La justicia, en una democracia, ampara incluso a los que no creen en ella. Sobre el caso del juez Garzón.

Una de las muchas diferencias entre entre una democracia y una dictadura consiste en que la justicia, en la primera, ampara incluso a los que no creen en ella. Una dictadura, sea cual sea su signo político, nunca tiene piedad con los opositores: los declara fuera de la ley.

Con cierta frecuencia, en los tribunales españoles, los abogados que defienden a terroristas, consiguen sentencias que dejan libres a sus defendidos a partir de irregularidades en el procedimiento, aunque hayan confesado su condición. Incluso terroristas con sentencias firmes se benefician de errores en el procedimiento de aplicación de las condenas o de fallos administrativos y quedan en libertad. Lo único que se puede hacer, en estos casos, es pedir responsabilidades a quien cometió la irregularidad. Estas cosas nunca suceden en un régimen dictatorial.

Como no soy jurista, no puedo saber si el juez Baltasar Garzón es culpable de lo que se le acusa en estos últimos meses: la ley tiene infinitos recovecos y algunos de ellos tienden a amparar el formalismo de los procedimientos por encima de lo que el sentido común dictamina, lo que suele provocar sentencias que pocos comprenden, más que los juristas. Sí que me sorprende que tantos opinen sobre este asunto sin conocimientos legales pero con una firmeza digna de grandes expertos en la materia. Como siempre, hay quien habla de oídas y quien antepone su posición política antes que la ley y sus garantías judiciales: desean que la ley se tuerza según su ideología. El tiempo y la justicia dictaminarán lo que sea oportuno. Después, será la historia la que juzgue a unos y otros: no siempre la opinión histórica coincide con el dictamen de la justicia en un momento dado. Lo que más ruido provoca, en este caso, es el circo mediático que se ha ocasionado: algunos pidiendo la condena casi sin juicio previo y otros considerando a Garzón una víctima antes de conocer si hubo errores de procedimiento. Detesto la persecución tanto como el victimismo.

He de reconocer que casi siempre me han gustado los objetivos sostenidos por las actuaciones del juez Garzón, desde que saltó a la fama. Me gustó cuando procesó al dictador chileno Pinochet, cuando inició el procedimiento contra los responsables de asesinatos y desapariciones en la dictadura argentina y también coincidí con él en la revitalización de las cuestiones referidas a la Memoria histórica en España y la reparación de las víctimas del franquismo. Pero también soy consciente de las críticas que siempre le han perseguido sobre la debilidad de alguna de sus instrucciones -en especial, según parece, por el exceso de trabajo y el volumen de los casos más populares que instruye-, de la exageración de otros y del excesivo afán de protagonismo. Éste último, sin embargo, aunque no lo buscara, le va en el cargo, así que le disculpo. Lo otro son males demasiado presentes en la justicia española causados por diferentes razones bien conocidas (no siempre achacables a los jueces) y que sería injusto ver sólo en el juez Garzón, como quieren resaltar sus críticos.

Como siempre, una personalidad de este tipo genera enemistades y envidias. Me llama mucho la atención la suma de gente que se ha unido en el ataque al juez Garzón y su forma de actuar en este asunto. Garzón tiene en contra a los que buscan el celo de las garantías de los procedimientos por encima de la intención; a los que lo envidian y odian desde dentro y desde fuera de la judicatura por su forma de pensar y su carrera profesional; a los que le criticaron por su proximidad al socialismo en la época de Felipe González; a los muchos acusados en sus casos más famosos y que cuentan con influencias tanto en medios de comunicación como en sectores políticos y económicos.

Una parte no menor de las causas abiertas contra el juez Garzón y que pueden ocasionarle una condena por prevaricación, nace de la posición de quienes defienden la memoria de la dictadura franquista y que se removieron indignados contra la posibilidad de que tuviera éxito el procedimiento abierto por el juez para investigar el caso de los decenas de miles de represaliados por el régimen de Franco, muchos todavía enterrados en las cunetas y los montes del país de forma ignominiosa y con el silencio cómplice de demasiadas administraciones y poderes fácticos, puesto que ya está suficientemente demostrada la injusticia de esta situación que ninguna ley puede mantener. Estos defensores de la ideología y la memoria franquista ven amparadas sus reivindicaciones contra las actuaciones del juez Garzón en la legislación democrática vigente y su sistema judicial: pueden acogerse, como los terroristas, a unas leyes y garantías jurídicas que no dudarían en anular si gobernaran y, desde luego, en no reconocer para sus oponentes. A partir de ahí, entran en juego los abogados, los jueces instructores y la fiscalía.

El problema de Garzón, fuera del aspecto jurídico, es que intentó hacer lo que la clase política no hizo en su día por el bien de la necesaria transición pacífica a la democracia -recordemos la situación del país en aquellos días y la opción, de la mayoría de los sectores políticos del momento, por un pacto que solucionara la transición desde dentro y sin más corte que la elaboración y aprobación del texto constitucional- y no hace ahora por comodidad o cálculo electoral. En este sentido, los culpables de la situación son nuestros políticos, por su pasividad y dejación en la acción legislativa: sobre ellos recae la voz de las víctimas y sus descendientes, que no buscan más que reparación de la injusticia cometida por los culpables de las represalias y la parodia de tribunales en el franquismo y enterrar a los suyos, puesto que otras soluciones son imposibles y no queridas por nadie. Es curioso que en España haya sido más fácil la devolución del patrimonio material incautado a los sindicatos de clase tras la Guerra Civil que la revocación de unas sentencias dictadas por tribunales contrarios a todo sentido de la justicia (eso en los casos en los que las víctimas fueron juzgadas en los tribunales de orden público sin ningún tipo de garantías, puesto que muchos fueron asesinados sin estas grotescas parodias de juicios).

Si el juez Garzón cometió errores en el procedimiento, debe ser sancionado en aplicación de la normativa vigente como cualquier otro ciudadano y para ello están los tribunales: si es culpable, la condena debe ser proporcional a los daños causados, nunca por encima de ellos. Aunque esté de acuerdo con los fines de los procedimientos que instruye, no puedo dejar de pensar que es el respeto a las garantías judiciales y el procedimiento que marcan las leyes lo que nos distingue de una dictadura. Sería sorprendente, sin embargo, que sólo se mostrara tanto celo en el caso de Garzón y no en el de otros muchos de sentencias e instrucciones deficientes que saltan reiteradamente a la luz pública: haría pensar que sólo hay intención política o rivalidad profesional en este asunto.

Pero no deberíamos permitir que el juez Garzón sea víctima de la persecución y las calumnias de aquellos que no creen en las virtudes de la democracia y que no dudarían en acabar con ella si pudieran mientras mantienen en silencio las tumbas de tantos; ni de aquellos que sólo consideran los delitos del contrincante político y nunca los propios y piensan que la justicia sólo lo es cuando actúa contra el contrario y han visto ahora la oportunidad de eliminar del panorama a un juez que les resulta especialmente molesto. En este aspecto, el juez Garzón tiene todo mi apoyo.