Fundaciones públicas y crisis en España.

Hace más de un año, me preguntaba, en este mismo espacio, qué iba a pasar en tiempos de crisis con la gestión cultural encomendada a las decenas de empresas y fundaciones públicas que han proliferado en España en las últimas dos décadas.

En estas semanas se ha vuelto a poner de actualidad el debate y las cifras superan, con mucho, lo que yo me imaginaba entonces: hay 1.970 empresas públicas controladas por las diferentes administraciones locales y autonómicas y 477 por el Estado nacional. Todas ellas con sus altos cargos correspondientes y un número variable de personal de administración y servicios (que, a diferencia de lo que pasa en la administración pública no han superado ningún tipo de oposición), consejeros, etc. La mayoría de ellas no tienen función cultural, por lo que no corresponde tratarlas aquí.

Como dije entonces, la mayoría de las instituciones de este tipo que conozco chocan en competencias unas con otras, han sido creadas casi siempre por caprichos políticos poco claros y son gestionadas de una manera personalista por quienes han sido puestos en su dirección, que no responden más que ante quien los nombró. De tal forma que existe alguna que ha sido relevada en sus funciones por otras creadas posteriormente por los políticos que han venido después pero sin cerrar la primera. Los resultados generales son ridículos para los presupuestos que se les han dado y los recursos se van mayoritariamente en pagar la nómina del personal y las dietas o, en el caso de repartirse el pastel entre varias instituciones para contentar a todas, la fragmentación impide una política cultural seria y de calado: más ahora con la reducción de los presupuestos por las medidas para contener el déficit público. Conozco, en Castilla y León, alguna fundación cuyo único cometido real parece ser publicar unos pocos (muy pocos) volúmes anuales de una única colección de libros cuyo coste de edición es muy alto y cuya oportunidad es cuestionable. Eso y alguna foto en la prensa local o regional para testimoniar actos hinchados.

Otra de las dudas que cuestionan su existencia y viabilidad es que, a diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón con el concepto de "Fundación", en España las fundaciones e instituciones públicas de este tipo no han servido de verdad para atraer el dinero privado y en la gestión económica y la planificación de los proyectos hay menos claridad que la deseable. Urge un cambio en la Ley que regula estas fundaciones.

Hay algo que agrava el problema: todo esto va en detrimento de las pocas instituciones de este tipo serias y con proyectos de continuidad que hay en toda España, con algunas de las cuales colaboro desde hace años, que ven sus presupuestos y sus actividades coartados por la presencia de otras y sufren el desgaste de hacerse hueco en un panorama copado por demasiados figurantes.

Más de un año después de mi entrada, los políticos comienzan a pensar que deben frenar este derroche: pero sólo por cuestiones económicas y sin una verdadera revisión de las necesidades. Es triste pensarlo. En mi opinión, lo de menos -siendo mucho- ha sido el derroche de dinero en los tiempos buenos. Lo peor ha sido y es la falta de actuación seria, estable y de largo recorrido en la gestión cultural.

Curiosamente, parece ser que lo único que sucede ahora que no hay dinero es que estas fundaciones entran en un estado latente, casi de hibernación: basta con poder pagar las nóminas y la luz del edificio que ocupan y no molestar demasiado para que nadie las señale con el dedo y puedan ser cerradas. Como este mal se extiende en todo el mapa de España independientemente del color político, parece que hay una intención de que no se provoque demasiado ruido y que nadie haga nada que pueda aumentar las pérdidas. En cambio, las instituciones que mantienen proyectos serios son cuestionadas precisamente porque actúan, en contra de lo que debería ser.

Consecuencia: siguen abiertas instituciones que no hacen prácticamente nada más que sostener unos pocos puestos de trabajo ocupados por designación y sin control eficaz de resultados pero que nadie quiere cerrar por si las necesitara en las próximas campañas electorales para salir en costosas fotos de actividades culturales y por si quien está al frente de ellas -que, a fin de cuentas, es alguien con influencias- pudiera enfadarse al quitarle el cargo y provocar un malestar interno dentro del partido -en los que siempre hay luchas de tendencias y familias que se agarran a estas cosas- y externo en los medios de comunicación con toda la información y conocimiento que tiene sobre la deplorable forma de gestionar la cultura española de la que ha sido partícipe. Y corren riesgo de ser cerradas o de sufrir serios recortes en sus presupuestos las que sí son eficaces, precisamente porque hacen cosas.

Muy caro me parece: y con consecuencias desagradables para aquello que deberían alentar.