Deriva peligrosa de las universidades españolas

Desde hace tiempo, el sistema universitario público español está a la deriva. Las últimas declaraciones a la cadena SER del nuevo presidente de los rectores españoles, Manuel José López Pérez, ponen solo la alarma en la precariedad económica, pero el problema es mucho más extenso. Según Manuel López, una de cada cinco universidades tienen graves problemas de liquidez para pagar las nóminas o las facturas de sus proveedores. Al crecimiento desorganizado de las plantillas durante un par de décadas, a la pésima regulación del mapa de titulaciones, a las eternas guerras internas que se producen en estas instituciones, han venido a sumarse la reducción en la inversión explicada por la crisis económica, los recortes en materia de investigación, la huida del escaso dinero privado que se había inyectado en la Universidad española a diferencia de lo que ocurre en otros países con los que nos quieren comparar y las medidas contempladas en el famoso decreto Wert de 2012. Todo ello en un momento crucial, el de la aplicación de todos los cambios que suponen el Espacio Europeo de Educación Superior, que debería haber modificado radicalmente el panorama de los campus españoles pero que se ha quedado, como muchas otras cosas, en un quiero y no puedo. A todo ello se suman consecuencias directas de las decisiones tomadas en tiempos de crisis: falta de renovación del profesorado universitario, reducción de becas, dificultades de los alumnos para pagar las matrículas cuyos costes se han disparado hasta hacer del sistema universitario público español uno de los más caros de Europa, escasas posibilidades de empleo cualificado y razonablemente remunerado en España para los titulados universitarios, etc.

El sistema universitario español optó por una peculiar forma de aplicación del proceso de reforma de las universidades europeas que suponían los acuerdos de Bolonia hasta dejarlo en una especie de terreno de nadie -no era ni lo anterior ni se decidía a ser lo nuevo con la intensidad requerida-, con lo que ni se han corregido los defectos tradicionales de las Universidades públicas españolas ni se han abrazado todas las posiblidades del nuevo sistema, dejando en evidencia más las grietas que los puntos fuertes.

Las Universidades públicas españolas han hecho la guerra por su cuenta en lo esencial en una lucha individual que debilita el sistema de enseñanza superior en su conjunto. Los políticos que rigen la educación universitaria en las Comunidades Autónomas han optado por actuaciones cortoplacistas que quieren evitarse dolores de cabeza y problemas electorales, siempre a la espera de que sea el ministro Wert el que actúe de malo (cosa que a él, como ha declarado, no le importa) y les solucione el problema que tienen encima de la mesa. El ministro tiene bajo amenaza de reforma a las universidades españolas desde hace dos años sin concretar nada y, mientras tanto, se ha dedicado a minar su prestigio en sus declaraciones públicas.

Ante esta inacción y limitadas como están por el decreto Wert y los recortes presupuestarios, nuestras universidades actúan con parches: reformas de grados que consisten en fusiones o pegotes para abaratar costes pero que no abordan los verdaderos problemas a medio o largo plazo ni tienen más finalidad que contar con fuerza negociadora en la mesa de rectores o contentar a las plantillas; soluciones de estudios on line en los que cada uno saldrá con un barquito de pesca en un mundo en el que predominan los grandes balleneros, en vez de buscar el fortalecimiento de una oferta interuniversitaria eficaz y visible de verdad en la red puesto que a cada uno le importa tan solo salvar lo suyo sin darse cuenta de la feroz competencia que hay en ese terreno; contratación de profesorado temporal por cientos sin expectativa de estabilización de la plaza ni verdadera consolidación de la calidad de enseñanza, etc. Hay algunos casos excepcionales, debidos casi siempre a iniciativas individuales, de proyectos interuniversitarios de gran interés, que serán los que marquen las diferencias en el futuro y los que mejor resistan el temporal que se nos echa encima y que terminará desarbolando a muchos. Pero estos casos son excepcionales, no la regla en un lugar como la Universidad española, que siempre ha sido demasiado local y de pasillo.

Lo que parecen no haber entendido de verdad los que rigen el destino de nuestras Universidades públicas es que el mundo en el que vivimos exige concentración de los tradicionales núcleos universitarios en proyectos amplios en los que se recoja lo mejor y se optimicen las plantillas y los esfuerzos y se fortalezca el mismo sistema para protegerlo contra los embates de la oleada neoliberal y la globalización. No sirve de nada atomizar cargos y esfuerzos y buscar, con plantillas en proceso rápido de envejecimiento y mal ajustadas a las necesidades, sin movilidad ninguna y cada vez más con contratos parciales, una enseñanza de calidad, a la caza de alumno a alumno hasta lograr el número mínimo que permita la pervivencia agónica de un grado concreto sea este el que sea. Esto no quiere decir que no se busque el contacto con el entorno físico en el que se establece un campus universitario, pero esto es ya insuficiente para la permanencia de un centro universitario en un mundo en el que las grandes universidades mundiales comienzan a ofrecer titulaciones atractivas a través de Internet, con todas las garantías y a precios razonables. Y un mundo en el que la tendencia de las decisiones políticas y de las dinámicas sociales, empresariales y financieras favorecerán cada vez más a las universidades privadas.

O nos lo tomamos en serio entre todos o el sistema público universitario español puede entrar en coma en los próximos años.