Inicio de curso

Hoy he impartido mi primera clase de este curso unirversitario. Una vez cerrada la puerta del aula, he recuperado las sensaciones que me llevaron a ser profesor y a dedicar a esta profesión mis últimos 25 años. Acabo de darme cuenta de este hecho, de que llevo ya un cuarto de siglo dando clase en la Universidad pública española, bajo diferentes formas contractuales y ocupando también cargos de gestión y coordinación, además de participar en la organización de muchos encuentros universitarios de investigación y docencia.

Cada curso es un reto, cada promoción una posibilidad de diálogo, cada alumno alguien a quien respetar y guiar en la medida de lo que sea posible. Desde que terminé la licenciatura y pasé al otro lado del acto de comunicación en el que consiste una clase, la Universidad española ha sufrido grandes trasformaciones plasmadas en varios cambios de legislación, alguno de los cuales ha supuesto una modificación radical con respecto a lo que había cuando yo ingresé en la Universidad como alumno sin el sosiego ni el apoyo económico que requería.

En general, hemos atravesado un largo período de crecimiento: ha habido dinero y apoyo de la sociedad, se han levantado Universidades nuevas, edificios de nueva planta, campus universitarios enteros, se han dotado suficientemente las aulas, los despachos de los profesores, los laboratorios y los centros de investigación, aunque siempre se ha carecido en España del total apoyo del sector privado que sí existe en otros países. En lo fundamental, se ha respetado la autonomía universitaria tanto en la planificación de la docencia, como en la gestión de los recursos. No todo se ha hecho bien, por supuesto, y aquí lo he escrito en varias ocasiones, pero el resultado ha sido una Universidad pública que ha permitido en España el acceso a los estudios superiores, en la práctica, a todo aquel que así lo haya querido. Sin embargo, vienen otros tiempos.

Los recortes presupuestarios que se han decidido a partir de la crisis financiera que azota España desde hace unos años afectan notablemente a la educación pública española. Aunque todos somos consicentes de que ni siquiera en los tiempos de bonanza deben darse algunos de los comportamientos que hemos visto en estas tierras cuando el dinero circulaba sin que nadie cuestonara demasiado ni su cantidad ni el rigor en su gasto, el necesario control presupuestario y el más cuestionable recorte en materias de educación -de esta crisis saldrá en mejor posición el país que más y mejor apueste por la enseñanza pública, aunque esto no lo sepan ver ni los políticos de vista corta ni sus votantes más recalcitrantes, algunos de los cuales jamás podrán pagarse la educación de excelencia que propugnan los neoliberales a los que votan tan alegremente-, la concreción de los recortes en materia de educación que ha decidido el gobierno de España y las líneas generales que inspiran los que vendrán, según las declaraciones de altos cargos del partido que lo sustenta, del Ministro del ramo y de los gobernantes de algunas autonomías, suponen un notable perjuicio para la educación pública española. De hecho, ya no podemos asegurar que todos los niveles de la educación pública sean, de verdad, universales y gratuitos como sucedía hasta hace poco. El encarecimiento de las tasas universitarias han convertido la Universidad española en una de las más caras de los países de su entorno.

Los recortes presupuestarios afectarán notablemente en este curso al normal funcionamiento de los centros públicos de educación en todos los niveles, muchos profesores interinos han dejado de prestar servicio porque no se les ha renovado el contrato, no se cubrirán la mayor parte de las bajas del profesorado fijo y casi ninguna de las jubilaciones, se aumentará el número de alumnos por profesor y el número de horas lectivas de estos, se pagará menos a los docentes y se cobrará más a los alumnos -bien directamente a través de las tasas bien indirectamente haciendo pagar más por los servicios prestados-, se ha restado apoyo a servicios de extensión académica de brillantes iniciativas de enseñanza que han dado grandes frutos como los programas de la experiencia hasta dejarlos malparados. No, todo esto no se justifica con la necesidad de los recortes presupuestarios motivados por la crisis y la necesidad de controlar el gasto público. En todas estas medidas subyace una ideología que, aunque no sea compartida en todo por quienes las toman, es quien las impulsa: según esto, el sector público no debe responder más que a unos mínimos. El resto debería correr por cuenta de quien disfruta los servicios. Esta política neoliberal se olvida de que España, en estos momentos, está sometida a unos niveles de impuestos que los sitúan en los primeres niveles europeos, todo lo contrario de los lugares en los que está enraizada esta forma de pensar. No. En España muchos ya no pueden pagar esos servicios que hasta ahora cubría el estado con los impuestos de todos los españoles y la ideología de la solidaridad y del estado de justicia redistributiva en los servicios que es en lo que de verdad consiste el ahora tan mal parado estado de bienestar.

Si a muchos españoles se les dificulta el acceso a todos los niveles de la educación pública y a todos los servicios que esta presta, como también se les dificulta el acceso a todo lo que debe cubrir una sanidad pública universal y gratuita, no podemos hablar solo de recortes presupuestarios o de control del déficit. Si, además, se les impide, a partir de unos niveles impositivos tan altos como los que existen hoy en día en España, que puedan pagarse con su dinero lo que hasta ahora se cubría con los impuestos de todos, ya no solo es una medida ideológica sino contradictoria. En realidad, se expulsa de la generalización de la educación -o de la sanidad, o de la cultura- a buena parte de la sociedad española con la vaga promesa de que cuando vayan bien los tiempos se bajarán los impuestos para que puedan cubrir con su propio dinero todo, sin explicarles cómo lo van a cubrir en el período intermedio entre lo que sucede ahora y ese reino de la utopía neoliberal. Por otra parte, nadie ha votado esto en las últimas elecciones, ningún partido político llevaba en su programa un cambio de sistema tan radical como el que se está aplicando. No, esto no son solo recortes ni control del déficit, puesto que afecta tan esencialmente a cuestiones que el sector público venía ofreciendo y que, de pronto, deja de ofrecer en las mismas condiciones.

Amo mi profesión, pero esto no significa que todo lo que ahora está ocurriendo en la educación pública deba suplirse con la vocación, como sospechosamente insisten varios de los dirigentes del partido que sostienen al Gobierno de España. Muchos de los cuales, hace unos pocos meses aludían malintencionadamente -puesto que no contaban la verdad- a lo poco que trabajan los profesores o lo médicos para que la opinión pública aplaudiera las medidas que se iban a tomar. Curiosamente, muchos de los que aplaudían entonces, ahora se comienzan a dar cuenta de lo que de verdad ocurre en la educación (o en la sanidad, o en la cultura): tienen un nivel impositivo muy elevado y una fragilidad laboral que no les permite cubrir lo que hasta ahora tenían; sus hijos asisten a clase con más alumnos y menos profesores y en centros con problemas presupuestarios, pueden verse excluidos por motivos económicos de los estudios superiores. La vocación ayuda mucho, pero hay milagros a los que no llega.