Entrada incorrecta sobre la política de restauración de teatros en España en el día de la entrega de los Premios Max de las Artes escénicas

Hoy se celebra la gala de entrega de los XII Premios Max de las Artes Escénicas. Los profesionales del gremio se ponen sus mejores galas y acuden a recibir y aplaudir a los ganadores. Sin duda, desde el escenario del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, se oirán algunas demandas profesionales del mundo teatral español.

Hoy La Acequia se iba a limitar a informar de esta gala, pero una oportuna entrada de J. R. Justo en su blog Código de Barras me ha hecho recordar otra entrada mía de julio de 2007 que os invito a leer.

En estos pasados años de derroche económico, en España se han restaurado muchos teatros de titularidad pública construidos en el siglo XIX o principios del siglo XX. Que fuera o no oportuno, es tema de otra entrada. Pero ya que las administraciones decidieron llevar a cabo esta política de restauración de los locales teatrales, lo exigible es que se hiciera de forma correcta y con todas las garantías.

En la mayoría de las obras de restauración se han cometido torpezas, en algunas tropelías injustificables. En teatros decimonónicos que eran ejemplos de resonancia, la decisión política de pretender hacerlo más capaz, más grande, apto para grandes montajes, alteró toda la sonoridad del local por el capricho de una caja escénica más grande, la construcción de unas gradas superiores o la eliminación del sistema hidráulico que permitía levantar buena parte del patio de butacas a la altura del escenario para la celebración de banquetes o bailes, cosa habitual en el siglo XIX.

En otros se eliminaron los palcos para ampliar el número de butacas o se levantaron pisos por encima del antiguo techo, provocando unas enormes dificultades de visibilidad para los que ocupaban las nuevas localidades.

En algunas ocasiones, se alteró el nivel del suelo escénico inutilizándolo para los espectáculos de ballet, se abrieron vanos que provocaron todo tipo de problemas, se cerraron otros alterando el conjunto orgánico del edificio, etc.

Algunas de estas intervenciones, proyectadas y firmadas, hubieron de corregirse posteriormente provocando un nuevo cargo económico que se hubiera podido ahorrar si todos hubieran usado la cordura desde el inicio: políticos, arquitectos, ingenieros y todo tipo de consejeros y expertos.

La gravedad de todo esto es mayor si pensamos que fueron decisiones políticas ejecutadas con dinero público y avaladas por grandes arquitectos que aun andan por ahí dando lecciones de cómo hacer las cosas.

El coste final de las obras resultaba casi siempre muy superior a la construcción de un teatro moderno, funcional, apto para todo tipo de representaciones. El ciudadano, que no tiene por qué saber cuestiones técnicas, veía restaurado un edificio que pertenecía a su imaginario colectivo, una fachada emblemática de su ciudad y se sentía satisfecho. No pensaba, ni siquiera, que la restauración de un teatro decimonónico hipotecaba el tipo de espectáculos que podría ver en su ciudad, en el caso de ser el único gran teatro de ella, y reducía sus posibilidades. Hubiera sido mejor que el edificio se dedicara a administración y que le hubieran construido un teatro de nueva planta con todos los requisitos de un local moderno.

De la gestión de estos teatros públicos ya hemos hablado en otras ocasiones, pero deberemos volver sobre el asunto porque no se remedian los males.