Quizá alguien pudiera convencerme de que son necesarios los recortes en los presupuestos de las materias de sanidad y educación que acometen algunos gobiernos autonómicos en España: no en vano, acaban de celebrarse elecciones y tienen legitimidad para ello. Como conozco desde dentro algunas de las cosas que pasan en la educación española, sé que se ha pecado en los años de abundancia por derroche, improvisación y mala planificación. Pero también sé que este pecado no ha sido mayor que los cometidos en otros ámbitos, sino todo lo contrario: en educación nunca se alcanzaron las cifras y los porcentajes de inversión de otros países a los que tanto quería parecerse España y con los que pretendía competir. Es más, cualquier inversión económica en educación nunca debe ser entendida como algo doloroso. Por otra parte, si en algún momento se hubiera realizado algún movimiento injustificado en esta materia, sería siempre responsabilidad del político encargado de gestionar la educación, jamás de los profesionales de la docencia.
Desde hace décadas, a los profesores españoles, en especial a los que imparten docencia en niveles no universitarios, se les ha cambiado continuamente la legislación (en España salimos a una nueva ley por legislatura puesto que nunca se llegan a acuerdos de estabilidad entre los grandes partidos), los planes de estudio y los enfoques metodológicos sin que se les haya dado ni el sosiego para prepararse ante las novedades ni la justa recompensa por el esfuerzo personal que debían llevar a cabo para hacerlo. Como funcionarios públicos y esgrimiendo la consigna demagógica de que tenían asegurada la estabilidad en el puesto de trabajo y el falso argumento de las muchas semanas de vacaciones, a los profesores españoles se les ha congelado el sueldo varias veces desde hace un cuarto de siglo, se les ha bajado en una reciente ocasión y las subidas, cuando las había, nunca igualaban el aumento en el nivel de vida español. En las épocas de bonanza, hubo un tiempo en el que cualquier profesional, incluidos los que apenas tenían cualificación, ganaban más que los profesores que daban clase a sus hijos.
Quizá alguien podría convencerme de la necesidad de los recortes en educación si me presentara un plan verdadero de reorganización de este sector que lo hiciera mejor. Pero ese plan no existe: simplemente, varias administraciones autonómicas han metido las tijeras de podar en el sector de la educación pública española. Los datos, además, demuestran que el ahorro así obtenido es mínimo.
Pero de lo que ningún político podrá convencerme jamás es de la necesidad de humillar al profesor al que desde hace años se le cambian las normas de juego sin darle la preparación previa, se le reduce su nivel de vida con un sueldo que jamás alcanzará la dignidad que merece su tarea, se le burocratiza su función con tareas administrativas que no deberían corresponderle. Ningún político podrá jamás convencerme de la necesidad de hacer declaraciones públicas vejatorias contra la función docente como las realizadas recientemente, más aun si son intencionadamente falaces y pretenden ponerle en contra de una opinión pública asustada ante las consecuencias de la crisis y que, en las épocas malas, siente una visceral fobia contra cualquier funcionario.
Porque puestos a ser demagógicos, quizá convendría recordar que una cantidad económica mayor de los presupuestos podría ahorrarse suprimiendo de raíz los privilegios de los políticos, sus muchas prebendas, prohibiendo por ley la subida de sus salarios por encima de la de cualquiera de los funcionarios, reclamándoles de sus fortunas personales las cantidades que se pierden tras cada decisión errónea que toman en el ejercicio de su función, con la desaparición de tantos organismos públicos -fundaciones, agencias, institutos- en los que prácticamente no se hace nada más que procurar fotos para las elecciones y cuyas funciones podrían ser asumidas sin más por la administración pública, más desde que, con la crisis, apenas tienen presupuesto para pagar los gastos básicos de funcionamiento y personal.
Quizá alguien podría convencerme de que la educación debe ajustar sus presupuestos a tiempos de crisis como los que tenemos, al igual que otros sectores. En el fondo, estamos en España, país en el que el hambre del maestro de escuela fue tan proverbial que llegó a convertirse en refrán popular.
De la crisis no se saldrá recortando gastos en educación o sanidad. Si hay algún dispendio o alguna irregularidad, contrólense. En un país como España, el presupuesto de las administraciones públicas en estas cuestiones no debería reducirse, sino aumentarse, adaptando su inversión a las necesidades actuales. De la crisis solo saldremos con más educación, nunca con menos. Y, por supuesto, nunca menospreciando a quienes ejercen la docencia a diario por un sueldo inferior al que les corresponde.
