Notas sobre la educación no universitaria en España (II)

Toda reforma, en materia educativa, debe traducirse en dinero. Hace unos años, se hizo famosa una Ley orgánica que no se acompañaba de su correspondiente partida presupuestaria: lo que era igual que condenarla a existir sólo en el papel. Puedo equivocarme, pero pienso que una sociedad desarrollada nunca pondrá dificultades al aumento de los presupuestos de educación siempre y cuando se acompañe de responsabilidad y control en su gestión.

Algunas de las cuestiones que se suscitaron en el excelente debate de ayer, sólo pueden resolverse mediante la inversión suficiente. Así es el caso, por poner un ejemplo, de la atención a determinados sectores (hijos de inmigrantes, alumnos con necesidades específicas por diferentes circunstancias, etc.). No es bueno que estos alumnos se formen en clases o colegios diferentes a los de los demás: ni sería legal, ni ético y sería perjudicial para todos porque se separaría lo que en la sociedad no lo está. Ni siquiera es bueno para los alumnos que, en parámetros tradicionales, se ven perjudicados por su presencia en la misma aula. La solución está prevista, desde hace mucho tiempo, en las diferentes leyes que se han sucedido pero que no se ha llevado a cabo adecuadamente por la cicatería de los presupuestos de educación: gran parte del horario en común y otra parte por grupos según necesidades, con número reducido de alumnos y profesionales específicamente capacitados para estas cuestiones y no improvisados sobre la marcha, más un seguimiento continuo (en el ámbito escolar y fuera de él) de estos alumnos a través de los titulados formados para esta cuestión más allá de la mera formalidad actual.

Todo pasa, repito, por aumentar la inversión en educación sin la ingeniería presupuestaria con la que presumen los ministros y consejeros de turno pero que esconde un artificio que, en gran medida, no es real. Por supuesto que se ha mejorado la situación con respecto a hace unas décadas, pero no lo suficiente, como se ha demostrado con el aumento de la población en edad escolar por la inmigración de años atrás.

El político que se dedica a gestionar la educación debe tener previstos estos asuntos. Cuando la economía española comenzó a crecer en torno al ladrillo y todos sabíamos que significaría la entrada en España de decenas de miles de trabajadores inmigrantes con hijos en edad escolar, se tardó años en reaccionar para dotar al sistema educativo de las soluciones adecuadas. Y no se hizo el esfuerzo suficiente, creando problemas en las aulas de las que salieron beneficiados los colegios concertados y otros privados sin concertar, que adquirieron un carácter elitista no tanto por el nivel educativo alcanzado como por el control ejercido sobre los alumnos y su uniformidad sociológica.

Esto mismo sucedió con el crecimiento de barrios enteros, urbanizaciones del tamaño de pequeñas ciudades o el aumento de población de determinadas localidades que se convertían en ciudades dormitorios de la capital cercana. Primero se construyeron los bloques de viviendas, luego los accesos y una gran superficie comercial y, años después de que se creara el problema, las unidades escolares.

La nueva realidad laboral española, desde hace años, exige un cambio en los horarios que implica la mejora de los comedores escolares y las actividades que se desarrollan en los centros educativos que no son las tradicionales. Aunque se ha hecho mucho, todavía no lo suficiente y siempre muy por detrás del momento en el que comienza a detectarse el problema.

El mismo gestor político que no invertía los recursos suficientes en la educación o no había previsto con la diligencia correspondiente el problema, exige luego un esfuerzo adicional al profesional de la educación para responder a los problemas detectados, ante los que no tenía formación adecuada.

Por otra parte, en España el problema se ha agravado con la transferencia en materia educativa a las Comunidades Autónomas. No sé si esto es entendible fuera de nuestro país. En España, según la región en la que se estudie varía una parte del currículum escolar. A pesar de que se critique esto -porque los argumentos en este aspecto son fáciles de construir-, no es necesariamente malo, porque se ajusta a la realidad histórica de nuestro momento y al tipo de país que nos hemos dado desde la Transición a la democracia. No podemos responsabilizar al sistema educativo de algo que está en la Constitución. Peor es que, según la Comunidad en la que se estudie, el sistema educativo tendrá mayor o menor apoyo por parte de los gobernantes regionales. De esto tenemos la culpa los ciudadanos, que no reflexionamos sobre todo el programa electoral de un partido a la hora de votar y nos dejamos guiar, con facilidad, por las proclamas publicitarias.

Hasta que la inversión económica en educación no se corresponda con nuestras exigencias, no habrá verdadera solución a los problemas detectados. Por supuesto, junto a estas partidas presupuestarias debe darse el control riguroso del gasto, la exigencia de rendimientos, la obligatoriedad de dar cuenta de los resultados, el poder sancionador y disciplinario, etc.

De la política educativa en las últimas décadas, hablaremos la próxima semana.