Los grupos de presión en el sistema democrático actual

Los lobbies -grupos de presión organizados para influir en la toma de decisiones de los políticos- son aceptados en las democracias modernas como parte del sistema. Desde el inicio mismo de las democracias parlamentarias, se constituyeron estos grupos cuya finalidad es que la toma de decisiones de la administración pública y las medidas legisladoras votadas en los Parlamentos favorezcan sus intereses. Estos, casi siempre son producto de la actividad económica de grandes sectores empresariales o financieros pero también pueden responder a parámetros ideológicos o de confesiones religiosas. En las democracias anglosajonas estos grupos no solo son legales sino que se presentan públicamente como tales. En las democracias latinas, aunque son también legales, su actividad ha sido menos pública y reconocida tanto por los mismos promotores como por los políticos. En ambos casos, su existencia es inevitable: toda actividad política genera unos intereses de grupo, sean los que sean: filantrópicos o interesadamente económicos; sectoriales o generales; de grandes empresas industriales o de equipos de fútbol; de empresarios de la comunicación o del sector ganadero. Una de las pruebas de la consistencia y modernidad de una democracia es, precisamente, la publicidad de la actividad de estos grupos de presión, que sus reuniones con los políticos sean conocidas y reconocidas y que se haya favorecido, incluso con ayudas públicas, la existencia de grupos de presión de intereses ciudadanos que no representen actividad económica alguna y que busquen su campo de acción en la ecología, la defensa del sector público o de los grandes asuntos integrados en el conocido como estado del bienestar. Esta es una de las carencias de la democracia actual. No es fácil que los grupos de ciudadanos con intereses no económicos puedan organizarse en una estructura de lobby. Se necesita tiempo y dinero para divulgar su actividad en la opinión pública y organizar reuniones con los políticos, además de articular toda una asesoría legal que esté en la base de sus propuestas. Esta función la cumplían los grandes sindicatos de clase, pero el descrédito en el que han caído por su propia burocratización interna, algunos errores cometidos al convertirse en grandes organizaciones sin controles internos y una interesada campaña de desprestigio organizada desde los sectores más conservadores que ha tenido indudable éxito, les ha restado fuerza, aunque todavía sean escuchados por los políticos -entre otras cosas porque es una condición exigida por la ley y la jurisprudencia al legislador- y tendrían mucho que decir si fueran capaces de salir de las inercias que les han conducido a la situación actual y adoptaran unas dinámicas apropiadas para los nuevos tiempos que se nos avecinan.

La mayoría de los políticos se sienten cómodos reuniéndose con los lobbies organizados de forma tradicional: banqueros, empresarios, sindicatos, representantes de la industria farmacéutica, etc. Pero son pocos los que se sienten igual ante los grupos de presión ciudadana, a los que rápidamente cuestionan su representatividad. Es frecuente que se les desprecie o incluso se les descalifique. Nuestros políticos deberían comenzar a tomar conciencia de que los ciudadanos, en estos inicios del siglo XXI, demandan cada vez más una mayor presencia en la toma de las decisiones y que han comenzado a articularse en grupos de presión (grupos de afectados por las hipotecas, por la venta de las preferentes, jubilados en acción, etc.) y no solo en las plazas públicas y que este fenómeno irá en aumento gracias a que la extensión de las nuevas herramientas de comunicación e información facilitan el contacto entre personas que, hasta ahora, estaban aisladas y no tenían más opción que la militancia en un partido político o en un sindicato. Estas nuevas formas de comunicación reúnen a los que antiguamente se podían adscribir a la figura de los intelectuales con profesionales cualificados, expertos en varios campos y ciudadanos anónimos.

Seguir despreciándolos como lo hacen es un error que pone a las democracias occidentales en una situación de ruptura de las normas de juego puesto que lo que se permite a los grandes intereses financieros o industriales no puede negarse a los ciudadanos. A costa, claro está, de echarles a las calles porque sus políticos no les hacen caso más que cuando se abren los períodos electorales.