Fractura social y malestar ciudadano.

Una de las más graves consecuencias de la crisis actual en España es la fractura social. Las diferencias según las rentas familiares han crecido a niveles preocupantes, como hace tiempo que no se conocía en España. Y lo han hecho tan rápidamente que da la impresión de que la situación anterior era solo un espejismo. Todo lo que ha ocurrido desde el comienzo de la crisis es una enmienda a la totalidad de la forma en la que se había basado el crecimiento español desde los años noventa. Sus fundamentos eran la mera especulación basada en un urbanismo desaforado que provocó la corrupción y la mentalidad de fiesta permanente en la que nada importaba de verdad y se olvidaron valores como la moralidad pública, el esfuerzo individual, el control de los gastos de las administraciones y de las familias, etc. Aquellos que vieron mejorar su situación económica en apenas una década no quisieron ser conscientes de la fragilidad del sistema económico. El crecimiento fue tan rápido como ahora la caída, pero las consecuencias de esta son, por supuesto, mucho más dramáticas. Pero no para todos. Cuando se insiste en la consigna de que todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no se corrige esta expresión con otra que es mucho más cierta. no todos lo hemos pagado de la misma manera.

Los ricos incrementaron su patrimonio en tiempos de bonanza y, según las estadísticas, lo han incrementado también en tiempos de crisis, como sucede siempre en estos casos, por dos razones: por comparación con el resto de la población y porque su posición de partida era más favorable no solo para resistir sino para crecer cuando todo comenzó a tambalearse y resultaba más barato adquirir una propiedad o comprar un negocio aunque fuera para cerrarlom o subirse los sueldos como consejeros porque la población estaba preocupada en otras cosas. Las estadísticas no mienten: los ricos, en España, son más ricos que hace una década tanto por la diferencia con los demás como por su patrimonio actual.

La verdadera castigada por la crisis ha sido la clase media española: desde pequeños empresarios y autónomos hasta obreros por cuenta ajena especializados o no. Todos los índices publicados alertan de la preocupante situación por la que atraviesa y, sobre todo, de su situación de desánimo ante el futuro. Las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno han trasformado las pautas de juego tradicionales en apenas un par de años y este sector de la población es el más castigado por ellas, provocando un empobrecimiento alarmante.

Por otra parte, la exclusión social ha aumentado también notablemente. Son cada vez  más los hogares en los que no entra ningún sueldo, las personas abocadas a aceptar cualquier trabajo en cualquier situación, aunque sea en la economía sumergida con todas las consecuencias individuales y generales que tiene esto sin que se les pueda culpar a ellos de esta situación, los jóvenes sin esperanza de contrato estable o de jubilación futura y los mayores de cincuenta años con un paro largo. En España, hoy, por mucho que algunos políticos se empeñen en negarlo, se pasa hambre como no ocurría estadísticamente desde los años cincuenta: niños que acuden sin  unos niveles de nutrición óptimos al colegio, decenas de miles de personas saturando los comedores sociales, número creciente de hogares en los que no se puede encender la calefacción en invierno porque no hay dinero, enfermos que tienen que elegir qué medicamento pagarán y cuales no podrán comprar, familias que vuelven a agruparse en el hogar del abuelo. En mi barrio, los comerciantes me han comentado que han vuelto las viejas libretas en las que se apuntaban las compras fiadas de un cliente a la espera de que puedan pagar con el primer ingreso. Todo sistema social tiene siempre unos márgenes, pero estos márgenes, si crecen, pueden hacer peligrar la estabilidad del sistema completo, sobre todo si el cuerpo medio de la población sufre tan duro castigo como el actual.

De esta fractura social surge el descontento actual, la crispación y el descrédito de los políticos. En España no es tiempo de revoluciones ni épocas de golpismo o de fascismos o populismos, pero será inevitable el creciente número de estallidos sociales por causas aparentemente menores que no podrán frenar medidas policiales o judiciales. En estos momentos, lo que se juega en España es no solo cuánto tiempo tardaremos en salir de la crisis sino cómo y a qué coste. Habrá, como poco, un par de generaciones que jamás puedan recuperarse de lo que está ocurriendo.

El problema es que nadie piensa que los mismos políticos que fueron responsables de la crisis -la mayoría de los nombres de los políticos españoles actuales han tenido responsabilidad en el diseño del despilfarro y la corrupción- sean capaces de sacarnos de ella con eficacia y estableciendo un sistema en el que la fractura social no sea la definición más evidente. Y aunque fueran capaces, no cuentan con credibilidad, siempre tendrán encima la sombra de la duda por su comportamiento pasado. Se necesitan, urgentemente, nombres que tuvieran en la época de corrupción un discurso limpio y una valiente actuación contra ella tanto en el seno interno de los partidos como en la administración o nombres nuevos que no hayan sido concejales de urbanismo proclives a las obras deficitarias  ni alcaldes despilfarradores ni consejeros sospechosos ni presidentes de comunidad que viajaban al extranjero para salir en el periódico del pueblo ni diputados que se limitaran a votar en silencio y a no moverse para salir en la foto. Y se necesita, también, que el malestar ciudadano actual se convierta en conciencia democrática, en participación activa en las organizaciones vecinales, en plataformas con objetivos concretos, en presión continua sobre los políticos para que estos se sientan controlados por sus votantes y no al revés.