martes, 3 de febrero de 2015

La Universidad española ante el decreto Wert que regula la duración de las enseñanzas superiores.


La reforma de la duración de los títulos universitarios españoles planteada por el ministro Wert y publicada hoy en el BOE ha suscitado una reacción contraria de amplio espectro pero en la que caben ver matices más allá de los titulares en la prensa. De hecho, ni los acuerdos tomados en el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas son tan contundentes en su contra como algunos medios de comunicación nos hacen creer. Lo aprobado por la CRUE suena más a un acuerdo de mínimos que a una oposición tajante. Bastaría con que una sola Universidad -pública o privada- rompiera ese pacto e iniciara la reforma de sus grados en el sentido del Real Decreto y que su Comunidad Autónoma lo aprobara para que el acuerdo de la CRUE quedara en papel mojado. Lean bien el comunicado de los rectores: solo piden una moratoria de la normativa, no su eliminación, y solicitan de las Universidades y Comunidades Autónomas que no se inicie la tramitación de títulos acogiéndose al texto de lo que hoy publica el Boletín. La CRUE es consciente de que no se puede impedir que alguien rompa con todo por intereses propios. Si la Comunidad de esa Universidad da el visto bueno -casi todo el panorama español está controlado por el PP y Cataluña y sus Universidades se habían posicionado previamente a favor-, nada podrá evitar que se rompa este frágil frente común creado. Y les puedo asegurar que hay Universidades privadas que están dispuestas, incluso alguna que puede constituirse en los próximos meses al amparo de las nuevas medidas que se tomarán en las semanas que vienen.

Comenzaré sorprendiendo al lector habitual de este espacio, que conoce mi oposición a las directrices ideológicas del ministro Wert y  mi gran preocupación manifestada durante mucho tiempo sobre la situación de la Universidad pública española, que está a la deriva. El modelo más adecuado para los estudios universitarios que no conducen a la habilitación para una profesión es el aprobado ahora por Wert. Antes de que se enojen conmigo los lectores antiguos de este espacio, les pido que lean hasta el final. Las antiguas carreras universitarias españolas duraban cinco años y solían dividirse en este famoso 3-2 (o en su versión previa de 2-3) del que se habla ahora (estudios comunes y específicos) o entre diplomaturas y licenciaturas y estas entre primer y segundo ciclo. En aquellos tiempos nadie hablaba de los estudios de máster como una realidad en la enseñanza reglada, a diferencia de lo que ocurre hoy. Por lo tanto, el modelo aprobado ahora por Wert no solo es el modelo más generalizado en nuestro contexto internacional sino que tiene raíces propias. Se basa en los años de formación generalista y básica y los de especialización. Como lo que se estudiaba hasta la última reforma.

El modelo flexible por el que ha optado Wert según el cual cada Universidad podrá optar por grados de tres o de cuatro años, tan criticado estos días, no es más que el final de un camino, no su inicio. Es la aplicación rigurosa de la utopía llamada autonomía universitaria que tanto daño ha hecho a la Universidad pública española en las últimas décadas tal y como ha sido puesta en práctica (hay alguna excepción, pero pocas) y que nos ha traído endogamia, plantillas irracionales, campus faraónicos que consumen buena parte de los presupuestos, falta de acuerdo entre Universidades cuando no una soterrada guerra entre ellas, algunos títulos y planes de estudio absurdos, etc. Es una utopía porque no es real: las Universidades públicas españolas no son en verdad autónomas porque han sido incapaces de generar recursos propios que las hagan sostenibles y la gestión económica desde hace décadas las lleva a estar en manos de las Comunidades autónomas. Es decir, de los intereses concretos de los partidos que las gobiernan o de la comprensión del consejero correspondiente. Y si no eres independiente en el dinero tu autonomía no es más que un gesto que se puede volver en tu contra cuando un hábil ministro como Wert saca de ello una consecuencia como esta: igual que las Universidades han sido autónomas para diseñar sus títulos lo serán ahora para decidir si estos deben tener 3 o 4 años.

Y aquí viene mi crítica a parte de los que se plantan ante Wert: el inicio de este camino fue decidido por un gobierno del PSOE y firmemente defendido por las Universidades en los últimos treinta años, sin acometer los fundamentos de la autonomía universitaria. Otra parte, por supuesto, se debe a la falta de inversión actual en la Universidad, a la asfixia económica a la que se la está sometiendo intencionadamente por el Gobierno. Y una tercera parte es culpa de la sociedad, que ya no piensa que la Universidad sea más que una mera expendeduría de títulos. Parte de esa sociedad es la empresa española que, salvo excepciones loables, no cuenta con la Universidad pública para sus programas de formación e investigación. Claro, que haría falta de una vez por todas, una auténtica Ley de Mecenazgo, que parece dormir el sueño de los justos.

El problema no es lo que dice el Real Decreto que se publica hoy, sino el contexto social, económico e ideológico en el que se implanta. Wert es partidario de una corriente de pensamiento que busca desmantelar lo público como forma de cohesión social integradora. Y, como tal, actúa. Pero no olvidemos que el Gobierno actual tiene mayoría parlamentaria. Cuando se deposita el voto en la urna también se vota esto, no solo lo que sale en los primeros minutos de un informativo de televisión.

En ese contexto y sin medidas correctoras, el Real Decreto es una pieza más de un puzle demoledor para la Universidad pública española entendida como institución que cohesiona la igualdad de oportunidades para los estudiantes que quieren acceder a unos estudios superiores de calidad en toda España. El encarecimiento de las tasas, la falta de una verdadera política de becas para el estudiante universitario que tenga una finalidad social, la intención de favorecer a las Universidades privadas que en España no tienen amplios programas solidarios a través de becas para alumnos que no pueden pagar los estudios, la asfixia económica de las Universidades públicas, la desintegración de una idea común de los estudios universitarios como la había hasta hace poco, el contexto de crisis económica y empleos precarios, nos dibujan un panorama en el que se excluirá de la enseñanza universitaria a buena parte de la sociedad española de inicio. Un panorama en el que las Universidades públicas irán perdiendo posiciones y prestigio y, por lo tanto, atractivo para el estudiante y el empleador. Y un campo abierto para aquellos que han visto en las enseñanzas universitarias un campo para el negocio privado. No olvidemos que faltan, por lo menos, dos Reales Decretos más que culminarán esta tarea iniciada por el ministro Wert. Pero, recordemos, en este camino no ha estado solo ni lo ha iniciado él.

7 comentarios:

DORCA´S LIBRARY dijo...

Tal y como lo están dejando, quien tenga dinero podrá ir a la universidad, aunque no tenga aptitudes. Y además tampoco tendrá competencia a la hora de encontrar un buen puesto de trabajo. Se lo repartirán entre los de siempre a golpe de talonario.
¿Para retroceder siglos en la historia hacía falta dar tantas vueltas?

Abejita de la Vega dijo...

Desmantelar lo público hasta que no quede ni el recuerdo.

São dijo...

Pobre Ibéria, querido amigo, que tão mal entregue está !!

Beso

mojadopapel dijo...

Has hecho una exposición cruda y real sobre el estado de la Universidad pero al mismo tiempo denuncia totalmente necesaria para concienciar a los que ya no estamos en el entorno...gracias Pedro por tu valentía y esfuerzo.

dafd dijo...

Está bien explicado. Siempre hay un contexto que va haciendo que todo fluya lógicamente.

José Luis Ríos Gabás dijo...

Lo volveré a leer y a informarme más. Gracias de todos modos, claro está.

Un abrazo

Paco Cuesta dijo...

Es tal la confusión creada durante años que "la ciudadanía" (palabreja que sin poder presentar razón odio) no sabe donde está la razón.