la realidad actual, con la elaboración de un pacto que dure otro cuarto de siglo, por lo menos. Pero me temo que esta época que nos toca ahora es más de emociones viscerales que de diálogo razonado. Así nos va.