Redes autonómicas de teatro público y cuotas

Las redes de teatro público se crearon hace años en todas las Comunidades autónomas españolas con varios principios. Entre ellos, fomentar que se pudiera ver teatro -o se pudiera ver más teatro del habitual- en locales no siempre situados en las capitales de provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a esta forma de cultura y de crear público. En este sentido, se constituyeron dos tipos de redes: los circuitos de localidades que, por su dimensión, dependían de las Diputaciones; las redes de teatro de poblaciones que ya no dependen de las Diputaciones al tener más de 20.000 habitantes. Es bueno que existan. A pesar de los entusiastas de la empresa privada, no suele haber empresarios que se acerquen a todas las localidades ni el dinero de los ayuntamientos da para sufragar en su integridad o en buena medida cualquier tipo de espectáculo. Si no existieran, los habitantes de gran parte de las localidades españolas -incluso algunas capitales de provincia- no podrían asistir jamás a una obra teatral. ¿Está en cuestión esto? Sería lo mismo que poner en cuestión el sistema de sanidad pública o el de educación. Pero ya sabemos que hay teorías que defienden el radicalismo liberal con argumentos de libre mercado, a pesar de sus consecuencias.

Otro de los principios es el de procurar un cierto respaldo económico y de trabajo a las compañías de cada autonomía. Entiéndase bien: ninguna compañía puede sobrevivir con las actuaciones en las redes de teatro público, ni es lo que se pretende. Pero con esta idea se alienta a la circulación en la región de las compañías propias, sometidas a condiciones variables en cada caso. El único riesgo podría deberse a la pereza o amiguismos de los programadores que siempre contratan a los mismos, pero, por principio, a ningún programador le gusta ver la sala vacía. Pienso que también es bueno que se apoye, con el dinero de cada autonomía, a los artistas correspondientes como se protege una industria propia o un producto con una denominación de origen. Hasta cierto grado.

Lo que está en cuestión es ese grado. En algunas comunidades -en la práctica o incluso recogido en la normativa-, las compañías propias monopolizan las redes públicas, dejando a la iniciativa privada la contratación de las foráneas. Esto puede provocar efectos perversos. Por una parte, que las localidades de tipo medio o pequeño tengan muy díficil ver en sus locales montajes externos de la comunidad. Por otra que, en un mundo que debe ser tan abierto como el artístico, no haya suficiente circulación de aire de fuera. Además, sucede que las propias compañías de esas regiones terminan por no salir de su propia tierra bien porque tienen el calendario ocupado, bien porque se procede a cierto castigo por otras comunidades más abiertas al sentirse en situación desigual. No se les contrata fuera porque no contratan lo de fuera. El empobrecimiento es enorme.

Sí es bueno que existan ciertos criterios por los que se prime a las compañías propias, pero el resultado nunca puede dar un porcentaje mayor que lo que viene de fuera. Por el bien de todos: de los artistas locales que deben competir en calidad con los de fuera, del público que también tiene derecho a ver todo tipo de espectáculos en una red que se paga con sus impuestos.