El ciudadano frente a la mayoría absoluta

En España se plantea un falso debate sobre la conveniencia de que un gobernante con mayoría absoluta obtenida en las últimas elecciones deba ceder a la presión que en la calle ejercen los ciudadanos. Hasta hace relativamente poco esto era impensable. A más de un alcalde se le ha oído argumentar que él tenía más votos que los organizadores de las manifestaciones o las asociaciones de vecinos que se le enfrentaban. O a más de un ministro o líder político se le ha escuchado hablar de la mayoría silenciosa -los ciudadanos que no salen a protestar a la calle- frente a la ruidosa minoría que protesta. Evidentemente, para ellos, la mayoría silenciosa está siempre de su parte por el simple hecho de que no salen a las plazas. En las semanas pasadas, en España, lo hemos vivido con los hechos de Gamonal, aquí comentados, que consiguieron la paralización de las obras del bulevar y se mantiene con la tensión provocada por el aumento del sentimiento independentista catalán, que reclama el derecho a decidir sobre la salida de Cataluña de España.

Sucede también que cada vez son más los casos en los que iniciativas ciudadanas -de individuos concretos a través de denuncias particulares o de plataformas y organizaciones cívicas con denuncias colectivas- consiguen, en los tribunales de justicia, enmendar la plana a estos gobernantes con mayoría absoluta y frenar determinadas acciones suyas. Hay ayuntamientos y otras instituciones de España que pierden todos los pleitos de interés planteados contra ellos por estas iniciativas ciudadanas que frenan aparcamientos, modificaciones urbanísticas, uso de suelo no urbanizable para proyectos faraónicos e innecesarios, etc. El último caso ha sido la forzada renuncia del gobierno autonómico madrileño a su proyecto de privatización de la sanidad pública. La reacción de los que defienden, sin más, la mayoría absoluta, es confusa argumentalmente porque vienen a negar un principio democrático básico, el de la separación de poderes, como si por el mero hecho de gobernar uno pudiera saltarse las leyes o la jurisprudencia.

El obtener mayoría absoluta para gobernar una institución no da derecho de pernada ni carta blanca hasta la siguiente cita electoral. En primer lugar, deben respetarse las leyes y la jurisprudencia. En segundo lugar, el político debe tener en cuenta siempre la sensibilidad social de los sectores afectados. Gobernar no es imponer la fuerza de los votos obtenidos sino ser capaz, a partir de ellos y el programa por el que se resultó elegido, de establecer los acuerdos necesarios entre todos los implicados. Entre los ciudadanos que participaron en los hechos de Gamonal o en las movilizaciones de la marea blanca madrileña en defensa de la sanida pública había votantes de los políticos contra los que se manifestaban.

Si en democracia siempre ha sido así, en los momentos actuales en los que hay una mayor sensibilidad social y los ciudadanos tienen más posibilidades que nunca para informarse y agruparse, más. Un ciudadano, uno solo, es tan importante como una mayoría absoluta y le asiste la misma razón que a esta, es decir, la legalidad y la trascendencia de su condición de ciudadano. Todos podemos entender que hay un cierto nivel de interés general, que hay medidas que deben tomarse por el bien de la colectividad, pero estas medidas deberán tomarse siempre a partir de la legalidad, la trasparencia absoluta -algo que no se da en España- y la explicación exahustiva de las medidas tomadas. Incluso aunque quien esté enfrente del político que gobierna con mayoría absoluta sea un único ciudadano. Más aún si este ciudadano consigue asociarse y plantear sus reivindicaciones a través de los cauces legales -desde las alegaciones administrativas a la manifestación en la vía pública-.

Es una de las lecciones de democracia que parecen ignorar los políticos a la antigua a los que les está desbordando la situación actual. Uno de los problemas que tienen es que el llamado síndrome de la Moncloa -es decir, la pérdida de la realidad que sufren los políticos en el ejercicio del poder- se ha generalizado incluso en los ayuntamientos más pequeños de este país y lo sufre cualquier consejero autonómico o un concejal de urbanismo de una ciudad pequeña. Esta pérdida de la realidad les ha sumido en un marasmo burocrático, partidista y electoralista y no les deja ver la evolución de la sociedad hacia una mayor conciencia ciudadana.