De alcaldes demagogos en verano. En defensa de la propiedad intelectual.

Antes, los veranos informativos se llenaban de serpientes. Ahora, como ni siquiera hay ingenio para fabricarlas, se han sustituido por el altavoz de tonterías: un político (o política), medio de vacaciones, hace unas declaraciones como si estuviera conversando con sus amigos en la barra del chiringuito playero, las graba con un equipo pagado por su partido y, sin admitir réplica alguna, acusa sin pruebas y sin importar las repercusiones que implican sus declaraciones. Confía en que, a la vuelta de septiembre, la actualidad informativa se llevará las palabras sin que nadie le pida responsabilidad.

A la búsqueda de información con la que llenar tiempo en los informativos, los periodistas a los que les toca el turno de verano se encuentran con que un alcalde se echa al monte y, sin ningún conocimiento legal o cultural, atropella la propiedad intelectual. Ni al periodista se le caen los anillos por dar una información sesgada sin presentar todo el horizonte a sus receptores ni al alcalde o concejal se le piden responsabilidades por no querer cumplir la ley. Actúan con la impunidad que da el verano.

Este verano hemos oído en España las declaraciones de varios alcaldes de pueblos en los que se localiza la acción de algunas de las mejores obras de teatro clásico español (El alcalde de Zalamea, Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo) y que se piensan con más derechos que nadie por la mera razón de que se menciona el nombre de la localidad en la pieza. Se indignaban ante la pretensión de que la SGAE les pidiera el pago económico por los derechos generados con motivo de la representación correspondientes a los últimos años. En pocos informativos se dio la noticia completa: las obras representadas no eran las originales, que ya no tienen derechos de propiedad intelectual y se consideran un bien público, sino adaptaciones más o menos recientes, sometidas, por lo tanto, a la legislación correspondiente.

En España siempre se ha pensado que cualquier producto cultural o artístico no pertenece a nadie y puede tomarse como propio. Según las estadísticas, somos uno de los países del mundo con más descargas ilegales de contenidos contemplados en la legislación sobre propiedad intelectual. Para justificarnos, aludimos, sobre todo, a a lo caro que resultan estos productos. Es fácil desmontar esta excusa dado que cualquiera gasta más en ocio en un fin de semana de lo que supone pagar una copia original del producto pirateado. Somos así, no le demos vueltas: pensamos que lo que en estos campos ha producido otro no es de nadie y podemos apropiárnoslo sin más. Y ni siquiera tenemos mala conciencia. No nos importa la repercusión que puede tener esto en el mercado cultural ni en los propietarios de los derechos. Ni siquiera pensamos cómo nos dolería que entraran a robarnos en nuestras casas, que es lo que hacemos cuando descargamos ilegalemente una canción, un libro o una película. O cuando tomamos un texto que ha trabajado otra persona para nuestro propio beneficio, sea éste el que sea.

No voy a defender a la SGAE. Su Junta Directiva y portavoces más significados no me merecen demasiada buena consideración. Actúan con demasiada frecuencia con prepotencia y chabacanería y suelen cometer errores sobre todo por su falta de tacto, su ansia recaudadora y la pésima campaña de información. Como grupo de presión han fomentado normativas injustas, como el canon que graba cualquier sistema de grabación digital, considerando a toda la sociedad como criminales en potencia.

Pero que no me guste la SGAE no significa que los autores intelectuales no tengan derechos y que juzgue la vulneración de estos derechos tan grave como cualquier hurto. A nadie le gusta que le roben la cartera. Y si yo no voy a trabajar gratis no le puedo pedir a un autor (músico, escritor, etc.) que lo haga.

El clima es favorable para que unos políticos irresponsables hagan declaraciones populistas que cuentan con el aplauso fácil. En vez de ello, deberíamos reclamarles que dejen de cobrar por ser alcaldes o por acudir a los plenos, en justa aplicación de lo que ellos mismos piden de los autores. O que el concejal de cultura se ponga a hacer la adaptación de la obra de teatro clásica ambientada en su pueblo en un par de fines de semana y se la regale a sus electores, si tan fácil es la cosa que no le merece ninguna consideración el trabajo ajeno. Y que el que tenga la concesión de la barra en las fiestas regale las bebidas. Al fin y al cabo, es lo mismo que demandan de quien pretende cobrar lo que es suyo. O que, cuando contraten a alguien para generar un producto intelectual, negocien un contrato en el que el autor renuncie a sus derechos por amor al arte, a la tierra chica o a la humanidad.

Los medios de comunicación deberían tomarse en serio esta cuestión y no tomarla por su lado más demagógico. Y toda la sociedad pensar seriamente las consecuencias de nuestra voracidad de pirata en lo que hace a las obras intelectuales. A no ser que queramos acabar con lo poco de creatividad cultural que nos queda y contentarnos con unos parches grises para tapar las vergüenzas.