De la ley Calomarde a la ley Pidal y la (mala) suerte de la educación española

Estos días me encuentro estudiando algunas reformas del sistema universitario español del siglo XIX. En concreto, la Ley Calomarde (Plan literario de estudios y arreglo general de las Universidades del Reino, aprobada por Real Orden de 14 de octubre de 1824) que, aunque sufrió algunas reformas en 1836 y 1843, no vendría a ser sustituida hasta la Ley Pidal (Plan General de Estudios de 17 de septiembre de 1845). La Ley Calomarde tiene la peculiaridad de que regula el sistema universitario español cuando los jóvenes románticos se forman en él y viene a explicar tanto algunas cuestiones relativas a su formación y conocimientos generacionales como su planteamiento vital por reacción. Hay que explicar que la Ley Calomarde se debe al último período absolutista de Fernando VII conocido como la Década ominosa y que, por lo tanto, contiene mucho de esa ideología pero tuvo un curioso efecto benéfico inicial: regular de una forma más ajustada al siglo XIX la Universidad española que venía de unos tiempos de severa decadencia. De hecho, con ligeras reformas, los liberales la mantuvieron hasta 1845.

En ámbitos no universitarios, la primera ley española que afrontó la regulación general de los estudios fue la Ley Moyano (1857), que se mantuvo, con modificaciones más o menos parciales, hasta la Ley de Villar Palasí (1970), más de 100 años. La estabilidad del sistema fue reforzada por la fecunda legislación que sobre esta materia se elaboró en la II República española.

La estabilidad de un sistema de educación y su consenso general ha provocado siempre beneficios para un país. El acuerdo entre los diferentes partidos políticos provoca inevitablemente que la educación sea vista como la fortaleza de un país y no como un problema estructural. Evidentemente, el sistema debe cambiarse cada cierto tiempo para adaptarlo a las nuevas realidades y demandas sociales, pero estas modificaciones no pueden ser abruptas, sin implicación de cada una de las partes implicadas en la educación y, sobre todo, sin una apuesta económica. Invertir en educación, como se sabe, es invertir en futuro. La mayoría de los cambios en la educación española -en todos sus niveles- se ha producido sin la suficiente formación del profesorado y el estímulo que debe favorecerse. Esto no puede hacerse de otra forma más que compensando con tiempo y dinero el esfuerzo, premiando los resultados y, por supuesto, con severos controles que corrijan los puntos débiles.

En los últimos tiempos, el profesorado español ha sufrido un constante cambio de legislación y de metodologías que afecta a la estructura misma de su profesión. No se le ha formado, no se le ha compensado, no se le ha apoyado. Todo lo contrario: se le ha congelado el sueldo cuando no se le ha bajado, se ha creado interesadamente una mala imagen social del profesor llamándolo vago e incumplidor, se le ha reducido su imagen ante la sociedad.

Desde la restauración de la democracia en España, cada legislación ha supuesto un cambio general del sistema educativo: los partidos políticos han sido incapaces de ponerse de acuerdo para establecer unas líneas generales de consenso.

Sucede ahora otro cambio más. Otro error más en el que no hay -ni se busca- consenso previo y toda la polémica se centra en aspectos ideológicos y no estructurales.

Pobre país este.